Análisis crítico del discurso de Investidura de Mariano Rajoy


El discurso de investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno era esperado por todos los que estamos preocupados por el devenir económico de nuestro país como una cita cuanto menos reveladora.

Perfil de Mariano RajoyHasta el momento de desvelar este discurso, sólo el programa electoral del Partido Popular había arrojado algo de luz sobre los desconocidos planes del nuevo Gobierno para luchar contra la crisis económica.

Y hasta entonces, como estudioso de la economía, he venido teniendo la impresión de que por parte del PP el debate político no iba sobre las ideas sino sobre las medidas concretas que a cada uno de los dos principales partidos políticos de nuestro país se le pudieran ocurrir para combatir la situación económica que tanto paro estaba creando.

Así, mientras que el PSOE ha estado pugnando por imponer sus criterios ideológicos respecto a la proporción de sector público que debe soportar nuestra economía, el PP ha parecido que, en su intención de ocupar el centro electoral, daba por buenas las ideas del contrincante político sin discutir más que las erradas medidas concretas puestas en marcha por el Gobierno Socialista -y no todas, pues alguna que otra la ha compartido y la comparte-.

Ahora, tras la cantidad de bruma, silencios e inconcreciones que impedían que sus ideas pudieran analizarse sin malos entendidos, le toca el turno al Partido Popular y a esas medidas que de la boca de Mariano Rajoy han empezado a tomar forma durante el discurso de investidura. Con ganas empiezo su análisis. Veremos como acabo.

Empecemos con las ideas y las medidas económicas del discurso. En uno de los párrafos introductorios, Rajoy dice:

… si no fuera por el déficit del sector público, España tendría hoy un amplio superávit frente al exterior, porque al contrario de las Administraciones Públicas, que mantienen un fuerte déficit en sus cuentas, familias y empresas ya están en superávit frente al exterior.

Interesante este dato de la Balanza de Pagos, información que corrobora que nuestro país no es un país con un déficit de competitividad tal y como vienen diciendo desde todos los foros y estamentos públicos y privados.

Un poco más adelante, Rajoy dice:

Sin confianza, sin expectativas y sin financiación, las inversiones caen, el consumo también, se destruyen puestos de trabajo, se desploman los ingresos públicos y se cierra un círculo infernal del que es necesario salir cuanto antes.

Y aquí empieza a torcerse el análisis que el PP hace de la situación de nuestra economía. No pone por delante la caida del consumo como consecuancia del agotamiento de la capacidad de compra de las familias, tal y como sucedió en realidad, sino que estima que el consumo cae a partir de la caida de la confianza, de las expectativas y de la financiación. Es decir, Rajoy y su equipo creen que nuestro país está en una crisis de competitividad que ha afectado a la producción, y esta al empleo y al consumo. Bien empezamos.

Entrando ya en el contenido económico de las propuestas del Discurso del nuevo Presidente del Gobierno, podemos separarlo para su análisis en los tres ámbitos de reforma (vaya terminología) que propone:

El Gobierno acometerá con urgencia tres ámbitos de reforma para garantizar el encaje de España en la Unión Monetaria, disipar por completo las dudas y animar a la inversión, la creación de empresas y la generación de oportunidades de empleo para los ciudadanos.

El primero es la estabilidad presupuestaria. Siempre ha sido bueno para nuestra economía tener las cuentas públicas en orden. Nunca han partido los períodos de crecimiento y mejora del bienestar de nuestra sociedad de los déficit, del exceso de Deuda Pública, o de las facturas en los cajones. Todo lo contrario, la disciplina presupuestaria ha marcado siempre los inicios de momentos de expansión económica y progreso social.

En este campo, no partimos de cero. La reforma constitucional aprobada en la Legislatura pasada es el fundamento de la nueva forma de presupuestar y gastar que, a partir de ahora, aplicarán todas las Administraciones. Nos hemos adelantado al resto de los países europeos. El último Consejo Europeo ha establecido la obligación de hacer lo que en España ya hemos hecho hace cuatro meses.

Ahora debemos ir más allá. Por eso, la primera Ley que aprobaremos, la primera piedra de nuestro proyecto reformista, será la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Veamos, de nuevo observo como en un texto de esta importancia -ver mi entrada sobre la reforma de la Constitución– vuelve a hablarse de estabilidad presupuestaria, cuando de lo que se debería hablar es de equilibrio presupuestario. Estabilidad hace referencia a presupuestos similares en el tiempo, a lo largo de los años. Equilibrio es lo que hace referencia a igualad entre ingresos y gastos. Esto de utilizar terminología equívoca por las altas esferas de la Política es algo que se va extendiendo y parece deberse a la mediocridad de los que nos gobiernan.

Dicho esto, no puedo por menos que lamentar que este señor y su equipo sigan con el paripé de hacer buena una reforma Constitucional que no es más que papel mojado. ¿Es que no se dan cuenta de lo obvio? Basta una breve reflexión sobre lo aprobado para darse cuenta de que lo que supuestamente pretende limitarse, es decir, la capacidad de endeudarse de los Gobiernos en tiempos de crisis -cuando los distintos Gobiernos lo requieren por la disminución de los ingresos corrientes impositivos o por su deseo (en los Gobiernos de corte socialdemócrata) de poner en marcha políticas económicas keynesianas de gasto público reactivador-, no ha quedado en absoluto coartado pues todo depende del contenido de una ley que puede cambiarse por mayoría cualificada en cada legislatura y de que el Parlamento decida que hay crisis económica.

Esta reforma constitucional es una muestra de lo que desde que empezó nuestra democracia están haciendo los partídos políticos que nos gobiernan. Crean leyes y estatutos de autonomía para instituciones democráticas que deberían ser inmunes e independientes del poder político de turno que están llenas/os de agujeros por donde se cuelan entonces las voluntades políticas de aquellos que gobiernan para forzar, torcer y deformar el funcionamiento real de estas leyes e instituciones. La okupación política de todo el esqueleto democrático es un hecho y la sociedad real tiene que defenderse exigiendo reformas reales de nuestras leyes e instituciones.

Europa, en este baile de deformaciones de los sistemas democráticos es un comparsa más de los gobiernos comunitarios. Sus gobernantes y sus técnicos no son sino más de lo mismo. Los mismos políticos mediocres nacionales elevados al altar de los grandes sueldos y las grandes decisiones que afectan a todos los europeos. Por eso no nos ha de extrañar que desde el BCE al Consejo o al Parlamento Europeo, se hayan tragado nuestra reforma constitucional como algo que va a coartar los impulsos de gasto de cualquier gobierno futuro con la misma mediocridad intelectual del que acabamos de ver salir de nuestra vida política.

El segundo ámbito de reforma queda descrito de la siguiente manera:

En segundo lugar, es necesario culminar de forma efectiva el proceso de saneamiento del sector financiero. Mientras que el resto de los países han emprendido hace años esquemas de saneamiento de los activos tóxicos y adecuación de la valoración de los activos bancarios, en España todavía pesan serias incertidumbres sobre los balances, y el acceso a la financiación internacional de nuestras entidades es extremadamente difícil. Ello ha llevado a una escasez de crédito mayor en nuestro país que en la mayoría de los países de nuestro entorno. No será posible la recuperación de niveles adecuados de crédito y liquidez para las empresas y familias españolas sin el saneamiento y posterior reestructuración de nuestro sistema financiero.

Traer al discurso de investidura el saneamiento de los activos tóxicos de las instituciones financieras es algo que debería satisfacer el intelecto de aquellos a los que nos gusta la economía y que venimos proclamando a los cuatro vientos que los bancos e instituciones financieras no pueden mantener en sus balances todas las viviendas embargadas por impago de créditos hipotecários para no incurrir en párdidas ayudándose para ello de los fondos públicos inyectados en dichas instituciones con la excusa de cubrir los agujeros creados por la crisis de las hipotecas subprime americanas. Pero ni la crisis de las hipotecas subprime afectó de forma muy importante a nuestras instituciones financieras -ver la entrada de este blog ‘Esta crisis que nadie entiende’-, ni el saneamiento de estos activos traerá por sí sólo la recuperación del crédito a las empresas y las familias.

Como muy cláramente dijo Francisco González -Presidente del BBVA- en un discurso muy clarificador del año 2010, los bancos no dan crédito porque no les llegan proyectos solventes. Es decir, si una familia llega con dificultades a fin de més es dificil que consiga una hipoteca porque los bancos no creen que pueda generar una renta suficiente y estable como para seguir con el ritmo de vida que llevan y encima hacer frente a los pagos de las cuotas de los créditos solicitados. Los bancos no quieren quedarse con las viviendas. A la situación actual en la que los bancos van a tener que deshacerse de todas estas viviendas finalmente embargadas por impago con grandes pérdidas me remito. Lo mismo pasa con las empresas si estas no venden debido a la caída del consumo. Y no digamos si a eso encima se le añade los recortes en los salarios de los empleados públicos, la subida de los impuestos -IVA y tasas-, el aumento espectacular del paro, la deuda pública y la incertidumbre.

El tercer ámbito nos los describe Rajoy como sigue:

El tercer ámbito de nuestro proyecto es el de las reformas estructurales. Nuestra economía ha de ser más flexible y competitiva. Si, con el tiempo, nuestros productos y servicios se hacen más caros que los de los competidores, perderemos cuotas de mercado dentro y fuera de España. Y menos ventas significan menos inversiones y menos puestos de trabajo. Tenemos que moderar los costes y los precios. No nos podemos permitir una inflación más alta que la de nuestros socios europeos y, menos aún, con las inaceptables tasas de paro que arrastra nuestro país.

Por lo tanto, pondremos en marcha un paquete de reformas económicas, empezando por la del Sector Público, para primar la austeridad, lograr mayor eficiencia, y evitar duplicidades, atendiendo a la premisa de “una Administración, una competencia”.
Es imprescindible llevar a cabo una profunda modernización de la legislación laboral, al servicio de la creación de empleo que apueste por una mayor estabilidad, una mayor flexibilidad interna en las empresas y que considere la formación como un derecho del trabajador.

Junto a ellas, es esencial definir un marco fiscal más adecuado a las necesidades de los emprendedores, que tendrán un protagonismo esencial en la recuperación económica del país y una prioridad preferente en nuestro programa de reformas.
Un programa que no estaría completo si no abordara una estrategia integral para impulsar la competitividad de nuestra economía, que abarque todos los sectores de la misma, especialmente aquellos con más futuro, incluyendo sus órganos reguladores, el modelo energético o la necesaria apuesta por la innovación y la internacionalización de las empresas españolas.

Empieza el ámbito con una reflexión sobre los perjuicios que a nuestro país causaría una pérdida de competitividad, reflexión que en principio parece acertada. De acuerdo también con la reforma del Sector Público para evitar duplicidades y primar la austeridad y la eficiencia aunque no entiendo como treinta años después de la aprobación de la Constitución que dió orígen a nuestro sistema democrático descentralizado, aún tengamos que estar resolviendo estos problemas de duplicidades que gravan tanto las cuentas públicas. ¿En que estábamos hasta ahora? ¿En agrandar la Administración, aumentar el número de empleados públicos, el gasto, los impuestos y nada más? Y es que gran culpa de este desorden la tienen los sucesivos Ministros de Administraciones Públicas, entre los que se encuentra el propio Mariano Rajoy nombrado por Aznar como tal en 1996.

Espero que cuando el gasto se reconduzca a niveles aceptables y se solucione el problema de la deuda, el diferencial entre ingresos y gastos públicos que aparecerá se repercuta diréctamente en una bajada de los impuestos a las familias y a las empresas. Estaremos atentos.

Lo que se dice a continuación de la reforma laboral es una declaración de intenciones que como tal puede ser aceptable. Habrá que ver su desarrollo y su acompañamiento en cuanto a medidas que apoyen el surgimiento de nuevas empresas que equilibren el mercado de trabajo frente a una mayor flexibilidad en el despido. Para analizar estos dos últimos párrafos de este ámbito hay que recurrir a su desarrollo tal y como aparece más adelante en este mismo discurso.

Respecto a la reforma del Sector Público,

Éstas son las medidas urgentes que pondremos en marcha:

Redimensionamiento del sector público y del personal a su servicio. Inicialmente, en el ámbito de la Oferta Pública de Empleo se llevará a cero la tasa de reposición de personal del sector público, excepto en el ámbito de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Servicios Públicos Básicos.

Reestructuración y supresión de Organismos Autónomos, Agencias y otras entidades públicas. El Gobierno va a abrir un proceso de simplificación del sector público empresarial y fundacional del Estado con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades.

Reducción de los gastos de funcionamiento de la Administración mediante el recorte de los gastos corrientes de la Administración General del Estado, la gestión integral del patrimonio inmobiliario y de los alquileres, del recurso a centrales de compras, incluso entre Administraciones Públicas de diferente ámbito, para conseguir mejores precios y la racionalización de los medios personales y materiales a disposición de la Administración.

Esto de la tasa de reposición a cero por defecto es como la ley de 35 horas aplicada por ley a todas las empresas, una tontería económica como la copa de un pino. No se puede poner esto en un discurso porque queda uno de lo que a lo mejor no es. Vamos a ver, la reposición de las bajas por jubilación en el sector público habrá que analizarla en función de la tarea que dicho jubilado ejerciera. No se puede dejar una actividad esencial parada porque no hay un funcionario cualificado que revise unos planos o unos documentos debido a que no se ha contratado a nadie nuevo para suplir una baja. Habrá departamentos donde sobren todos y otros donde no sobre ninguno. Y un funcionario no es de plastilina. No puede tomar cualquier forma como no puede ejercer cualquier función dentro de la Administración Pública. Por eso imagino que excluyen de esa tasa de reposición cero a los Servicios Públicos básicos, concepto en el que caben todos aquellos servicios públicos que al político de turno se le ocurra meter.

Lo de reducir el Estado quitando organismos y fundaciones innecesarias me parece muy bien, pero ¿no podrían haber traído ya una lista razonada? ¿No han tenido tiempo suficiente en los últimos 3 o 4 años? La contestación política a estas medidas calentará la calle sin dudarlo. ¿O es que no piensan de verdad hacer lo que dicen? Seguiré con atención los movimientos en este sentido que se sucedan a partir de ahora. Veremos en que queda la reducción ‘Sensible’.

La tercera medida deja entrever una venta de inmuebles ocupados por las Administraciones Públicas al objeto de alquilar aquellos espacios necesarios con posterioridad. Medida que, dependiendo de quien alquile y el procedimiento utilizado para alquilar, puede reducir costes o aumentarlos considerablemente. Lo único claro es que necesitan vender para obtener fondos con los que pagar el enorme agujero creado por el anterior Gobierno.

Respecto a la reestructuración del Sistema Financiero:

Uno de los principales riesgos que se perciben de la economía española es la deuda privada que se canaliza a través del sistema bancario.

El objetivo de la reestructuración del sistema financiero es que resulten entidades rentables, fiables y solventes.

La primera medida es el saneamiento de los balances. Es decir, despejar las dudas sobre las valoraciones de determinados activos, especialmente inmobiliarios, que están impidiendo un acceso adecuado de las entidades financieras a los mercados y, a su vez, contaminan la credibilidad de la Deuda Pública.

Para sanear los balances son necesarias, entre otras, dos actuaciones:

– La venta de los inmuebles terminados en manos de las entidades financieras.

– Una valoración muy prudente de los activos menos líquidos (como solares y promociones sin terminar).

Estas medidas supondrán la asunción de pérdidas latentes u ocultas en los balances, por lo que es inevitable una segunda ola de reestructuraciones con las siguientes características:

– Más fusiones y cambio del mapa bancario hasta tener entidades suficientemente sólidas.

– Más necesidades de capital para mantener la solvencia.

Cambio en el modelo de regulación de las entidades tenedoras de las acciones (cajas y fundaciones procedentes de cajas) para garantizar su independencia y profesionalidad.

Cambio del sistema de supervisión y regulación del Banco de España, que lo agilice y tecnifique, evitando las indecisiones y bloqueos que lo han caracterizado.

Impulsaremos, por tanto, la culminación del proceso de reestructuración del sector financiero, en los primeros seis meses del año, como requisito imprescindible para que vuelva a fluir el crédito a empresas y hogares y, con ello, fomentar la recuperación del crecimiento y del empleo en nuestro país.

Las idea de sanear los balances me parece muy acertada. Ahora queda por ver como piensan hacerlo, si con ‘Banco Malo’ o sin ‘Banco Malo’. Ayudar a las Instituciones financieras a deshacerse de unos activos sobrevalorados por culpa de una burbuja inmobiliaria generada por la falta de conocimientos económicos de nuestros políticos y altos técnicos de nuestra Administración -tanto española como comunitaria- me parecería lo más razonable. Sería asumir culpas por parte de esta misma Administración y la clase política y no penalizar excesivamente a quien ninguna culpa tiene.

Lo contrario significaría hacer cargar a los bancos con un coste que puede perjudicar bastante sus balances y provocar un endurecimiento en las condiciones en las que estas acceden al crédito en los mercado internacionales con el argumento de que tuvieron excesivos beneficios durante el tiempo que duró la burbuja inmobiliaria. Los excesivos beneficios de la banca no los veo por ningún lado, pues esta no se comportó durante ese período de forma usuraria. Más bien lo contrario, la excesiva liquidez de los mercados la canalizaron hacia el crédito como hubieran hecho en cualquier otro momento sin burbuja, ajustando precios y compitiendo entre las distintas instituciones financieras. Además, las previsiones económicas que daba el Estado estaban intencionadamente manipuladas para aparentar crecimiento y estabilidad donde lo que había era recalentamiento y agotamiento de la capacidad de compra. Los bancos, en su falta de economistas suficientemente cualificados, tomaron las estadísticas públicas como buenas y cayeron en la trampa dando crédito en condiciones favorables hasta el momento mismo en que se desató la crisis en los primeros meses de 2007. Hubo beneficios, si, pero no más que en cualquier otro proceso de crecimiento de la actividad sostenido en el tiempo.

Por ello la carga de arreglar el problema de estos activos sobrevalorados debe ser compartida entre el Estado y las propias Instituciones Financieras. Estas deben cargar con la parte que les corresponde por tener unos servicios de estudios tan creídos de si mismos que se olvidaron de pensar mientras que el Estado debe cargar con la suya por la nefasta gestión económica de unos gobernantes tan mediocres que no supieron ver ni el origen ni supieron entender ni encontrar las soluciones a esta crisis que ahora nos agobia. Al ser estos elegidos democráticamente, el Estado tiene como responsables civiles y económicos subsidiarios a aquellos que votaron mayoritariamente a dichos gobernantes. Es decir, el conjunto de ciudadanos. Por eso el ‘Banco Malo’, a pesar de que puede suponer un desembolso inicial sustancioso para el Sector público, es la única opción razonable.

Un ‘Banco Malo’ -sociedad pública sin actividad crediticia- para el que el Estado adquiera en un primer momento, con una quita en el precio bastante razonable -entre su valor de balance y su valor de mercado-, todas las viviendas que las instituciones financieras mantienen sobrevaloradas en sus balances, pondría entonces sacar todas estas viviendas al mercado ayudando así a reducir su precio a un nivel razonable, recuperando la demanda del sector inmobiliario, saneando las cuentas de los bancos y devolviendo por último al Estado gran parte de los fondos aportados al ‘Banco Malo’ para comprarle los activos tóxicos a los bancos.

Siguiendo con las medidas propuestas para sanear el Sistema Financiero, lo que no me parece acertado es la necesidad de seguir adelante con las fusiones entre las instituciones financieras ni con con el aumento en las necesidades de capital de estas para hacerlas más solventes. Un banco no es más solvente por tener más capital, sino por tener una gestión más eficiente y gestores mas cualificados y responsables. La historia está llena de bancos con mucho capital que han caído desde lo más alto. Por otro lado, la falta de competencia a la que nos están empujando con tantas fusiones lo único que nos va a traer es precios más altos en los servicios financieros, penalización de la capacidad adquisitiva de los salarios y menos competitividad en nuestras empresas. Además, cuanto más capital se requiera para crear una entidad de crédito, más alta se pone la barrera de entrada al sector financiero y más dificil la necesaria competencia en ese sector de servicios tan esencial en nuestro sistema económico. Cuanta falta de razonamiento económico se esconde tras estas medidas.

La modificación regulatoria que quieren poner en marcha para cambiar el marco que rige la actividad de las Cajas de Ahorro y sus Fundaciones debería evitar de una vez por todas el protagonismo político en su gestión diaria. No pueden ser estas entidades un refugio de políticos apesebrados por el poder de turno para realizar favores económicos a empresas y partidos políticos afines. Su gestión ha sido tan interferida por los caprichos de sus gestores políticos de turno que su viavilidad se ha visto afectada seriamente estos últimos años. Veremos que medidas toman exactamente.

Respecto al Banco de España, lo que debería abordar el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy es un cambio en el sistema de elección del Gobernador y el consejo de Turno y dejarse de modificaciones regulatorias que han de ser aplicadas por esos mismos políticos que han sido elegidos para sus cargos por aquel Gobierno -sin consultar a nadie para ello- que tiene okupadas políticamente algunas de las instituciones financieras a supervisar. Independencia real del Gobernador y el Consejo, SI. Más cambios regulatorios para que nada cambie, NO. El que quiera leer un trabajo realizado para el doctorado sobre la independencia real del BE y el BCE en el actual marco europeo puede descargarlo aqui (en formato pdf).

A este respecto, en el propio discurso, más adelante se dice que

“Algunos de los sectores estratégicos de nuestra economía necesitan ser regulados, y de la buena regulación y supervisión de los mismos depende, en gran medida, la competitividad de nuestra economía. Por ello, reduciremos el número de Organismos Reguladores y reordenaremos sus competencias, proponiendo un nuevo sistema de nombramiento de sus miembros con mayor intervención del Congreso de los Diputados. Para ello, el Gobierno, en el primer trimestre del año 2012, remitirá a la Cámara una Ley para el refuerzo de la independencia de estos organismos y mejora de la regulación de la actividad económica”.

Veremos en que queda la independencia de todos los organismos e instituciones reguladoreas del mercado que, como el Banco de España, deberían ser independientes para el buen funcionamiento de la Democracia. Viendo la trayectoria de los partidos que se han alternado en el poder desde 1982, no tengo muchas esperanzas de que esto sea lo que finalmente emerja de esa nueva Ley.

Los cambios que propone el discurso para el Sistema Fiscal Empresarial son los siguientes:

En este marco adoptaremos de manera inmediata, entre otras, las siguientes medidas:

Compensación de deudas: Estableceremos un procedimiento de compensación automática similar al de la cuenta corriente tributaria para cualquier tipo de deuda reconocida por una Administración Pública.

Reformas en el Impuesto sobre el Valor Añadido: Modificaremos el régimen del IVA para que autónomos y PYMEs no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes.

Igualmente se mantendrá el tipo superreducido en la adquisición de vivienda, pero únicamente si se trata de la vivienda habitual y con un límite en su precio de adquisición.

Ayuda fiscal al empleo: Crearemos una ayuda fiscal por importe de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador.

Reformas del Impuesto sobre Sociedades: Eliminaremos las limitaciones existentes en la actualidad para la aplicación en el Impuesto sobre Sociedades del tipo impositivo del 20% a las empresas con cifra de negocios inferior a cinco millones de euros. Ampliaremos hasta los 12 millones de euros la cifra de negocios que permite acogerse al régimen especial previsto para las empresas de reducida dimensión, y aumentaremos -a la vez- hasta los 500.000 euros el límite de base imponible al que se aplica el tipo reducido del 25%.

Fijaremos una exención por modernización de los activos fijos de las empresas. Las empresas no tributarán por las plusvalías que obtengan en la venta de sus activos fijos cuando las reinviertan, para fomentar, así, que el capital invertido se reutilice en la modernización de la propia actividad empresarial.

Modificaremos la fiscalidad de los beneficios no distribuidos, de manera que aquellos dedicados la adquisición de nuevos activos, tributen diez puntos menos que los destinados a ser distribuidos a los accionistas.

El procedimiento de compensación de deudas con la Administración Tributaria y el pago del IVA realmente cobrado por Autónomos y PYMES creo que son medidas buenas y necesarias que servirán para facilitar la actividad económica una vez esta se recupere por la reactivación del consumo. Ahora, si ese es todo el paquete de medidas para mejorar las condiciones económicas de los Autónomos y las PYMES, me parece que se han quedado muy cortos. Hay otras cuantas medidas que expongo en la entrada de Medidas para salir de la crisis del blog que, siendo también muy interesantes, ni se mencionan.

Lo del tipo superreducido para la Adquisición de vivienda es una forma como otra cualquiera de aumentar la capacidad adquisitiva -la capacidad de compra- de los salarios de aquellos españoles que están en vías de comprarse una vivienda. Es una buena medida que seguro que ayudará a incentivar la compra de viviendas cuando el precio de estas baje, como consecuencia de la salida al mercado de todo el stock acumulado en los balances de los bancos, a un nivel asequible -incluyendo esta medida y otras como la recuperación de la desgravación fiscal por adquisición de vivienda- para el salario medio de los españoles. En la página de este blog llamada ‘Estadísticas Económicas’ puede verse para qué nivel de esfuerzo -porcentaje del salario medio mensual que hay que dedicar al pago de la cuota mensual de una hipoteca media- se desarrolló mas el mercado de compraventa de viviendas -años 2001-2005.

La ayuda fiscal de 3000 euros para la contratación del primer trabajador no la acabo de ver como un incentivo al empleo sino como una reducción de costes para aquellas empresas que comienzan su andadura. Si fuera enfocado a la creación de empleo sería una medida poco efectiva ya que no creo que nadie contratara a alguien por la rebaja en el coste que suponen esos 3000 en el primer ejercicio -los salarios hay que seguirlos pagando todos los años-. A no ser que el contrato fuera sólo por un año y que al año se despidiera al trabajador y se contratara a otro para volver a cobrar la ayuda. En este caso esta sería una medida contraproducente, así que habrá que estar pendiente del desarrollo de la normativa que sea redactada para hacer efectiva la aplicación de la misma.

Las reformas del impuesto de sociedades me podrían parecer más acertadas -pues todas las medidas que ayuden a nuestras empresas a ser más competitivas por la vía de reducir sus costes me parecen buenas- aunque en este caso creo que hubiera sido mucho más efectivo mantener los tipos del impuesto de sociedades y rebajar sustancialmente el IVA general para recuperar la capacidad de compra de los salarios que es lo que verdaderamente ha sufrido estos últimos 13 años y lo que ha dado origen a esta crisis. Esta minoración en los ingresos del Estado si que se vería compensada con un aumento en la recaudación derivado del aumento del consumo. Por lo tanto creo que aquí se está errando el tiro porque no son las empresas las que han sufrido el mayor descalabro tal y como sucedió en el año 1996-97, sino los consumdores y su capacidad de gasto en consumo.

La exención por modernización parece una medida correcta aunque en estos tiempos en los que las empresas no generen beneficios es dificil que dediquen algo de sus ingresos a la modernización de sus instalaciones. No es una mala medida pero su impacto a corto me parece menor. Quizá cuando la actividad se recupere está medida tendrá un efecto dinamizador sobre la innovación empresarial interesante.

Lo mismo pienso sobre las modificaciones en la fiscalidad de los beneficios no distribuidos. Creo que van a beneficiar a aquellas pocas empresas que generen beneficios y no repartan, empresas que se me antojan en su mayoría patrimoniales. Habrá que ver si el desarrollo normativo exime a estas últimas de estos beneficios pero en caso contrario estas sociedades serán las principales beneficiadas. Sobre el resto de empresas esta medida tendrá el efecto de acentuar si cabe la utilización de sus recursos por parte de sus accionistas como algo personal. La inspección de hacienda no da abasto ahora y me temo que mucho menos dará cuando esta medida se ponga en vigor.

Según voy leyendo voy observando muchas, demasiadas, injerencias normativas en el funcionamiento empresarial que creo que no darán el fruto esperado como no lo han dado hasta ahora. Más libertad, menos impuestos y más información sería mucha mejor receta para un empresariado mucho más formado que hace unos años.

Para la tributación personal Rajoy sólo trae en su discurso dos medidas:

Mejoraremos la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.

Recuperaremos la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual.

La primera de ellas, mientras que los planes de pensiones no dejen de ser un engañabobos y una ruina, no va a tener ningún efecto. La segunda me parece una buena medida para recuperar algo de la perdida capacidad de compra de los salarios. Buena aunque insuficiente dado el caríz que están tomando las cosas con los precios de los bienes de consumo.

Sobre la tan traída y llevada reforma del mercado laboral, el discurso del nuevo Presidente del Gobierno apunta lo siguiente:

Poner el acento en la creación de puestos de trabajo, la estabilidad en el empleo y la flexibilidad en el seno de la empresa.

Reformar la estructura y contenidos de la negociación colectiva, de modo que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial óptimo para asegurar la competitividad económica y la sostenibilidad del empleo.

Primar la resolución extrajudicial de los conflictos, para fomentar los acuerdos entre las partes y hacer más fluidas las relaciones laborales.

Hacer efectivo el derecho individual a la formación permanente y la recualificación mediante la apertura de la oferta formativa y la evaluación rigurosa de la efectividad de las políticas activas de empleo.

Fomentar la eficiencia del mercado de trabajo. Entre otras medidas, racionalizaremos el calendario laboral para hacer compatibles los derechos de los trabajadores con la competitividad de las empresas. En concreto, abordaremos los costes que para nuestra economía suponen los puentes, de manera que se trasladaran las fiestas al lunes más cercano, con la excepción de aquellas fechas de mayor arraigo social.

En orden a garantizar los derechos de los trabajadores, reforzaremos los mecanismos de control y prevención, para evitar los comportamientos abusivos que supongan un trato discriminatorio contra los trabajadores, o un absentismo laboral injustificado. Impulsaremos medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, incluyendo el desarrollo del teletrabajo. Pondremos en marcha planes específicos de reinserción laboral reforzada para aquellos trabajadores que decidan reincorporarse al mercado de trabajo tras un período prolongado de inactividad por atención a la familia.

Elaboraremos, por último, un plan especial a favor de la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral, a fin de luchar contra la discriminación salarial entre sexos.

Me hace relativa gracia el término sostenibilidad aplicado al empleo. Es una innovación intelectual hasta ahora no leida o escuchada. Es decir, la estabilidad en cada empleo se cambia por la sostenibilidad del empleo en general. Ahora se centra el enfoque en mantener el número de empleados y no en que cada puesto de trabajo se defienda con una legislación comprometida pero perjudicial para la empresa. Interesante aportación.

Lo de los puentes me parece una perogrullada pues hoy día las empresas no hacen puente si el jefe no quiere. Es decir, si el jefe ve una oportunidad de negocio o necesita seguir produciendo en los días del puente basta con que diga que no a las solicitudes de vacaciones y/o que la empresa no se cierra esos días y ya está. No entiendo el aplauso dado en las cortes. Como si ellos no libraran más que ningún otro español.

El resto, y en general todo este grupo de medidas, me parecen más de lo mismo sin que ello me disguste excesivamente. Ya he dicho en muchas ocasiones, por activa y por pasiva, que cualquier reforma laboral para liberalizar y/o reducir los costes del despido que no fuera precedida por una reforma adecuada de la legislación financiera para permitir la aparición de un verdadero sistema de capital riesgo que permita financiar nuevos proyectos empresariales sin apoyo financiero fuerte previo, sólo crearía una gran bolsa de trabajadores precarios y mal pagados cuya capacidad de compra se vería reducida al mínimo. La demanda caería así irremediablemente y la crisis se profundizaría hasta niveles insoportables. Ver la entrada de este blog ‘Medidas para salir de la crisis’ antes mencionada.

Queda por ver el acuerdo al que llegan las fuerzas sociales a las que este Gobierno ha emplazado a lograr un compromiso antes del 15 de enero y las medidas que tomará este último en caso de que no se llegue a ningún acuerdo.

Lo que me da pena es ver que este Gobierno, y sus cabezas económicas en primer lugar, no entienden el problema en el que estamos y comienzan a poner en marcha medidas como si estuviéramos en una crisis similar a la que teníamos en 1995. Pero nada tiene que ver esta situación con la de entonces.

Para el Plan de Empleo Juvenil que el Gobierno se plantea poner en marcha desde una Mesa de Diálogo Social, el discurso plantea una única medida:

… garantizaremos una bonificación del 100% a las cotizaciones de la Seguridad Social durante el primer año en el caso de la contratación de menores de 30 años que accedan a su primer empleo.

Algo es algo pero si esto es todo lo que se les ocurre buena las espera a los jóvenes que no encuentran empleo a no ser que se recupere la actividad económica general.

El discurso entra así en el ámbito de la reforma de las Administraciones Públicas utilizando para ello el argumento de la necesaria competitividad de nuestra economía:

Como hemos señalado, la pérdida de competitividad es uno de los más graves problemas estructurales que nos aquejan. Por ello, pondremos en marcha un conjunto de reformas para mejorar la competitividad del país e impulsar la generación de valor añadido.

Este es el sentido desde el que planteamos una profunda reforma de las Administraciones Públicas, tal y como hemos avanzado en el ámbito del control del déficit, para que respondan con solvencia a las necesidades de los ciudadanos, al tiempo que aseguren que la gestión de los recursos sea más austera y eficiente.

Hace unos momentos, anticipé lo que serán los componentes de una reforma en el seno de la Administración General de Estado y que abordaremos en los próximos presupuestos: la necesidad de redimensionar el sector público y rebajar sus costes de funcionamiento.

Pero esta reforma no se puede limitar a la Administración Central. Vamos a negociar con el resto de las Administraciones Públicas un Pacto por la Austeridad y la Eficiencia para extender a su conjunto estas medidas de control del déficit, que en algunos casos ya se han empezado a aplicar.

Es mi intención, además, traer a la cámara un abanico de normas que incidan en el ámbito de la austeridad y la buena gestión de las Cuentas Públicas. Entre ellas quiero destacar el refuerzo por ley de los controles previos y de las responsabilidades de los gestores públicos para garantizar que nunca asumirán compromisos de gasto sin respaldo presupuestario.

Vamos a acometer una reforma de la Ley de Subvenciones que, con carácter general, elimine las nominativas, incremente la transparencia en su otorgamiento, ejecución y evaluación de su impacto, y defina criterios homogéneos para su concesión.

Presentaremos en el primer trimestre de 2012 una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información pública, como un derecho de los ciudadanos y un principio básico de actuación de las Administraciones.

Me parece muy bien que el nuevo Gobierno entre con la tijera de podar en la Administración española. El desbocado proceso de creación de empleos públicos que se ha sucedido por parte de todos los gobiernos desde que empezamos con nuestro proceso democrático ha sido y es del todo descabellado. No podemos tener una economía que en épocas de recesión y de paro creciente siga creando empleos públicos a tasas inalterables.

Como puede verse en el gráfico que pongo a continuación, mientras que en estos últimos 35 años -desde 1976 y hasta 2011- el empleo en el resto de los sectores ha aumentado un 32%, el empleo en el sector público ha crecido un 134%. Y esto no hay economía que quiera ser competitiva que lo aguante. Se suponía que el Estado de las Autonomías consistía -así nos lo vendieron los políticos- en acercar la Administración al ciudadano, no en multiplicar de esta forma el coste que para este tiene la mano de obra que capacita dicha Administración.

Comparativa Asalariados Sector Publico vs Resto

Fuente: INE

Por ello, el recorte en el sector público no tiene que venir por la congelación o el recorte de sueldos, sino por el recorte en su tamaño y en el número de empleados públicos. No puede suceder como con los bienes de la iglesia en la Edad Media, institución que como sólo podía añadir bienes a su patrimonio y no podía enejenar ninguno acabó convirtiendose en un lastre inmenso para el desarrollo económico de nuestro país y hubo que poner en marcha un proceso desamortizador -por cierto, muy mal llevado por nuestros gobernantes de entonces- para devolver las tierras al mercado. El sector público no tiene que ser proporcional al sector público del resto de países de la Unión Europea. Tiene que ser una carga razonable para la capacidad de generación de riqueza de nuestra economía. Y siempre en función de la consideración y el análisis mas actual sobre lo que es y debería ser un bién público y lo que no.

No se trata de ahorrar temporalmente en gastos corrientes, algo que debería ser la norma, sino de reformar profúndamente la estructura de la Administración y adaptarla a las necesidades reales de la sociedad de la que toma los recursos que le permiten funcionar y a la que ha de servir para que esta gane en competitividad y bienestar. Y esto no lo veo por ninguna parte, de momento, en este programa económico del PP.

Subvenciones, transparencia, buen gobierno, austeridad. Términos que suenan muy bien pero que sin un reflejo práctico pueden transformarse en palabras huecas que nos muestren la medida de los políticos que los utilizan.

Por otro lado, cuando Rajoy dice que va a poner en marcha

“el refuerzo por ley de los controles previos y de las responsabilidades de los gestores públicos para garantizar que nunca asumirán compromisos de gasto sin respaldo presupuestario”

imagino -y espero- que querrá decir que los gestores públicos tendrán que adaptarse a las capacidades de generación de ingresos por la vía ordinaria de las Administraciones para asumir sus compromisos de Gasto. Los presupuestos pueden decir lo que quieran pero lo que importa es la capacidad real de recaudar fondos para hacer frente a los compromisos de pago. Lo digo y lo enfatizo porque durante los años 80 los Presupuestos Generales del Estado de nuestro país acabaron convirtiéndose en un divertimento para los economistas que apostábamos sobre cuanto iba a suponer el desfase de cada año entre los gastos reales y lo estipulado en dichos presupuestos. Divertimento que intentaba hacer más llevadero el amargor que suponía el tremendo efecto que este proceder gubernamental tenía sobre la estabilidad económica y la credibilidad de nuestros gobiernos de entonces.

El discurso sigue haciendo incapié en el deseo del nuevo Gobierno de crear un nuevo marco legal que permita reformar el modelo de gestión de las televisiones públicas. Veremos en que queda. Ójala se ajusten a lo planteado en las medidas para salir de esta crisis que aparecen en este blog.

Respecto a las reformas en la educación, un tema tran traído y llevado estos últimos años, Rajoy dice, entre algunas cosas con sentido, que

Promoveremos un bachillerato de tres años, con el objetivo de mejorar la preparación de los futuros universitarios y elevar el nivel cultural medio de España.

¡Como si el nivel cultural de los alumnos que llega a la Universidad fuera a aumentar por tener un año más de bachillerato! Si el nivel de exigencia de estos cursos sigue siendo el mismo, de nada valdrá ampliar un año más los estudios secundarios si no es para hacer más largo aún el tránsito de las nuevas generaciones hacia la formación superior. Como profesor universitario que soy desde hace ya unos cuantos años, puedo decir con propiedad que el nivel de las nuevas generaciones en lo que respecta a las ciencias sociales y las matemáticas es cada vez más bajo. Me preocupa mucho que la gente llegue con este nivel de desinformación y de falta de capacidad de razonar a la Universidad. Porque esta gente luego va a votar en las elecciones generales y nuestro país es y será el resultado de esas votaciones.

Respecto a la reforma del sistema energético, el discurso plantea lo siguiente:

La política energética debe buscar un equilibrio adecuado entre sus objetivos: competitividad, seguridad del suministro y efectos medioambientales. En los últimos tiempos no se ha prestado atención alguna al hecho de que la energía es un sector que determina parte de los costes de los demás sectores económicos. La energía es un factor clave en la competitividad de las empresas españolas.

Hemos de ser muy conscientes de que España tiene un problema energético importante, especialmente en el sector eléctrico, con un déficit anual que supera los 3.000 millones de euros y una deuda tarifaria acumulada de más de 22.000 millones.
Las tarifas eléctricas para consumidores domésticos son las terceras más caras de Europa, y las quintas más elevadas para consumidores industriales.

La solución a este problema, uno de los más complejos que hereda el próximo Gobierno no puede ser simplista. Es evidente que no se puede aplicar una subida de tarifas que recaiga íntegramente sobre los consumidores y que siga castigando la competitividad de la economía española, por las malas decisiones regulatorias. Más aún cuando el objetivo final es la liberalización del sector, algo que no es posible acometer sin la solución definitiva del déficit tarifario.

Si no se emprenden reformas, el desequilibrio será insostenible y los incrementos de precios y tarifas colocarían a España en la situación de mayor desventaja en costes energéticos de todo el mundo desarrollado. Tendremos, pues, que aplicar una política basada en frenar y reducir los costes medios del sistema, en la que se tomen las decisiones sin demagogia, utilizando todas las tecnologías disponibles, sin excepciones, y se regule teniendo como objetivo primordial la competitividad de nuestra economía.

Ideas interesantes que me llevan a pensar que este Gobierno se va a replantear el abandono progresivo de la energia nuclear emprendida por el anterior gobierno. Mientras esta energía siga siendo competitiva y razonablemente segura, no puede penalizarse la competitividad de las industrias españolas por la demagogia populista del gobierno de turno. Prometer el cielo sin sentido económico es llegar al descalabro del bienestar por la vía rápida. Y eso es lo que nos han estado dando estos últimos gobiernos.

Respecto a la independencia de ciertas instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Proder Judicial, Rajoy proclama lo siguiente:

Hay que recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y propiciar el respeto a su independencia e imparcialidad, tanto en lo que afecta al órgano de gobierno de los jueces, como al Tribunal Constitucional.

Las reformas que vamos a acometer persiguen, tanto agilizar y mejorar su funcionamiento, como reformar el recurso de amparo y el recurso previo de inconstitucionalidad, así como dar mayores garantías de independencia en los nombramientos de sus miembros.

Les anuncio que me propongo abordar de manera inmediata, en diálogo con la oposición, el proceso de renovación pendiente en el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que otros igualmente abiertos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Radio Televisión Española, a fin de que puedan estar resueltos en el plazo de los próximos tres meses.

Mucho me temo que nada de esto llegue a buen puerto, sobre todo en lo concerniente a las reformas necesarias para garantizar para siempre la independencia de los organos de gobierno de estas instituciones. El nombramiento de Alberto Ruíz Gallardón para el cargo de Ministro de Justicia que ha sido conocido con posterioridad a este discurso deja en evidencia estas intenciones.

Tampoco tengo claro que las CCAA y la Administración Central vayan a cumplir con el compromiso electoral de este nuevo Gobierno en lo que respecta a la división de los gastos consignados en los presupuestos según la consideración de los servicios públicos como básicos o como no básicos. Estaría bien ver esta consignación reflejada. Llevaría el debate a un plano superior en el que se ha de discutir sobre lo que es y lo que no és un bien o un servicio público. Veremos en que queda todo esto pues de momento son sólo palabras y ya sabemos en que quedaron algunas de estas palabras -regenerar la Democracia- en el Gobierno de Aznar.

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Una vez revisado detenidamente este discurso y reflexionado sobre cada tema de cierta importancia en él presentado puedo afirmar que, aunque por un lado contiene algunas propuestas interesantes respecto a la reforma de la Administración, la necesaria independencia de las instituciones democráticas y la resolución del problema de los activos tóxicos en los balances de las instituciones financieras -que habrá que ver si se concretan o no a lo largo de los próximos meses-, por otro tiene muchos errores de concepto, refleja fallos de percepción sobre varios asuntos y muestra un gran desconocimiento del orígen de la crisis que se está viviendo en nuestro país y de las medidas gubernamentales necesarias para afrontarla. Como llevo observando desde hace meses, el Partido Popular, llevado de las opiniones de Luis de Guindos y Cristobal Montoro, está embarcado en una aventura económica que ha equivocado la dirección desde un principio.

Nuestro país no está en una crisis de competitividad pues nuestras exportaciones crecen en cuanto el PIB y la actividad económica de los principales mercados receptores de nuestras exportaciones se recupera. Como ya he dicho en este y otros foros, no podemos plantear nuestra estrategia económica como si tuviéramos que competir con los chinos y su imposible -por reducido- coste laboral. Tenemos que seguir una estrategia diferente que prime la competitividad de nuestras empresas en los mercados que compran nuestros productos pero sin olvidar nunca nuestro mercado interior, mercado que es la asignatura pendiente de nuestro país desde que los historiadores de la economía tienen constancia. Necesitamos que se ayude a las familias a recuperar su perdida capacidad de compra como necesitamos que se ayude a las empresas a reducir costes. Pero más importante en este momento es lo primero que lo segundo.

Nuestro país no puede permitirse nuevos errores de política económica como los que se están empezando a percibir tras las nuevas medidas recientemente aprobadas por los últimos Consejos de Ministros. Pero esto es tema para otra entrada del blog.

No quisiera terminar el analisis crítico del discurso pasando por alto la innecesaria muestra de respeto que el nuevo presidente le dedica al presidente saliente en el párrafo inicial de dicho discurso, en mi opinión el individuo más mediocre, caprichoso, dañino e innecesario que ha pasado por ese cargo desde que empezamos con nuestro sistema democrático. Con no haber hecho leña del arbol caído bastaba, pero no debe olvidar el presidente entrante que muchas de las duras e impopulares medidas que ha de poner en marcha en breve se deben a los desatinos, mediocridad y desvaríos caprichosos de un individuo que nunca debió acceder a un cargo desde el que tanto daño económico y enfrentamiento social ha causado. Necesitamos una socialdemocracia moderna y este individuo está en las antípodas de lo que eso significa.

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P.D.: Que harto ando ya de estos políticos que andan por los salones del poder. Tanta palabrería con tan poca reflexión acaba irritando a cualquiera con dos dedos de frente. Al final lo único que parece claro es que todos intentan arrimar el ascua a su sardina y al ciudadano de a pie que le den. Ya que no de Rajoy, Abogado del Estado reconvertido en político profesional sin noción alguna de economía de país, esperaba yo más de Cristobal Montoro y de Luis de Guindos por sus éxitos con la incorporación de nuestro país al área Euro. Pero, tal y como estaba viéndoles de despistados últimamente, no me hubiera debido de extrañar lo poco de sí que, desde el punto de vista de la política económica, ha dado este discurso de investidura.

Lo que nos espera…

Autor: Rafael Hernández Núñez