Medidas para regenerar la Democracia


Algunas de las medidas para regenerar nuestra Democracia que podemos ver estos días en la prensa tienen un fondo de razón pero, entre las que están faltas de argumento y las que adolecen de una profundidad necesaria en su razonamiento, no sirven sino para ser utilizadas políticamente en beneficio de los que menos creen en ellas. Y es que de su inexistencia se benefician todos los días nuestros políticos para seguir gobernando en una forma autocrática que nos lleva a todos a un abismo de falta de libertades, de crisis económica y de corrupción política.

Además, debido a esta situación de falta de profundidad intelectual, estas medidas están intentando ser manipuladas por una izquierda radical que no cree en el sistema democrático.

Para evitar que la población entre en una espiral de agitación para llevar a cabo reformas sin sentido económico que pudieran acabar perjudicando su libertad y su bienestar más que mejorarlo o recuperarlo, voy a intentar poner aquí las medidas que, desde mi punto de vista, pueden servir para conseguir de una vez una Democracia en la que todos podamos vivir con un grado de libertad y bienestar mayor y con la confianza en la plena viabilidad económica del sistema:

  1. Obligar por ley a todos los partidos políticos a ser respetuosos con las reglas del juego democrático exigiendo la desaparición de sus programas de cualquier referencia a la búsqueda de vías para la sustitución de nuestro sistema democrático por otro sistema cualquiera. Hay que reforzar las penas que la legislación impone para aquellos partidos -y sus dirigentes e instigadores- que no cumplan con esta exigencia de juego limpio. Entre ellas estarán la disolución de estas organizaciones políticas y penas económicas suficientemente altas para desincentivar este tipo de intentos.

    Con esta medida se pretende eliminar la posibilidad de que surjan partidos radicales en un sistema democrático de representación directa.
  2. Impedir por ley que ningún partido entre cuyos objetivos manifiestos -escritos o no escritos pero expresados por medios explícitos- esté la ruptura de la unidad de España pueda presentarse a las elecciones y/o mantener representación alguna en las instituciones democráticas.

    Con esta medida se pretende limitar de una vez por todas la posible radicalización de los partidos existentes o la aparición en escena de partidos aún más radicales que puedan obtener poder para desestabilizar el sistema ejerciendo de bisagra en los parlamentos regionales o en el nacional. Para ello bastaría con reforzar la ley de partidos vigente y hacerla cumplir con el apoyo de penas económicas de gran cuantía.
  3. Descolonizar políticamente todas las instituciones y organismos del Estado que han de ser independientes en su funcionamiento para que la Democracia sea un sistema que se autocontrole y no derive hacia un sistema totalitario.

    Desde que el que fuera vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra pronunció aquella famosa frase en la que aseguraba que ‘Montesquieu ha muerto’, el Partido Socialista, con una miopía harto significativa -o mala fe- sobre los mecanismos que permiten a una Democracia funcionar sin caer en una espiral de degradación de las instituciones que la sostienen, y en connivencia con todas las fuerzas de la izquierda más o menos radical y la dejación por parte de todas las demás fuerzas políticas, incluyendo aquellos socialistas que creen en la Democracia, lanzó una campaña de colonización política de todas las instituciones del Estado.

    Durante los primeros años de nuestra Democracia en los que el PSOE tuvo el poder se crearon o modificaron muchos estatutos de autonomía y/o se reglamentó el funcionamiento interno de muchas instituciones. En todos los casos se propició la elección directa por parte del ejecutivo -sin control parlamentario previo- de muchos de los cargos con poder ejecutivo dentro de dichas organizaciones y se manipularon las reglamentos para facilitar el ejercicio político del poder en estas instituciones.

    Para regenerar nuestra democracia y volver a tener un sistema de equilibrio entre poderes será necesario modificar de nuevo sus reglamentos o sus estatutos de autonomía para garantizar la independencia de los miembros de sus respectivos consejos directivos. Entre estas instituciones a descolonizar políticamente están:

    1. El poder Judicial. El poder Judicial necesita su independencia porque en caso contrario no será capaz de firmar ninguna sentencia contra los otros dos poderes del estado cuando sea necesario porque sus gestores se extralimiten en sus funciones o caígan en la corrupción.
    2. El Banco de España. El Banco de España debe ser independiente para no ceder a los deseos de aquellos Gobiernos que quieran monetizar su deuda. Es decir, tiene que poder negarse a emitir nueva moneda para comprar deuda del Estado cuando este utilice todo su poder de presión para intentar conseguirlo. Lo contrario es claramente inflacionario. Además el Banco de España nombra el consejero español en el Banco Central Europeo. Hoy este banco es un mercadillo político y no una institución independiente como debería ser para velar por el buen funcionamiento del mercado monetario.
    3. El INE -Instituto Nacional de Estadística-. Todos los economistas que así nos consideramos sufrimos la falta de solvencia a la que la manipulación política de las estadísticas que esta institución produce la ha llevado. Ni el IPC es creíble -lleva ya bastantes años sin ser creíble y ello ha afectado sobremanera a la capacidad de compra de aquellas rentas que crecen en función de esta variable- ni están atentos a las modificaciones que habría que realizar en la base de cálculo para incluir el precio de la vivienda para uso propio -problema que ha propiciado el que el Banco Central Europeo haya estado inyectando en el mercado cantidades de dinero nuevo muy superiores a las que debería viendo que la inflación no aumentaba-.
    4. El CIS -Centro de Investigaciones Sociológicas-. La manipulación de los estudios publicados por esta institución ya es histórica y estos por tanto carecen de toda credibilidad. No en vano depende orgánicamente del Ministerio de Presidencia. Los estudios sociológicos serían de mucha utilidad para una ciencia “social” como la economía si estos fueran creíbles.
    5. La CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores-. El control de los mercados de valores lleva casi desde el principio de nuestra Democracia en manos de personajes nombrados por los respectivos Gobiernos de turno. Bajo su mandato se han vivido grandes escándalos. ¿Con qué fuerza puede esta Comisión afrontar su tarea supervisora de una institución financiera que realiza generosos donativos al partido que ha nombrado al presidente de esta Comisión?
    6. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es supuestamente el encargado de luchar contra la corrupción de todas las Administraciones Públicas. Todos los que tenemos algunos años y hemos conocido a alguno de sus miembros sabemos la gran cantidad de casos que nunca salen ni saldrán a la luz pública. Yo personalmente conozco el de un concejal del ayuntamiento de Madrid que siguió varios años en su cargo después de enterarme de su implicación en delitos de corrupción para luego desaparecer misteriosamente sin dejar huella. Cada miembro oculta -o al menos lo intenta- lo que afecta a los partidos que le han nombrado para el puesto. Luego está la lentitud con que algunos procesos se llevan a cabo. Lentitud harto sospechosa cuando se trata de temas de corrupción política.
    7. La Policía y la Guardia Civil. Una de las ocupaciones políticas que más alteran la pacífica convivencia de los ciudadanos es la de los servicios de seguridad. Nada hay que más altere que ver como la policía deja ocupar la vía pública a individuos que no lo han solicitado, que no tienen los permisos correspondientes, y que causan todo tipo de molestias a los ciudadanos que honradamente intentan sacar adelante sus negocios, sólo por el simple hecho de que ello favorece la opción política que el gobierno de turno defiende. Y qué no decir de la oscuridad que rodea toda la intervención policial en el 11-M.
  4. Sustituir las listas cerradas y la ley D’hont por el sufragio directo y la representación proporcional a los votos obtenidos.

    Se quiere modificar nuestra ley electoral para conseguir una democracia verdaderamente representativa y eliminar el actual sistema de partidos con estructura piramidal que impide la democracia interna. Esta medida SÓLO podrá tomarse una vez que hayan sido legisladas las medidas 1 y 2 anteriores, medidas que permiten preparar el terreno para cambiar la ley electoral, tal y como queda expuesto en la entrada de este blog titulada ‘El cambio de la Ley Electoral‘.
  5. Modificar la legislación actual para imponer penas mucho más severas a aquellos políticos que mientan en el ejercicio de cargo público y para supervisar de forma más rigurosa su comportamiento.
  6. Dotar al Tribunal de Cuentas, una vez garantizada su independencia, de todos aquellos recursos -económicos y humanos- que sean necesarios para que ejerza con independencia y sin demoras significativas su función de supervisión de las cuentas de todos las administraciones publicas -incluyendo todo tipo de entes, organismos, fundaciones y empresas públicas- así como de todas aquellas empresas dependientes en su funcionamiento de fondos públicos.
  7. Endurecer las penas para todos funcionarios culpables de delitos contra la hacienda pública.
  8. Obligar por ley a que todos los políticos que vayan a ocupar cualquier cargo público sean como mínimo licenciados y que su carrera profesional -o su licenciatura- tenga una relación obvia con las responsabilidades del cargo a ocupar. Todos estos políticos, previo a la toma de posesión, depositarán ante el tribunal de cuentas copia de su título de licenciado, documento que el Tribunal comprobará y validará antes de que el individuo en cuestión pueda tomar posesión de su cargo.
  9. A los políticos que vayan a ocupar cargos de la mas alta responsabilidad en el Estado Central, se les exigirá que estén en posesión del Título de Doctor en una disciplina directamente relacionada con las responsabilidades del puesto a ocupar. Además, a los políticos que vayan a ocupar un puesto en el Ministerio de Economía y Hacienda -o en ambos si hay dos Ministerios para gestionar este área- como Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario de Estado, se les exigirá pasar una prueba de calidad frente a un tribunal compuesto por los más prestigiosos Economistas de nuestro país reconocidos por su independencia política.
  10. Al presidente del Gobierno, para poder ocupar el cargo, se le exigirá como mínimo el titulo de licenciado/master en cualquier disciplina relacionada con la economía -Económicas, Empresariales, ADE- así como un doctorado reconocido en nuestro país.
  11. Reformar nuestra Carta Magna para que la seguridad jurídica quede garantizada frente a los abusos de un posible Gobierno incapaz de hacer frente a sus compromisos. Esto es debido a que este año el gobierno ha sacado una norma para negar unos fondos ya comprometidos con numerosas empresas que invirtieron así en el sector de las energías renovables y no hay nada peor ni más efectivo para frenar la inversión en un país que la inseguridad jurídica.



Autor: Rafael Hernández Núñez

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