Soluciones de CEOE y CEPYME para afrontar la crisis


Según nos cuenta el diario Expansión, las patronales CEOE y Cepyme han aprobado sus propuestas a los partidos políticos con motivo de la campaña electoral. En su documento “Soluciones de los empresarios para afrontar la crisis”, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, la Confederación ha trazado cuáles son las líneas maestras del plan de choque que exigirá al próximo Ejecutivo.

Veamos cuales son estas medidas ya que tengo especial interés en comprobar si los empresarios han entendido ya la crisis en la que estamos y no prentenden resolver este problema con medidas ineficaces, cuando no contraproducentes, como hasta ahora han propuesto.

1. Reducción del gasto corriente
Según CEOE, el grueso del ajuste debe realizarse a través de una reducción del gasto corriente: simplificando la estructura administrativa, fijando prioridades en el gasto, reduciendo el tamaño del sector público, y aprovechando la colaboración público-privada.



Esta primera medida tiene sentido -la proponen muchos de los que están lanzándose últimamente a proponer medidas para salir de la crisis- pues hay que reducir la carga ecónomica que supone nuestro sector público para salir de la situación de deterioro de nuestra deuda pública en los mercados -costes de financiación crecientes mantenidos artificialmente bajos por la intervención del Banco Central Europeo en la compra de titulos de deuda españoles-, deterioro que afecta al conjunto de nuestro sistema financiero y a la capacidad de obtención de creditos de inversion y funcionamiento de las empresas españolas.

Sólo una crítica. Cuando uno habla del gasto corriente habla del gasto en sueldos y salarios, en suministros, en gastos en definitiva de funcionamiento del sector público. Sin embargo, el punto 1 habla de “estructura” administrativa y de “reducir el tamaño del sector público”. Deberían ser más cuidadosos con los términos utilizados pues puede dar la impresión que no se sabe muy bién de lo que se habla. A lo mejor es una errata de Expansión al referenciar este texto aunque lo dudo.

2. Reducción de los impuestos
Asimismo, plantean el mantenimiento constante del total de la carga fiscal y reforma del sistema tributario: la reducción sustancial de las cotizaciones sociales: la rebaja de la imposición sobre el ahorro y la simplificación y reducción del Impuesto de Sociedades.



Aquí empezamos ya a encontrar propuestas que no tienen cabida en una crisis como esta. Si estamos en una crisis de capacidad de compra tal y como explico detalladamente en la entrada‘Esta crisis que nadie entiende’, es decir, en una crisis de demanda -que no una crisis keynesiana-, lo que habría que hacer para recuperar la caida de la demanda que está detrás del bajón de ventas, de beneficios, de empleo y de recaudación tributaria, sería reducir los impuestos a las familias -IRPF- para recuperar algo de su perdida capacidad de compra. En esta crisis las empresas no se encuentran con un problema de competitividad tal y como las cifras positivas de exportaciones durante el año pasado y los primeros meses de este año corroboran.

La rebaja de la imposición sobre el ahorro en cambio sí es una buena medida que permitiría aumentar los saldos reales de las familias y recuperar algo de la demanda perdida.

3. Reforma del mercado laboral y de la negociación colectiva
Los empresarios quieren un nuevo pacto de moderación salarial para el periodo 2012-2015; la simplificación de la legislación laboral y del número de contratos para hacer atractiva la contratación indefinida con una reducción sustancial del coste del despido, que debe situarse en veinte días por año trabajado, con una cuantía máxima de doce meses de salario; la creación de nuevos contratos a tiempo parcial y de formación; la eliminación de la referencia de la inflación para fijar los salarios en la negociación colectiva, y el impulso de más libertad para que el empresario pueda organizar la plantilla para atender a la evolución del mercado.

Asimismo, piden que hay que facilitar el convenio de empresa y la posibilidad de incumplir el del sector si ello pone en peligro la viabilidad de la compañía. Asimismo plantea una nueva Ley de Huelga, favorecer la solución extrajudicial de los conflictos laborales y restaurar el carácter empresarial de las mutuas de accidentes de trabajo.



Veo que los empresarios siguen sin entender el orígen de esta crisis y las medidas que hay que adoptar para salir de ella. Aunque la moderación salarial ha sido muy beneficiosa en otras ocasiones en las que nuestro país se ha encontrado ante problemas de competitividad de nuestras empresas, en estos momentos no afrontamos una situación que requiera moderación salarial sino mantenimiento y mejora de la capacidad de compra de los salarios reales.

Como ya he dicho en numerosas ocasiones, la reducción sustancial del coste del despido debería venir acompañada -o, mejor dicho, precedida- en nuestro país por una modificación de la legislación financiera que permitiera el surgimiento de un verdadero sistema de capital riesgo que financiara hasta el éxito nuevas ideas empresariales sin apoyo financiero previo. Estas nuevas empresas podrían demandar así suficiente número de trabajadores como para que la estabilidad en el empleo -algo imprescindible para acceder al crédito- se diera por la facilidad de encontrar un nuevo trabajo cuando se pierde el que se tiene. La gran cantidad de liquidez que nuestro país disfruta desde su integración al Euro podría así encontrar una canalización más adecuada en el fomento del crecimiento económico que en la financiación de burbujas inmobiliarias.

En caso contrario, si la reducción del coste del despido se realiza por si sola, aparecería de inmediato una gran bolsa de trabajadores precarios mal pagados cuya capacidad de compra se vería reducida al límite dejando nuestro crecimiento económico únicamente en manos de nuestro sector exportador. Craso error económico al que han sucumbido varias generaciones de nuestros empresarios y gobernantes. Y al que parece que todavía siguen atados.

Respecto a la evolución de los costes laborales en el tiempo, la indexación de los salarios respecto a la inflación se decidió fijar con reconocimiento oficial en este país durante los primeros años de nuestra Democracia para intentar controlar la espiral inflacionaria que se había iniciado a partir de 1973, cuando los empresarios -beneficios empresariales- y los trabajadores -capacidad de compra de las familias- competían por ver quien perdía menos en el proceso de subida de precios. Romper esta indexación supondría afrontar el futuro con un cambio de estrategia significativo.

Para empezar, está claro que esta es una claúsula que impide ajustar los salarios a la baja por convenio y que ello ha generado muchos problemas para aquellas de nuestras empresas que han querido competir en los mercados rebajando los costes laborales.

Por otro lado, nuestros salarios medios son en la actualidad sustancialmente más bajos -sobre el 75%- que la media de aquellos países europeos cuyas industrias compiten con nosotros mientras que nuestros precios internos sí son muy similares -tal y como puede verse en los cuadros que he incluido dentro de la página de Estadísticas económicas de este Blog, nuestro nivel de precios es aproximadamente un 92% del de la media de estos países-. Es decir, la capacidad de compra de las familias españolas es más reducida que la de las familias de estos otros países. Y eso sin tener en cuenta la burbuja inmobiliaria que hemos sufrido en nuestro país entre 1997 y 2007, burbuja que ha reducido dicha capacidad de compra mas de un 20%. Todo depende por tanto del tipo de sociedad que queremos para nuestro futuro.

En el mundo en que vivimos, hablar unicamente de productividad del factor trabajo es muy complicado por lo dependiente que es actualmente la productividad de cada factor de la productividad de los demás. Las estadísticas que valoran la productividad del factor trabajo analizan la evolución del Coste Laboral Unitario, es decir, del coste laboral -salarial + Percepciones no salariales + Seguridad Social- por unidad de producto fabricado a su precio de mercado descontada la inflación. Esta forma de calcular el coste laboral se realiza, en el caso de un país, dividiendo el Producto Interior Bruto total a precio de mercado -PIBpm- por el sumatorio de todos los costes laborales para las empresas que producen dicho PIB.

Para el caso de una empresa concreta, la fórmula de cálculo sería dividir la cifra total de ventas por el coste laboral total de dicha empresa. En este caso hay que tener un especial cuidado con los períodos de cálculo. Si los salarios aumentan, aumenta inmediatamente el coste laboral y disminuye por tanto el margen por unidad de producto vendido. Esto quiere decir que los salarios podrían subir a finales de aquel año para el que la productividad hubiera aumentado pero dicho aumento repercutiría inmediatamente en que la productividad partiera de una situación más baja para el año siguiente. Por tanto, la empresa tendría que calcular los aumentos de productividad entre cada comienzo y cada fin de año con independencia de las variaciones interanuales.

En este escenario, la forma en que la productividad del trabajo aumentaría -o se reduciría- y, por tanto, los salarios crecerían -o disminuiríam-, sería:

  1. aumentando los conocimientos –knowhow– aplicados al proceso de producción por los trabajadores de tal forma que aumentara su capacidad de producir por hora trabajada -los trabajadores que estuvieran en una cadena de montaje muy estandarizada tendrían muy dificil poder optar a este tipo de mejora en la productividad mediante un proceso de formación autónomo sin contar con un plan empresarial adhoc
  2. aumentando la tecnología aplicada a cada puesto de trabajo -mejorando el software -programas- o el hardware -las herramientas- y enseñando a usarlo/las a los trabajadores-
  3. aumentando los precios de los productos. No hay que olvidar que la productividad se mide por la diferencia entre los precios y los costes de cada unidad de producto. Aquí entraría la capacidad de cada empresa en su mercado para incrementar los precios de acuerdo al aumento del IPC. Si la empresa es dominante y la economía no va mal podrá hacerlo, pero si la empresa no es dominante o la economía va mal los incrementos de precios no serán posibles e incluso podríamos estar ante reducciones en dicho precio que, de no verse compensadas por disminuciones en los costes procedentes de mejoras en el knowhow o en la tecnología, podrían derivar en reducciones del salario.
  4. Aumentando las ventas por un aumento externo de la demanda o una mejora de la competitividad precio+calidad+imagen de los productos de la empresa



Una vez explicado en que consistiría la propuesta de los empresarios, paso a explicar las ventajas y los inconvenientes que esta elección presenta. Las ventajas son evidentes desde el momento en que los empresarios no se van a encontrar con un coste importante que se incrementa año a año independientemente de que el valor de sus productos o sus ventas se hayan podido incrementar o reducir durante esos períodos. Es mucho más lógico que los salarios vayan vinculados a los resultados reales de una empresa que a la evolución de los precios de la cesta tipo de productos para la compra. Los empresarios tendrían mucha más capacidad para soportar períodos de crisis ya que sus gastos se verían reducidos de acuerdo a sus ingresos y ello permitiría a muchas más empresas sobrevivir en situaciones de estrés y que nuestro tejido empresarial, y por tanto el aumento de la oferta de puestos de trabajo, fuera mayor.

Respecto a los problemas, si lo que deseamos es una economía donde los salarios crezcan y decrezcan en función del crecimiento de los márgenes empresariales respecto de los costes laborales, los empresarios tendrían que estar dispuestos a soportar una gran presión sindical en la toma de decisiones sobre la estrategia empresarial. Los trabajadores como clase sólo aceptarían vincular los salarios a los beneficios si tuvieran algo que decir sobre todo aquello que incide en dichos márgenes y por lo tanto en sus salarios, es decir, sobre todas las funciones de la empresa en la que participan, desde la compra de materias primas hasta la orientación comercial de la misma. Algo que a los empresarios no creo que les hiciera mucha gracia.

Desde el punto de vista de la economía de todo un país, la capacidad de compra de estos trabajadores estaría también vinculada a la evolución de las empresas y a la situación económica general. Esto tendría repercusiones bastante importantes ya que a partir de ese momento dicha capacidad de compra, y con ella la capacidad de obtención de créditos al consumo concedidos por parte de las entidades financieras, quedaría mucho más expuesta en el corto plazo a los resultados de la política económica de los gobiernos, a la demanda internacional de nuestros productos o a la evolución de la capacidad de competir de nuestras empresas. Por tanto, la demanda y, por supuesto, las ventas de las empresas -y la economía de todo el país- sufrirían mucho más rápidamente los efectos de una recesión o de una recuperación de nuestra economía. Las empresas dejarían de ser las que en primera instancia hicieran de colchón amortiguador de las crisis, algo que han hecho gustosos estos años anteriores dado que en los años de bonanza sus beneficios se han incrementado muy por encima de los costes laborales, para pasar a compartir todo su peso con los trabajadores.

En definitiva, los empresarios tienen que saber que este cambio de estrategia es mucho más que un simple cambio en la forma de hacer crecer o decrecer los salarios de sus trabajadores. Presenta obvios beneficios en los momentos de crisis pero implica menos incrementos en sus márgenes en los momentos de bonanza. Claro que luego está la negociación respecto a los porcentajes de vinculación entre las variaciones en los salarios y las variaciones en los márgenes empresariales.

4. Restablecimiento del crédito y de la liquidez para las empresas
Para ello plantean concluir el proceso de reestructuración del sistema financiero; gestionar su reestructuración con criterios transparentes y que eviten la distorsión de la competencia; el cumplimiento estricto de la ley de morosidad por parte de las Administraciones Públicas; el reconocimiento de la deuda de las Administraciones Públicas con proveedores y establecer un calendario de pagos. Además, los empresarios piden al próximo Ejecutivo la compensación de las deudas tributarias y de la Seguridad Social con deuda de las Administraciones Públicas con las empresas.



La primera parte de esta propuesta es una obviedad que no es necesaria ya que la reestructuración se está llevando a cabo y terminará en breve salvo que Europa siga en sus trece con los nuevos requisitos de capital para tapar los agujeros creados por su mala gestión de la crisis Griega. Lo de pedir transparencia en la reestructuración da una idea de lo faltos que estamos en este país de instituciones democráticas independientes que velen por esta transparencia. No me cansaré de repetir que una de las medidas más importantes y mas necesarias para regenerar la Democracia es devolver la independencia a todas estas instituciones de nuestro sistema que deberían ser independientes pero que han sido colonizadas por los partidos políticos desde casi los primeros gobiernos democráticos.

La solicitud de cumplimiento estricto de la ley de morosidad no es sino una muestra más de uno de los problemas que aquejan a nuestro Sistema Democrático. Como quien debería hacer cumplir esta ley -sistema judicial- esta colonizado en sus mas altas instancias por los mismos que la incumplen -la casta política que gasta sin medida desde sus puestos en la Administración-, resulta cuando menos desesperanzador ver como las empresas tienen que pedir que se cumpla lo que ellos sí tienen que cumplir si no quieren ver embargados sus bienes.

La última propuesta es tan razonables como las otras. Aunque todas ellas son interesantes para mejorar el funcionamiento del sistema económico, ninguna va a resolver la raíz del problema, que es la falta de demanda para los productos de las empresas.

5. Unidad de mercado y fomento del espíritu emprendedor.
La organización que dirige Juan Rosell propone a los candidatos que se unifique la legislación que afecta a la actividad empresarial, que se apruebe una Ley de Garantía de unidad de mercado, que se simplifique la normativa y que se reduzcan aún más las cargas administrativas. Además, CEOE cree que hay que elevar la valoración social de la figura del empresario y de la economía de mercado, reducir los costes de financiación de las empresas que empiezan, crear un régimen especial en la política fiscal y laboral para las empresas de nueva creación y mejorar el funcionamiento de las ventanillas únicas.



Es dificil de entender que la unidad de mercado no haya sido una máxima durante todo el proceso de creación de las autonomías. Parece mentira que queramos seguir integrados en un mercado común con el resto de países de la zona euro y que aquí en España tengamos tanta disparidad entre las normas administrativas de cada región.

Algo que me resulta curioso es que los empresarios metan en la misma frase la elevación en la valoración social de la figura del empresario y la reducción en los costes de financiación, la creación de una fiscalidad y una legislación laboral especiales para las empresas que empiezan. Como si tuviera la misma importancia o menos lo segundo que lo primero. Como si para los empresarios ser mejor considerados tuviera la misma importancia o mayor que facilitar el surgimiento de nuevas empresas. Como si no fuera una de las cosas más importantes para salir de la crisis el facilitar la aparición de nuevos empresarios. Esto debería aparecer en negrita y en primer lugar. Sin nuevos empresarios que surjan con facilidad no se crearán nuevas ofertas de trabajo que sirvan para dar empleo a aquellos trabajadores que pierdan su puesto de trabajao por unas condiciones laborales más flexibles y/o por una situación de crisis como la actual. Ya he hablado antes de lo importante que es el capital riesgo como fuente de financiación de las empresas nuevas sin respaldo financiero fuerte previo. Y no hablo de capital público sino de capital privado al que un cambio legislativo adecuado le permita ofrecer financiación a estos nuevos proyectos empresariales a cambio de interesantes beneficios si el proyecto triunfa. Como sucede en EEUU.

6. Apuesta decidida por el proyecto de construcción europea.
CEOE quiere el cumplimiento estricto de las reglas de la UE, sobre todo de las reglas fiscales, una propuesta en línea con las de la canciller alemana, Angela Merkel. No obstante, la patronal plantea que en la transposición de la legislación debe tenerse en cuenta su impacto sobre la competitividad de la economía española. Los empresarios quieren más presencia de España en las decisiones europeas.



Esta propuesta de los empresarios es más bien una queja con razón por la dejación de funciones que nuestros gobiernos de mediocres han hecho respecto al cumplimiento del Tratado de Maastricht y respecto a la defensa de sus intereses empresariales en Europa. Esta claro que una elevación de los requisitos de capital para las instituciones financieras que se aplique solo en España y no en el resto de países de Europa va a perjudicar cláramente los costes financieros de nuestras empresas frente a nuestros competidores. Lo mismo sucede con el compromiso alcanzado por nuestro Gobierno con las instituciones comunitarias de reducir el déficit público a un 6% este año. No es lo mismo subir el IVA y reducir la demanda y la competitividad de las empresas para aumentar los ingresos publicos que reducir los gastos públicos para equilibrar las cuentas de nuestra Administración.

7. Mejora del sistema educativo.
¿La clave? Ampliar la libertad de las familias y la participación del sector privado. Asimismo, CEOE pide potenciar la formación profesional, la mejora de la relación entre la empresa y el sistema educativo y el impulso del conocimiento de idiomas y de las nuevas tecnologías.



Bonito grupo de peticiones. La CEOE apuesta acertadamente por la libertad y la participación del sector privado en la enseñanza. Y es que una cosa es que el Estado se preocupe porque todos los ciudadanos de nuestro país recibamos una educación básica y otra que este Estado se meta a gestionar los centros educativos en un sector donde la empresa privada puede hacerlo mucho mejor guiándose por los parámetros de la competencia. Que conste que esto anterior lo digo yo ya que la CEOE sólo pide pero no dice como puede hacerse lo que pide. Es un problema clásico de nuestro país. Muchos piden cosas pero casi nadie dice como hacerlo y cuando lo dice recurre casi siempre a políticas desarrolladas en otros países que no tienen porque resultar efectivas en el nuestro.

Por ejemplo, la CEOE pide también potenciar la formación profesional, la relación entre la empresa y el sistema educativo, el conocimiento de idiomas y de las nuevas tecnologías. ¿Dice como hay que hacerlo? Pena de país. Creo que los empresarios de CEIM, cuyas propuestas pasaré a analizar cuando termine con estas, dan muchas más ideas sobre como hacer lo que piden al Gobierno. Veremos.

8. Apuesta por la I+D+i.
La CEOE exige al próximo Gobierno el mantenimiento del esfuerzo inversor en I+D+i; la mejora de la fiscalidad de la actividad de investigación y desarrollo; el reforzamiento de los sistemas de financiación de la I+D; el incentivo a la participación de empresas españolas en proyectos europeos; la elaboración de un plan de desarrollo nacional digital, y la búsqueda de alternativas al canon digital.



Esta claro que en este país el que invierte en I+D+i es el Gobierno. Con bastantes malos resultados, por cierto, en cuanto a transferencia de sus descubrimientos a la sociedad y al tejido empresarial, para los fondos utilizados. ¿No sería mejor que esa investigación fuera delegada, fondos incluidos, a las Universidades españolas que tan necesitadas andan de esos recursos? Nuestras universidades pagan muy mal a su PDI -Personal Docente e Investigador- y estos tienen que dedicarse a otras tareas ajenas a la investigación para poder sobrevivir. Y eso lo sufren nuestras empresas, la visibilidad de nuestras Universidades en el extranjero y nuestro sistema educativo superior en su conjunto.

Las empresas podrían dirigir muchos de esos proyectos de investigación si estos dependieran de la colaboración de estas para poder obtener los fondos públicos. De esta forma, la relación Universidad Empresa se estrecharía y haría de nuestro país un lugar de innovación permanente.

Que a estas alturas los empresarios tengan que estar pidiendo una mejora en la fiscalidad para los fondos destinados a Investigación y Desarrollo da idea de la mediocridad de nuestros Gobernantes desde tiempo inmemorial. El Gobierno debería entender que los fondos dedicados a I+D+i son mucho más efectivos para reducir la pobreza y la miseria que los fondos destinados a dar cobbertura social a los necesitados. Esto quiere decir que cuantos más fondos destine un Gobierno a I+D+i menos tendrá que destinar a cobertura social en cuanto los primeros surtan su efecto en forma de innovaciones que potencien el crecimiento.

Y que tengan que pedir al Gobierno que busque fomentar la participación de empresas españolas en proyectos europeos muestra la dejación de funciones de estos político-burocratas que nos gobiernan. Lo mismo pasa con los costes de las telecomunicaciones para las empresas y los particulares, costes que van bajando con cuentagotas en nuestro país mientras en el resto de Europa son sustancialmente más bajos. Costes que implican un déficit de competitividad para nuestras empresas frente a las de nuestros socios comunitarios. ¿Y que impide que bajen estos costes? pues los privilegios que aún detenta nuestro antíguo monopolio de teléfonos en cuanto a las infraestructuras digitales.

9. Rediseño de las políticas energéticas.
Quieren que haya un adecuado equilibrio entre unos precios competitivos y una adecuada remuneración del sector; un pacto de Estado que garantice una seguridad jurídica necesaria para realizar inversiones a largo plazo, y que se integre a España en el mercado de energía de la UE.



Los empresarios quieren que la seguridad jurídica prime y eso es porque el Ministro Sebastián ha sacado una ley con retroactividad para no pagar determinadas ayudas a las empresas que habían invertido en energías renovables en función de acuerdos previos con la Administración. Esto que suena a una república bananera ha sucedido este último año en nuestro país y ha dejado la seguridad jurídica bajo mínimos. Ahora bien, no se entiende que esa seguridad jurídica no esté garantizada en nuestra Constitución que es la norma que debería evitar estos abusos por parte de nuestros mediocres Gobernantes. Creo que tendré que añadir otra propuesta más a las que ya he ido detallando en la entrada correspondiente de este blog

Por otro lado, creo que deberían primar los precios competitivos de la energía frente a la remuneración adecuada de un sector que está bien poco liberalizado y sobre el que recaen fuertes tributos que dan pingues ingresos a nuestros gobiernos. Mientras tanto nuestras empresas y particulares sufren unos precios similares en los combustibles y en la energía a los europeos teniendo en cambio unos salarios un 25% más bajos.

Por último, el mercado de la energía de la UE me da bastante miedo viendo los últimos derroteros que estan tomando las decisiones alemanas que buscan la desaparición de la energía nuclear de su mix de producción energética. Francia sigue con su política nuclear exportando energía y generando pingues beneficios mientras nuestro país sufe las consecuencias de la orientación hacias las ineficientes y caras energías renovables.

10. Aumentar la dotación presupuestaria para la internacionalización
Los empresarios quieren que se aumente la partida de gasto público destinada a la internacionalización de las empresas, la mejora del tratamiento fiscal de las actividades de exportación e inversión y la reforma del marco institucional de apoyo a la internacionalización de forma que sea más ágil y adaptado a las necesidades de las empresas. En esta misma línea, piden que se eliminen las restricciones a los instrumentos de financiación de la internacionalización y la coordinación administrativa entre el Estado y las comunidades autónomas.



La internacionalización de nuestras empresas es algo que NO tiene que realizarse apoyándose en fondos públicos sino en una legislación favorecedora de estas prácticas. Una legislación que contemple los fondos destinados a internacionalizar una empresa como partidas deducibles en el impuesto de sociedades. Una legislación que favorezca la aparición de fondos de capital riesgo que ayuden a nuestras empresas a internacionalizarse.

Vistas todas estas propuestas o soluciones la opinión que generan en este profesor es que son en su mayoría interesantes propuestas para dinamizar el mercado empresarial pero no para recuperar la demanda cuyo hundimiento provocó esta crisis y mantiene muchos sectores de nuestro tejido productivo en letargo. Además, algunas soluciones más parecen gritos de dolor o peticiones al cielo que propuestas concretas. Para que una propuesta pueda ser llamada así, debería ir acompañada de los razonamientos adecuados que permitan su implantación o su consecución. Y eso se ve poco en este texto.

En cualquier caso, la propuesta de cambiar la indexación de los salarios al IPC por una relación más estrecha de estos con los cambios en la productividad laboral podría modernizar nuestro mercado de trabajo pero siempre sabiendo donde nos estamos metiendo. En los comentarios al punto 3 de esta entrada del blog analizo el tema con bastante detalle.

Autor: Rafael Hernández Núñez

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