Las propuestas del diario EXPANSIÓN para salir de la crisis


Esta entrada del Blog va a ir dedicada a criticar de forma constructiva las 50 propuestas que acaba de publicar el diario Expansión para salir de la actual crisis. Dado que estamos trabajando con un cierto volumen de medidas, es mejor contestar aquí que ir poco a poco repitiendo explicaciones para cada grupo de propuestas.

Para empezar considero bastante preocupante que en la página en la que presenta este grupo de medidas un diário como EXPANSIÓN, que se supone es uno de los máximos exponentes del periodismo económico de nuestro país, empiece diciendo

“El origen de las actuales dificultades reside, ante todo, en una pronunciada pérdida de competitividad que lastra el potencial de crecimiento y compromete el Estado del Bienestar”



cuando ya he explicado por activa y por pasiva que la crisis que estamos viviendo de forma cada vez más intensa en nuestro país no tiene su orígen en un problema de competitividad internacional de nuestras industrias, sino en el solapamiento entre la crísis de las hipotecas ‘subprime’ norteamericana, la burbuja inmobiliaria que la excesiva cantidad de dinero nuevo que se ha estado inyectando en la economía europea entre 1997 y 2007 debido a la falta de señales que las autoridades monetarias consideran fundamentales para medir el recalentamiento -inflación- de la eurozona, y la sobrevenida crisis de deuda que nuestro gobierno de mediocres nos ha servido bien calentita.

Veamos ahora las propuestas por grupo y particularizadamente.


1.- Creación de un contrato único indefinido con indemnización de 20 días por año trabajado y máxima de una anualidad (sin retroactividad). Las únicas excepciones serían algunos contratos temporales específicos como los de interinidad y de formación.
2.- Reforma del sistema de cobertura por desempleo. Situar la cuantía de las prestaciones en la línea de los países de nuestro entorno; vincular la prestación a la formación y establecer la posibilidad de retirarla si se rechazan ofertas de empleo adecuadas a la cualificación del parado. Eliminación gradual del PER.
3.- Primacía del convenio de empresa. La actual estructura de negociación colectiva en cascada es perniciosa. Por delante del convenio de empresa hay convenios estatales, provinciales y hasta locales. Los convenios de empresa deberían prevalecer sobre cualquier otro convenio, aunque ello vaya en contra de la estructura actual de los sindicatos y la patronal. Incluye limitar la ultraactividad de los convenios que hace que, cuando no se firma un nuevo acuerdo, se alarguen las condiciones pactadas en los anteriores.
4.- Despido objetivo para bajas reincidentes no justificadas. Estas bajas deberían ser motivo de despido objetivo de forma mucho más flexible que en la actual regulación. Habría que introducir otras medidas para combatir el absentismo laboral, sobre todo en pymes. Mayor protagonismo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en las bajas laborales.
5.- Reducción significativa del número de liberados sindicales. La protección de los derechos de los trabajadores resulta plenamente compatible con una sensible reducción del número de liberados y de las horas dedicadas a actividades sindicales a todas luces excesivas. Resulta esencial eliminar rigideces en la representación de los centros de trabajo que inducen al mantenimiento artificial de unidades que, lejos de producir valor añadido para la empresa, se limitan a servir de circunscripciones para la designación de puestos de delegados sindicales.
6.- Flexibilidad interna. Cuando haya modificaciones sustanciales de producción, actividad o desplazamiento de centros de producción, debería poder ajustarse las condiciones laborales (jornada y salario) de forma mucho más sencilla que en la actualidad, a cambio de preservar el empleo en la empresa. Por ejemplo, con un contrato a tiempo parcial más flexible y posibilidad de bolsas de horas, de manera que empresa y trabajador acuerden un volumen de horas que se trabajarán durante el mes, en función de picos de producción y las necesidades de ambos. Según los expertos, es una fórmula ideal para conciliar trabajo y familia y para los universitarios, sin afectar a la productividad.
7.- Potenciar los contratos para jóvenes. Contratación formativa muy flexible con escaso o nulo coste empresarial. Para ello, habría que revisar el régimen jurídico del contrato en prácticas y el de formación y aglutinarlos en un único contrato de inserción laboral para jóvenes. Posibilidad de incluir este compromiso en la negociación colectiva.



Estas siete primeras medidas buscan reformar el mercado laboral Español. Algunas de las ideas que apuntan desde el diario son muy interesantes como la 3, la 4, la 5 y la 7. Nada que objetar a estas medidas que bien podrían ponerse en marcha ya mismo. Eso sí, en ningún caso ayudarán más que a reducir el gasto público y el de las empresas en el caso de los liberados sindicales, a facilitar la contratación de jóvenes, a mejorar la formación de los desempleados y a mejorar la gestión de los colectivos laborales de las empresas. No van a incidir en el aumento del empleo porque para ello no basta con preparar una parte del sistema económico para que funcione, sino que todo el sistema debe estar preparado y entrar en funcionamiento de forma coordinada. Es decir, si no hay demanda para los productos que fabriquen las empresas, da igual que estas disfruten de una legalidad más favorable para contratar a los más jóvenes o que los desempleados puedan formarse mejor.

La segunda propuesta, dado que nuestra legislación ya contempla la pérdida de las prestaciones por desempleo en caso de que el desempleado rechace repetidamente las ofertas de empleo que se le ofrezcan desde la Administración y dado que la cuantía de las prestaciones de nuestro sistema de seguridad social están ya adaptados al importe de nuestros sueldos, no parece necesaria. La eliminación gradual del PER no tiene sentido si no se ponen en marcha otro tipo de medidas -como las que se proponen en la entrada de esta blog ‘Medidas para salir de la crisis’- que permitan el surgimiento de nuevas empresas en las áreas donde este subsidio va a desaparecer para que estas ofrezcan puestos de trabajo a aquellos que van a perder así una parte importante de sus ingresos. Lo contrario significaría crear una gran bolsa de pobreza cuya capacidad de compra quedaría reducida a la minima expresión y que sería el germen de una fuerte inestabilidad social. Hasta ahora todas las propuestas de eliminación del PER han ido encaminadas a reducir el gasto público sin tener en cuenta la necesidad de reformar la legislación financiera para facilitar la aparición de un sistema financiero de capital riesgo que financie nuevos proyectos empresariales que no cuenten con un apoyo financiero fuerte previo.

Las propuestas primera y séptima tienen el grave inconveniente de reducir la seguridad y estabilidad de los trabajadores en sus empleos sin la contrapartida adecuada para crear empresas que demanden sus servicios en caso de perder el empleo que en cada momento ocupan -tal y como se ha explicado en el párrafo anterior-. Y una menor seguridad y estabilidad en los trabajos limitará enormemente el acceso de estos trabajadores a los créditos de consumo y por tanto a cualquier bien de cierta entidad. Y unos trabajadores mal pagados y con gran inestabilidad laboral harán que la demanda de los bienes de nuestras empresas dependa del exterior, cayendo en el gravísimo error económico de dejar nuestro mercado interior languidecer económicamente.


8.- Seguridad Social. Completar la reforma de las pensiones, ampliando a toda la vida laboral el período para el cálculo de la prestación.
9.- Planes de pensiones. Aumentar los incentivos fiscales para promover los planes privados de pensiones. Incorporar a la negociación colectiva los planes de pensiones de las empresas para sus trabajadores. Ofrecimiento por parte de las empresas (en un principio para las de mayor tamaño) a todos sus trabajadores de un plan de aportación automática a un plan de pensiones de las empresas para sus trabajadores.



Estas dos entradas no tienen utilidad para salir de la crisis. Por un lado, ampliar a toda la vida laboral el período para el cálculo de la prestación introduciría una rebaja significativa en el importe de las pensiones a percibir por una parte importante de una población que tuvo que soportar mas de veinte años de una crisis cuasi permanente entre los años 1975 y 1995. Esta situación les mantuvo alejados de trabajos estables o bien pagados que cotizaran buenas cantidades a la Seguridad Social. Mucha gente sobrevivió como pudo mientras duró una de las crisis económicas encadenadas más duras que se recuerdan. Esta disminución en el importe de todas estas pensiones incidiría en la capacidad de compra de estas generaciones de nuevos pensionistas en un momento en que la demanda interna de bienes de consumo está en crisis por culpa de la burbuja inmobiliaria y de los precios de los alimentos. Además, esto no sería sino un parche para mantener temporalmente un sistema de pensiones contributivo abocado a crisis sucesivas por su misma estructura piramidal.

Por otro, aumentar los incentivos fiscales para promover los planes privados de pensiones es lo mismo que promover la estafa y el engaño a los trabajadores que pongan sus ahorros en dichos planes. Y es que el caso de los planes de pensiones privados españoles es un caso de estudio. Durante años los españoles que han tenido dinero en un plan de estos han visto como cada ejercicio el dinero depositado ha ido perdiendo valor bien por los rendimientos negativos del plan como por la inflación que se comía cualquier pequeño rendimiento positivo que pudiera obtenerse del dinero invertido. Hasta que no se solucione el problema de gestión que existe con estos planes, apostar por ellos es apostar por el empobrecimiento y la pérdida de ahorros de todos sus partícipes.


10.- Promover los incentivos fiscales hacia la actividad emprendedora, incluyendo el crédito fiscal para las empresas que empiezan. Las empresas de nueva creación se podrán beneficiar de las ventajas fiscales en el Impuesto de Sociedades, aunque al comienzo de su actividad su base imponible sea negativa. Que las pymes que no tengan beneficios, aunque no paguen el Impuesto de Sociedades, puedan obtener ventajas fiscales en los epígrafes que sean susceptibles de desgravación. Establecer límites y controles adecuados para evitar abusos. Estas ventajas deberían incrementarse en el caso de empresas innovadoras, con un criterio amplio del concepto.
11.- Potenciar la financiación a las pequeñas empresas a través del ICO.
12.- Creación de una ventanilla electrónica única, donde todas las administraciones estén interconectadas, para facilitar y abaratar los trámites para la creación de empresas.
13.- Estimular la innovación con medidas presupuestarias, legales y fiscales. Crear instrumentos ágiles para la tramitación de este tipo de ayudas especialmente a las pymes, que tienen más barreras en general para acceder a estos incentivos.



Las propuestas 10 a 13 se supone que van destinadas al fomento de la actividad emprendedora. Pero la idea del crédito fiscal ya existe en nuestra legislación y me gustaría que alguien me explicase como va a poder nadie beneficiarse de un crédito fiscal si la base imponíble sale negativa, a no ser que dicho crédito fiscal pueda extenderse a los primeros años en que estas nuevas empresas den beneficios o que se extienda a otros conceptos fiscales como el IVA a ingresar. Habría que aclararlo. Lo de establecer límites y controles para evitar abusos me parece interesante aunque no sé si demasiado costoso para una implementación eficaz en el caso de que surgieran una gran cantidad de pymes a supervisar.

La potenciación de la financiación a las pymes a traves del ICO me parece un despropósito económico indigno de un diario como EXPANSIÓN. Se pretende sustituir la reforma de la legislación financiera para permitir la existencia de capital riesgo privado por un sistema burocratizado de concesión de préstamos financiado y respaldado con el dinero de todos los españoles. Es decir, en vez de proponer los cambios legislativos necesarios para la aparición de un verdadero sistema de capital riesgo, el diario EXPANSIÓN pretende asignarle dicha función a una institución crediticia pública. Como si el estado pudiera valorar la viabilidad d elos proyectos empresariales que puedan surgir y necesitar financiación más que los inversores privados. Vaya desvío en la debida asignación de los recursos económicos de un país.

La duodécima propuesta es algo ya en proceso aunque su consecución debería acelerarse y, sobre todo, habría que poner todo el interés en reducir de verdad el número de pasos a dar por los futuros empresarios para crear su empresa y en reducir el coste total final del proceso.

La decimotercera es un canto al amanecer. Esta muy bién decir que hay que potenciar la innovación con medidas presupuestarias, legales y fiscales pero hay que decir cuales son estas pues estamos hartos de oír a todos los Gobiernos lo que han hecho por la investigación en este país pero lo cierto es que seguimos a la cola de los países industrializados en lo que a registro internacional de patentes se refiere y casi ninguna innovación llega al mercado de la mano de nuestras empresas. Lo de las ayudas directas a las pymes es más propio de políticas fiscales expansivas que en estos momentos no están muy indicadas.


14.- Reforma del Impuesto de Sociedades. Debido a la crisis, este impuesto ha pasado de aportar 44.823 millones de euros en 2007 a las arcas públicas, el 22,7% del total, al 10% de los ingresos totales de la Hacienda Pública en 2010, según las últimas estimaciones. Incluir una rebaja de tipos (el tipo nominal –ahora del 30% para grandes empresas y del 25% para pymes- se encuentra entre los más altos de la Unión Europea) a cambio de un recorte y el rediseño de los incentivos (por ejemplo, dando más flexibilidad a la amortización). Esta medida ayudaría a incentivar la inversión y la creación de empleo.
15.- Lucha contra la economía sumergida. Sería necesario una reforma del régimen de módulos, que no impide el uso de las facturas falsas y el fraude fiscal.
16.- Promover la reducción de las cotizaciones sociales, que se podría compensar con subidas del IVA. El Gobierno está obligado a armonizar los Impuestos sobre Hidrocarburos con la UE el 1 de enero de 2012, un momento en el que se podrá compensar esta subida con una reducción de las cotizaciones sociales para las empresas. La subida del IVA, bajo el consenso de los agentes sociales, también se podrá impulsar a cambio de una reducción sustancial de las cotizaciones para fomentar empleo, y sólo cuando el consumo no esté en negativo, al igual que hizo Alemania antes de la crisis financiera.



Entre estas medidas fiscales se pide una rebaja de tipos en el impuesto de sociedades a cambio de un recorte y el rediseño de los incentivos. ¿Que se quiere decir con esto? ¿Es que dar mas flexibilidad a la amortización -medida que sin duda favorece a los empresarios- ha de hacerse a cambio de rebajar los tipo -otra medida que sin duda favorece a los empresarios-? Un diario como EXPANSIÓN debería darle más importancia a lo que sale publicado en sus páginas porque ello desmerece el resto de lo publicado.

La lucha contra la economía sumergida esta muy bien en tiempos de crecimiento pero no creo que sea ahora el mejor momento de dedicar recursos fiscales a un incremento del esfuerzo en este sentido ya que además del bajo rendimiento de estos esfuerzos, las personas que se ven obligadas a trabajar de este modo no suelen hacerlo por deseo propio sino por los bajos rendimientos de sus negocios.

Por último, promover una reducción de las cotizaciones sociales a cambio de aumentar el IVA me parece un aunténtico despropósito en un momento como el actual donde lo que peor está es la capacidad de compra de las familias. Alguien debería explicar de que sirve la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas -por cierto no se explica si esta reducción afectaría a los pagos a realizar por las empresas o por los trabajadores- si luego se sube el IVA y se penaliza la capacidad de compra y por tanto las ventas en el mercado interno de dichas empresas. Si el 1 de enero de 2012 vamos a tener que sufrir un nuevo incremento de los impuestos sobre los hidrocarburos -algo que me parece totalmente contraindicado en estos momentos- desde luego que medidas que compensen este aumento en las cargar societarias será bien recibido, pero nunca hay que olvidarse de la sufrida capacidad de compra de las familias si se quiere que la recuperación económica se produzca. Desde luego, esta crisis no se va a resolver con más Estado y mas impuestos como sugiere esta decimosexta propuesta y eso lo deberían de saber estos señores de EXPANSIÓN que así lo proponen.


17.- Techo de gasto para todas las administraciones públicas, aprobado por el órgano legislativo correspondiente, dentro de los límites aprobados en los presupuestos generales del Estado. Presentación mensual de la ejecución presupuestaria (ingresos y gastos) de comunidades autónomas y de los ayuntamientos grandes, y control menos frecuente de los pequeños y las diputaciones. Revisión trimestral de las cuentas. Si se produce una desviación deberán aportarse medidas correctoras para ejecutarse dentro del mismo ejercicio. Si se aprueban presupuestos que incumplan los objetivos de estabilidad, deben ser anulados y si el gasto real de una Administración supera el techo de gasto sus responsables políticos deberían ser inhabilitados, llegando en casos extremos a la exigencia de responsabilidades penales. Con el límite de la Constitución podría ser posible.
18.- Armonización de las estadísticas para controlar las trampas contables del gasto en todas las administraciones.
19.- Reforzar el papel y los medios del Tribunal de Cuentas para que pueda llevar a cabo un mayor control de las cuentas públicas. Potenciación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas. Para darle mayor protagonismo en el inevitable proceso de racionalización del gasto público, deberá ser adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda y establecer un mecanismo más eficaz de rendición de cuentas e informe al Congreso de los Diputados. Ampliación de las funciones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a las Comunidades Autónomas.
20.- Reforma de la ley de morosidad para obligar a pagar a las Administraciones Públicas en tiempo y forma. El Presupuesto de los ayuntamientos estará restringido a los servicios sociales básicos hasta que se paguen las deudas pendientes.
21.- Fusión de municipios pequeños. En caso de que no haya acuerdo para la fusión de pequeños municipios se puede lanzar una Ley de Pequeñas Localidades, donde los ayuntamientos pequeños queden como elementos de gestión. Modificación o supresión de las diputaciones, cuyas competencias pasarían a las CCAA. Con esta reforma se eliminan duplicidades y servicios impropios.
22.- Limitación progresiva de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales, con el objetivo de que estas instituciones sean independientes financieramente del Estado y dependan de sus afiliados.
23.- Reducir el número de empleados públicos eventuales, con especial hincapié en el personal de libre designación del Estado, las autonomías, de los ayuntamientos y de las empresas públicas.
24.- Puesta en marcha de un sistema de evaluación de los empleados públicos que vincule la remuneración a los resultados. Una administración en la que la carrera profesional impere el juego de incentivos y sanciones. Requiere revisar el sistema de oposiciones a nivel estatal, autonómico y local, lo que garantizará la independencia y limitará el acceso mediantes contratos a dedo.



Estas medidas para reformar las Administraciones Públicas estan entre las más interesantes de la lista de propuestas revisadas hasta el momento. Sin embargo me gustaría que hubiera existido cierta coordinación a la hora de ponerlas unas junto a otras. Me refiero al hecho de que la propuesta 17 dice que las cuentas de las CCAA tendrán que presentarse mensualmente y luego a continuación dice que se revisarán trimestralmente. Una cosa u otra ya que este ejercicio va a suponer una carga cierta de trabajo para las Administraciones de estas CCAA.

Respecto a la adscripción de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas al Ministerio de economía y hacienda es como poner a Alí Babá a cuidar del tesoro del Califa. Si queremos unos informes veraces e independientes se deberá crear una Agencia Independiente del poder político y del Gobierno. Pero, ¿para esto no existe el Tribunal de Cuentas? Basta ya de colonización y okupación política de todos los Organismos e Instituciones que deberían ser independientes para un correcto funcionamiento de nuestra Democracia.

La propuesta 22 debería dejar bien claro que ninguna Administración Pública puede demorar sus pagos, incluyendo por supuesto a la Administración Central. Si esta no paga sus transferencias puede obligara alas CCAA y a los Ayuntamientos a entrar en mora y la situación legal se complicaría mucho.

La propuesta 23 debería aclarar si estas fusiones se harían por principios económicos o por número de habitantes. De acuerdo con la supresión de las Diputaciones.

La última de estas medidas es, de nuevo, un canto al amanecer. Ya me dirá alguien como se puede evaluar de forma objetiva el resultado de la gestión de muchos empleados públicos. ¿Quienes serán los evaluadores?¿Sus jefes? Los jefes en las Administraciones públicas muchas veces han sido puestos ahí no por su valía, sino por motivaciones políticas o personales. Si dejamos que estos “jefes” evalúen el rendimiento de empleados que pueden no estar en su misma cuerda política o amistosa, podemos acabar con la independencia debida de estas Administraciones. Por otro lado, muchos empleados públicos tienen la función de estar donde están por si se les necesita y no se pasan todo el día dándole a un teclado o a a un sello. Lo que debería potenciarse es la atención prestada a las quejas o evaluaciones de los usuarios de los servicios ya que eso redundaría segúramente en una mejora de los mismos. Claro que esto no sería una medida a corto y no serviría para salir de esta crísis en la que estamos. Sería más una medida para regenerar nuestro sistema democrático.


25.- Libertad en los horarios comerciales. Extender la libertad de horarios, también en días festivos y en todas las CCAA.
26.- Implantar la libertad de colegiación en la práctica totalidad de las profesiones. Los criterios que exige la Unión Europea permiten dejar sólo unas diez profesiones (de un total de 89) con colegiación obligatoria. Los sectores que podrían mantener la colegiación obligatoria serían el sanitario y el jurídico, ya que son actividades profesionales que afectan a la salud y seguridad de las personas, su actividad se dirige mayoritariamente a particulares. Esto justifica que el control de la actividad profesional se pueda realizar más eficientemente por los colegios en vez de por la Administración en esos campos. Esta medida de libertad de colegiación no significa que desaparezcan los colegios sino que se establezca la colegiación voluntaria, es decir que sean como las asociaciones.
27.- Reforma legislativa para potenciar la independencia de los organismos reguladores (CNC, CNMV, CNE y CMT) respecto del poder político más allá de lo contemplado en la Ley de Economía Sostenible. El Congreso elije al presidente del organismo; el mandato debe ser único y tener una duración de entre 8 y 9 años, que no coincida con periodos electorales; elección del presidente por mayoría cualificada 3/5 y que en el Congreso se examine su currículum. El presidente propondrá a los consejeros/vocales.



Las propuestas 25 y 26 no sirven tampoco para salir de la crisis. Son tambien medidas interesantes pero desde luego no urgentes.

La última de estas propuestas -27- parece copiada de una de mis Medidas para regenerar la Democracia, sólo que faltan algunas instituciones fundamentales para el funcionamiento de nuestro sistema democrático como son el BCE, el INE, el CIS, el poder judicil y las fuerzas del orden -Policía y Guardia Civil-.


28.- Privatizaciones o cierre de las televisiones autonómicas. Para ello habrá que lanzar una Ley Marco en todo el Estado que permita esta posibilidad y que se desarrolle en cada Comunidad Autónoma.
29.- Acelerar las privatizaciones en el sector del transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril. Racionalizar la gestión de los puertos y aeropuertos.
30.- Drástica reducción de las numerosas empresas públicas y entes estatales, autonómicos y municipales.



Con la vigésimo octava propuesta estoy totálmente de acuerdo siempre que la Comunidad Autónoma afectada esté en déficit. Respecto a las privatizaciones faltan muchos sectores que deberían ser tambien susceptibles de entrar en este proceso aunque lo más importante sería que las Administraciones garantizaran la competencia en muchos mercados donde supuestamente se privatizó durante estos años pasados pero donde la competencia es una entelequia total -Gasolina, Servicios Financieros, Electricidad-.

A la propuesta 30 habría que añadirle el que cada CCAA y Ayuntamiento debería involucrarse en este proceso siempre en función de aquellos límites presupestarios que le van a marcar su capacidad de generación de ingresos por la vía impositiva y su límite al endeudamiento fijado por ley estatal.


31.- Reforzar el poder supervisor de la CNMV y del Banco de España, con más medios para velar por la transparencia de los mercados financieros.
32.- Endurecer la legislación para evitar las malas prácticas financieras y la información privilegiada. Extender a las normas del mercado de valores los “programas de clemencia” que el artículo 67 de la Ley de Defensa de la Competencia para favorecer la delación de las infracciones.
33.- Agilizar la intervención de entidades financieras con problemas y apartar automáticamente a sus gestores antes de recibir ayudas y nuevos fondos. Establecer condiciones y plazos para la devolución de las ayudas.



Aquí falta incidir en la necesidad de recuperar la independencia del Banco de España, perdida por culpa de su colonización u okupación política tal y como explico en el trabajo que esta colgado en este blog -página HEME- como requisito fundamental para mejorar su credibilidad como supervisor financiero. La transparecia de los mercados financieros debería ir acompañada de la necesaria reforma de la legislación que regula estos mercados al objeto de facilitar la aparición de un verdadero sistema de capital riesgo que permita la financiación de nuevos proyectos empresariales que no cuenten con un apoyo financiero fuerte previo.

La propuesta 32 es interesante pero no sirve para salir de esta situación de crisis. La última de este grupo debería aplicarse sólo a las entidades dirigidas por políticos como las cajas de ahorros o sus derivados. El resto de las instituciones financieras deberían responder tan sólo ante sus clientes y el mercado. Lo demás es puro intervencionismo que no debería ser apoyado por un diario como EXPANSIÓN.


34.- Copago selectivo para corresponsabilizar a los usuarios con la viabilidad del sistema sanitario, sin penalizar a las rentas más bajas. Buscar mecanismos para no frenar la prevención sanitaria. Información sistemática al paciente de los costes reales de la atención sanitaria.
35.- Prestación estándar y unificada a nivel nacional de los servicios sanitarios gratuitos. Eliminar las desigualdades autonómicas.
36.- Fórmulas de gestión privada. Introducción de herramientas empresariales en la gestión de hospitales y centros sanitarios: introducir sistemas de incentivos para el personal y para los directivos para que sean más consecuentes con su gestión/labor.



El copago selectivo probablemente reduciría bastante el gasto público en sanidad pero con dos contraindicaciones claras. Por un lado no está claro es que esto no repercuta negativamente en el grado de salud de los españoles. Por otro, cargar sobre las exíguas rentas familiares una parte del gasto en sanidad conllevará una disminución aún mayor del gasto en consumo con lo que la actividad económica no sólo no se recuperará sino que se contraerá y el ahorro sanitario público se verá anulado por la reducción de ingresos procedentes del pago de impuestos. Por lo tanto, no parece este momento el más adecuado para adoptar esta sistema de contención del Gasto Público.

La prestación estándard y unificada a nivel nacional de los servicios sanitarios públicos requeriría una Gestión de la Seguridad Social unificada y no disgregada entre todas las Comunidades Autónomas tal y como está ahora. De todas formas no se entiende como este cambio podría ayudar a salir de la crisis.

La última de estas propuestas para mejorar la gestión sanitaria me parece correcta, está probada y podría generar un ahorro más que interesante en las cuentas de las Administraciones Públicas de las CCAA.


37.- Hay que impulsar el comercio exterior, ya que es uno de los que mejor se está comportando en la crisis. Mejora de los convenios de doble imposición y firmar convenios con los países que no haya. La mejora de los convenios da más seguridad jurídica al otro país con el que se firma. Se trata de bajar la fiscalidad de intereses, dividendos y cánones de las filiales españolas en el extranjero y viceversa.
38.- Incentivos fiscales a las pymes para impulsar su internacionalización. Aprovechar la vía del Reglamento 800/2008 UE, que permite adoptar medidas fiscales sin que se consideren ayudas de Estado y autoriza a cualquier país a implantarlas.
39.- Unificar servicios de promoción exterior en el extranjero para evitar la dispersión autonómica actual. Seguir el modelo alemán en el que hay una ventanilla única por país (que dirigen las Cámaras de Comercio en el exterior).



Estas tres medidas para impulsar el sector exterior de nuestro pais son acertadas si bien la tercera de ellas es la que más ahorros puede traer a corto plazo. De cualquier forma el sector exterior esta en forma y nuestras expoportaciones crecen en cuanto creece la economía y la demanda de los países cuyas empresas y ciudadanos son nuetros clientes.


40.- Déficit de tarifa. Avanzar en el proceso de liberalización de las tarifas reguladas del sector eléctrico. Resolver definitivamente el problema del déficit de tarifa.
41.- Despejar la incertidumbre regulatorias sobre el sector de renovables, con una normativa que establezca un marco retributivo (primas) y de desarrollo a medio y largo plazo.
42.- Energía nuclear. Consensuar un escenario energético para la energía nuclear a largo plazo y resolver el tema del almacén de residuos.
43.- Eliminación de los subsidios encubiertos a sectores como el carbón, a través de la factura eléctrica para fomentar la competitividad del sector.



Estas otras cuatro medidas para reorganizar nuestro sector energético, si bien apuntan en la buena dirección, son muy tímidas y adolecen de algo más de definición. Faltan tanto ideas para resolver el Déficit de Tarifa como para promover la necesaria profundización del proceso de liberación de la oferta eléctrica al objeto de introducir una competencia real en dicho mercado.

También falta una declaración sobre las regulaciones retroactivas que tanto han dañado la confianza de los inversores en energias renovables en nuestro país. Por ejemplo, podría deshacerse este proceso regulador y hacer frente a los compromisos asumidos. Tampoco se da una idea clara de lo que se quiere hacer con este sector ni con el sector nuclear a futuro. El sector del carbón parece abandonarse a su suerte. Ni se cierra ni se invierte.


44.- Calidad de la enseñanza. Elaborar una nueva ley de calidad de la enseñanza que recupere los valores del esfuerzo y el sacrificio del alumnado y la autoridad del profesor. La reforma debería hacerse mediante un pacto de Estado para lograr dar estabilidad a las líneas de trabajo en Educación, y evitar así que cada Gobierno de turno haga su propia ley. Armonizar los planes de estudio de las Comunidades Autónomas.
45.- Garantizar la enseñanza en castellano en todo el territorio en igualdad de condiciones que otras lenguas oficiales. Potenciar la formación bilingüe.
46.- Universidad-empresa. Crear una verdadera relación entre la universidad y las empresas para adecuar las formaciones universitarias a las verdaderas necesidades laborales de la industria y los servicios. Colaboración público-privada. El sector público es el que más investiga (España está entre los países que más I+D+i hacen del mundo), pero sus patentes se quedan en un cajón y no llegan al mercado porque no hay empresas ni inversores privados dispuestos a financiar que esos descubrimientos se conviertan en una realidad.
47.- Formación Profesional. Mejorar y potenciar la formación profesional para convertirla en una opción atractiva para los estudiantes. La unión entre FP y empresa es importante. La FP alemana es un ejemplo en ese sentido.



Las medidas propuestas para mejorar la enseñanza son interesantes también, aunque de nuevo se echan en falta ideas para conseguir una enseñanza de calidad. El consenso o el acuerdo está bién pero siempre que se realice entre gente cualificada y nuestros políticos no están al nivel adecuado para conseguir pactar una nueva ley de calidad que pueda reconducir la situación de mediocridad de nuestra enseñanza secundaria y superior.

Cuando se ponen ejemplos como el de la FP alemana hay que tener en cuenta el nivel de industrialización de dicho país y compararlo con el nuestro. Los ejemplos mal tomados sólo llevan al fracaso. Como muestra evidente ahí tenemos el plan de Bolonia y el sistema de créditos ECTS. Sistema que está degradando la calidad de la enseñanza universitaria hasta límites impensables. Degradación que podremos ver más claramente en unos pocos años.


48.- Crear un sistema que premie la productividad y penalice la ineficiencia de los juzgados. Generalizar e intensificar el uso de recursos tecnológicos, incluyendo el hacer compatibles sistemas de información que hoy no lo son y extendiendo las nuevas tecnologías a todo el sistema judicial (Este año está previsto que se empiece en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y algunos registros civiles).
49.- Aprobar una ley de mediación que, basada en el proyecto cuya tramitación se inició en esta Legislatura. Ayudará a descongestionar y agilizar el trabajo judicial como viene sucediendo desde hace tiempo en Gran Bretaña y también en Alemania y Francia, e incluso en Italia. Es necesario un control sobre lo que llega a la jurisdicción, ya que no todos los conflictos deben judicializarse.
50.- Independencia del Poder Judicial. Alcanzar un pacto político que logre implantar la independencia efectiva del Poder Judicial (Consejo General de Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) y evite una politización creciente que ha dañado con gravedad la imagen de la Justicia y su credibilidad ante los ciudadanos.



La última de las medidas es la más importante de las tres aunque más que para salir de la crisis, esta medida serviría para regenerar nuestra Democracia. Las otras dos propuestas están muy bien pero yo hubiera puesto por delante la dotación económica adecuada de la justicia. No podemos tener jueces sobresaturados de casos. Resulta imposible querer una justicia eficaz si los casos salen a juicio pasados un tiempo excesivo. Sin dotación económica adecuada, la deseada agilización y acercamiento de la justicia al ciudadano nunca llegará. Y sin justicia rápida no puede esperarse que ningún sistema económico funcione con agilidad y dinamismo.

En fin muchas propuestas pero pocas útiles de verdad para salir de esta crisis. Creo que el diario EXPANSIÓN podría haberse esforzado bastante más a la hora de hacer este tipo de propuestas tan importantes para una sociedad a la que la crisis ahoga económicamente cada día un poco más.

Autor: Rafael Hernández Núñez

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2 comentarios el “Las propuestas del diario EXPANSIÓN para salir de la crisis

  1. Hola Miguel Angel,

    Aunque no acabo de tener claro si cuando te refieres a que el euro tenga una fecha de caducidad te estás refiriendo a que la moneda caduca sin posibilidad de cambiarla por la nueva, lo de la moneda con fecha de caducidad pero cambiable ya se intentó hace muchos años en Inglaterra. Finalmente se acabó desechando por los costes que suponía y las quejas de los ciudadanos -sobre todo los que entonces tenían cierta importancia- que tenían que cambiar cada cierto tiempo sus billetes por otras nuevos cuando estos estaban cerca de caducar.

    Por lo demás sería una idea interesante.

    Un saludo cordial,

  2. yo pongo en el aire esta idea ,para q aflore todo el dinero sumergido q ay,al igual q se cambio de la peseta al euro ,y se logro ,se podria volver a cambiar el euro …PEROOOO, por un euro igual con FECHA DE CADUCIDAD ,se obligaria a cambiar a todos a la moneda nueva aflorando todo y a su vez como el nuevo dinero tiene fecha de caducidad siempre se estaria moviendo y siempre se sabria q dinero tiene todo el mundo por q cuando les vallan llegando la fecha de caducidad lo tendria q renovar ,AHI DEJO ESTO un saludo

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