Las propuestas sin sentido de Democracia Real Ya


Para que todo el mundo entienda lo peligroso que resulta dejar hacer política a individuos con una escasa formación económica, en esta entrada del blog voy a poner todas las propuestas de este movimiento que aparecen en su página web y que son totalmente carentes de viabilidad económica o de sentido social. Junto a su transcripción literal voy a explicar todas las razones que me llevan a considerar de esta manera cada propuesta.

  1. “Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%)”

     
    La reducción de jornada impuesta por ley general y de forma unilateral por una parte de un área económica donde exista libertad de movimiento de capitales, bienes y personas, se ha demostrado ya por activa y por pasiva que no sólo no crea empleo sino que acaba por destruirlo perjudicando especialmente a aquellos con empleos más precarios o con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo. En la entrada de este blog titulada “La reducción de jornada a 35 horas” quién esté interesado podrá encontrar uno de los varios artículos que escribí hace tiempo en la prensa nacional así como un enlace para descargar en formato PDF un libro en el que desarrollé un análisis completo de las posibles repercusiones en nuestra economía que tendría una medida de esas características.

    Insistir, por tanto, en este tipo de propuestas es mostrar no sólo un desconocimiento completo de la economía de país, sino agarrarse a una bandera y agitarla pese a quien pese sobre todo cuando los más perjudicados serán precisamente aquellos a los que se pretende ayudar.
     

  2. “Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal”

     
    ¿A quien se pretende ayudar con esta medida?. ¿A los trabajadores con contratos temporales? Si se lleva a cabo esta propuesta, todas las empresas que estén en el límite de ese 10% reducirán su contratación para optar a la bonificación, con lo que echarán gente a la calle. Por otra parte, aquellas empresas que estén disfrutando de la bonificación reducirán en lo posible toda aquella nueva contratación que les hiciera perder esos beneficios.
     
    Para empezar, en ningún caso el Estado debería entrar a bonificar o penalizar el tipo de contrato que una empresa hace en la búsqueda de sus objetivos, ya que se estará distorsionando gravemente la asignación de recursos en el mercado. Se estará regalando recursos a unas empresas mientras todo el tejido productivo sufrirá las consecuencias de la menor recaudación impositiva que esas medidas provocan. La experiencia nos dice que el Estado obviamente no quiere en ningún caso dejar de ingresar los recursos que regala a estas empresas, sino que repercutirá ese gasto entre todas las demás empresas del país aumentándoles a estas los impuestos. Es decir, empresas que podrían ser competitivas con unos impuestos más bajos dejarán de serlo porque el Estado ha decidido regalarles recursos a otras empresas por el hecho de mantener bajo el porcentaje de trabajadores temporales.
     
    Además, ¿como se decidiría cuales son las empresas que se harían acreedoras a esta bonificación?¿Las que reduzcan plantilla, las que cambien trabajadores temporales por fijos? ¿Y como sabrían que eso lo hacen influenciados por la ley y no por sus circunstancias particulares de crecimiento? La distorsión está asegurada.

    Por último, la contratación temporal es la puerta de entrada para muchísimas personas a un mercado de trabajo no sólo escaso sino muy difícil por la gran competencia a la que se ven sometidas nuestras empresas en el área económica a la que pertenecemos. Si restringimos esa vía de entrada estaremos perjudicando a muchas personas que tendrán así muchas más dificultades para integrarse y dotarse de una experiencia laboral que les permita optar algún día, por la cualificación acumulada, a un puesto de trabajo fijo.
     

  3. “Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos”

     
    Con esta medida lo que se pretende es que el Estado decida que han de hacer las empresas privadas con la gestión de sus activos y lo único que van a conseguir es que ninguna empresa multinacional quiera establecerse dentro de nuestras fronteras reduciendo la oferta de puestos de trabajo para los trabajadores a los que se pretende ayudar.
     
    El Estado nunca podrá saber mejor que los gestores que es lo que las grandes empresas tienen que hacer para resultar rentables. Lo que tiene que hacer el Estado es crear un marco jurídico y económico estable en el que las grandes empresas puedan desenvolverse con la mayor libertad posible. El mercado fijará entonces las condiciones en las que estas empresas contratarán y despedirán a sus trabajadores. Pero intentar evitar que se despidan trabajadores se ha demostrado ya absolutamente contraproducente para ayudar a las personas sin empleo.
     

  4. “Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social”

     
    Como se nota que los que han escrito esta propuesta no saben lo que es un pánico bancario ni como funcionan los sistemas fiduciarios como el nuestro. Si dejas quebrar una entidad financiera lo suficientemente grande -y en nuestro país, derivado de una legislación muy restrictiva, casi todas las entidades lo son- se producirá una gran conmoción entre los depositantes de esa institución que correrán a retirar sus fondos de esa y de todas las demás instituciones en las que tengan algún activo líquido. El miedo al contagio de la situación entre bancos por los créditos cruzados que la mayoría de instituciones tienen entre ellas excita una lógica inquietud entre la población.
     
    Como sabemos todos aquellos a los que nos gusta la economía, ningún banco tiene en efectivo todo el dinero que sus clientes han depositados en sus sucursales y, por lo tanto, se creará inmediatamente un sentimiento de falta de fondos entre la población, pánico, que correrá a sus otros bancos para vaciar sus cuentas y obtener toda la liquidez posible. El sistema colapsará y los beneficios de la quiebra inicial se diluirán en el gran caos que se cernirá sobre la economía a no ser que las autoridades lleven a cabo un “corralito” -o cierre temporal de todas las instituciones financieras para ir abriéndolas después a la actividad bancaria poco a poco-. Esta temida situación es lo que sucedió en Argentina hace bien pocos años y dejó a una gran parte de la clase media sin sus ahorros, a una gran cantidad de empresas sin circulante y sin financiación y a todo el país sumido en un estado de pobreza que está costando muchísimo superar.
     
    Por otro lado, nacionalizar un banco en riesgo de quebrar es hacer que todos -con cargo a nuestros impuestos- tengamos que asumir en su totalidad las perdidas generadas como resultado de la mala gestión de unos pocos. Esta es una medida extrema que no debería ser tomada, como no se hace hoy en día, a la ligera.
     
    Otra cosa es que con el dinero del rescate se puedan hacer cosas interesantes como sugiero en mis “Medidas para salir de la crisis“.
     

  5. “Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión”

     
    Esta elevación será repercutida de inmediato a los precios que la banca carga por sus servicios y ello penalizará sin duda la competitividad de todas nuestras empresas y negocios frente a los de aquellos países que no suban los impuestos
     

  6. “Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria”

     
    Los movimientos especulativos no pueden ser sancionados. Forman parte de la misma esencia del mercado. El problema no son los especuladores sino una mala regulación de los mercados que permite que los especuladores haga su agosto. La mala praxis bancaria está muy limitada por las reglas y la supervisión bancaria que realiza el Banco de España.
     
    Otra cosa es una praxis forzada por cuestiones políticas como ha sido la constante de casi todas las cajas de ahorro de este país desde que sus consejos se politizaron por individuos con escasos escrúpulos y menores conocimientos de la forma en que deben operar las instituciones crediticias.
     

  7. “Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias”

     
    Si se hace, las primeras saldrán del país para cotizar en otros lugares con menores tipos impositivos y las segundas repercutirán dichos costes a los usuarios de sus servicios penalizando la competitividad de todos los negocios y empresas de nuestro país. Ello redundará en una pérdida de mercado y en una destrucción de empleo.
     

  8. “Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin)”

     
    De nuevo, las instituciones financieras, las grandes empresas o los inversores así penalizados, tomarán buena cuenta de estos costes añadidos y actuarán en consecuencia, siempre repercutiendo todo ello de forma negativa en el empleo.
     

  9. “Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos”

     
    ¿Y como se decide cuales son las cuestiones de gran calado?¿Con otro referéndum?
     

  10. “Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea”

     
    Esos referéndums tendrían que ser planteados antes de que nuestro país votara una resolución de la Unión, porque una vez adoptada esta es vinculante por mor de los acuerdos de adhesión firmados. Así que, o se aclara esa cuestión, o mejor que quiten esta propuesta.
     

Autor: Rafael Hernández Núñez

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