Propuestas del PSOE en su programa electoral


En esta entrada voy a poner negro sobre blanco -entrecomillándolo e intentando no sacarlo de contexto- todas las propuestas que pueda sacar del programa del PSOE aunque me centraré en comentar sólo lo que tenga que ver con la economía. Por la escasez de tiempo voy a publicar lo que llevo comentado e iré actualizando la página según vaya avanzando en mis análisis.

Propuestas para recuperar la normalidad del sistema financiero nacional:

1.‐ Culminar el proceso de reestructuración del sistema. Las entidades que no alcanzaron los niveles mínimos de capital principal requeridos deberán ejecutar sus estrategias de recapitalización antes de finalizar 2011, y en caso contrario será necesario poner en marcha actuaciones para terminar el proceso de saneamiento del sistema para ganar credibilidad y poder acceder con normalidad a los mercados financieros internacionales a captar recursos. Todos los esfuerzos y recursos necesarios deben ser orientados para alcanzar este objetivo.

2.‐ Reforzaremos los controles al funcionamiento y a la gestión de las entidades financieras así como el establecimiento de sanciones a sus gestores cuando se demuestre mala praxis bancaria.

3.‐ Utilizaremos la posible presencia pública en alguna entidad financiera para impulsar la financiación dirigida a los emprendedores.


Este primer bloque de medidas empieza con una medida que ya se esta llevando a cabo -la reestructuración del sistema financiero- y un razonamiento económico falso, el de que es necesario la reestructuración del sistema financiero para que el Estado pueda salir al extranjero a captar recursos (a un tipo de interés razonable -les ha faltado decir-). La falta de crédito de nuestro Estado en los mercados internacionales no se debe a los problemas que están atravesando nuestras entidades financieras, sino a la falta de credibilidad que destila su política económica para sanear las cuentas públicas, cuentas que se han visto perjudicadas por el gasto público keynesiano que en dos años -2008 a 2010- incrementó el monto total de la deuda pública en 200.000 millones de euros. La continuidad de su política de gasto frente a una hacienda que cada vez ingresa menos por todos los conceptos, genera incredulidad en los mercados que son los que finalmente adquieren los títulos de deuda.

La segunda medida saca a la luz uno de los mayores problemas que tiene nuestra democracia. Las entidades financieras ya están supervisadas, y bien de cerca, por el organismo emisor, el Banco de España. El problema es que como el BdE esta okupado políticamente por el gobierno, que es quien nombra a dedo al Gobernador y a los Consejeros de esta institución sin contar con el parlamento, es muy difícil creerse la independencia de criterio cuando de lo que se trata es de supervisar bancos afines políticamente o, lo que es peor, cajas de ahorros asimismo colonizadas políticamente y semillero de todo tipo de corruptelas políticas durante estos últimos años. Hemos de descolonizar políticamente todas las instituciones democráticas que deberían ser independientes para el buen funcionamiento de nuestro sistema si queremos que este dure.

La tercera es un despropósito económico. Las instituciones financieras deben regirse por criterios de mercado y no por criterios políticos. Ya hemos visto en que acaban las instituciones financieras gobernadas con este tipo de criterios. Además, los créditos a emprendedores deben darse libremente por instituciones que estén dispuestas a financiar las actividades de estos emprendedores a cambio de un buen interés tras analizarlas detenidamente.

Medidas para mejorar la protección de los usuarios de servicios financieros:

1.- Más formación financiera: la cantidad, rapidez y complejidad de la evolución de los productos financieros hacen que la mejor medida de protección para el usuario sea desarrollar una cultura financiera básica que les permita poder tomar sus propias decisiones, y les proteja del riesgo de no estar expuestos al riesgo de invertir y contratar lo que no entienden.

2.‐ Nos proponemos seguir mejorando la cultura financiera del país –como por ejemplo el portal “Finanzas para Todos”, desarrollado por el Ministerio de Economía y Hacienda- y hacerlo llegar a un sector más amplio de la sociedad.

3.- Más protección en el ámbito financiero: hasta la fecha se han adoptado medidas urgentes para proteger a las familias que han perdido su vivienda garantizándoles un mínimo vital inembargable que les permita cubrir sus necesidades más esenciales. También, se han puesto en marcha varias iniciativas para que, en caso de producirse una ejecución hipotecaria por impago, los deudores reciban una contraprestación adecuada por el inmueble, evitando que el acreedor se quede con la casa muy por debajo de su valor. Es necesario desarrollar un marco estable para garantizar todos estos derechos.

4.‐ Elaboraremos un nuevo código de transparencia y protección de los usuarios de servicios financieros; una moderna normativa que incluirá normas sobre la concesión responsable de créditos, la información precontractual que debe facilitarse a los consumidores, o la mejora de los procedimientos de acuerdos entre deudores y acreedores antes de proceder, en caso de impago, a la ejecución de la garantía hipotecaria.


Este segundo grupo de propuestas comienza con algunas que no merecen comentario por ser temas no de economía de país o temas ya ejecutados que el PSOE pretende traer a la vista del lector de su programa electoral.

Respecto a la tercera, y perdón por la expresión, me río yo del mínimo vital inembargable que le deja a uno el juzgado, a instancias del banco- cuando le quitan la vivienda, la subastan y el importe conseguido no cubre lo adeudado. Lo de vital lo deben tomar literalmente, quitándole toda dignidad. Por ello todo español que se precie hará lo imposible para no dejar de pagar su hipoteca. Si a día de hoy muchas familias se encuentran con este drama, esto se debe única y exclusivamente a la mediocridad de nuestros gobernantes. A las familias se les puede pedir que sean previsoras, que compren algo que puedan pagar. A los bancos se les puede pedir que sean honrados, que sean competitivos. Pero a los gobernantes se les puede y se les debe exigir que entiendan de economía de país. Y no entienden. No entienden el problema del cálculo del IPC y no entienden la crisis en la que estamos. Por ello nos han metido en una crisis de deuda resultado de una política de estímulo keynesiana que se puso en marcha en 2008 para afrontar una crisis de demanda por falta de confianza en la que no estábamos.

Lo de la contraprestación adecuada por la vivienda ¿Quien la va a decidir?¿el Estado o el Mercado? Tanto intervencionismo en el mercado acabará haciendo subir los precios de las hipotecas volviendo a imposibilitar el acceso a la vivienda al ciudadano medio tal y como ya sucedió durante más de veinte años hasta 1997.

Medidas para la revisión de nuestro sistema fiscal:

1.- Mejorar la equidad del sistema fiscal mediante una mayor progresividad y un tratamiento más equilibrado en la relación entre las rentas del trabajo y del capital.

2.- Lograr la estabilidad presupuestaria. El PSOE está comprometido plenamente con el cumplimiento de un plan de consolidación fiscal que permita mantener la confianza de los inversores en la economía española mediante una política fiscal prudente y tendente a la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, sin renunciar a nuestras señas de identidad sociales. Para los socialistas, la estabilidad presupuestaria se concreta en conseguir el equilibrio entre ingresos y gastos en el horizonte temporal de cada ciclo económico, lo que conlleva el poder del Estado para compensar con medidas de política económica los auges y las depresiones del ciclo y las posibles situaciones excepcionales que puedan surgir.

3.- Preservar el Estado del Bienestar. Por el lado del gasto público, el objetivo prioritario para los socialistas es preservar el Estado del Bienestar y la cohesión social, por lo que es necesario profundizar los esfuerzos de racionalización del gasto y de mejora de la eficacia y la eficiencia de su gestión. Especialmente importante es nuestro compromiso con la mejora de la calidad de los servicios educativos o sanitarios y la garantía de las prestaciones de jubilación y desempleo.

4.- Invertir en las personas y la nueva economía. Nos comprometemos a reforzar nuestras inversiones en las personas, para que puedan adaptarse a las nuevas realidades económicas y activar sus capacidades en la búsqueda de nuevos empleos. También será fundamental seguir invirtiendo en la formación de capital tecnológico y humano, así como apoyar a los sectores emergentes dentro del nuevo modelo productivo.

5. Mayor concienciación y compromiso de la sociedad con la lucha contra el fraude fiscal. Un país que quiere garantizar y mejorar sus servicios y prestaciones, que necesita asegurar el disfrute de derechos sociales e individuales y que debe promover el crecimiento económico y el empleo con políticas de acción positiva y con inversiones públicas cuantiosas debe ser consciente de que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no solo es un deber de todos sino una inexcusable condición de ciudadanía. En este sentido, las reformas fiscales para conseguir un sistema más justo y transparente deben estar acompañadas de una mayor implicación de los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de un mayor esfuerzo colectivo en la lucha contra la defraudación y el delito.

La primera propuesta es una medida claramente socialdemócrata que, si no incrementa la carga tributaria total para las familias de clase media, tendrá un efecto redistributivo dudoso -por lo poco que contribuyen las rentas más altas a la hacienda por IRPF. Pero si de lo que se trata es de incrementar los impuestos a las clases medias altas dejando el resto de impuestos igual, es decir, de esconder un aumento de impuestos para aumentar la recaudación con el único objeto de afrontar los pagos de la deuda pública, entonces se equivocan completamente. Un aumento de los impuestos afectaría notablemente la capacidad de compra de unas familias cuyo nivel adquisitivo ha caído de forma muy considerable durante estos últimos doce años. La caída de la demanda acabaría por hundir la economía española.

Lo de la estabilidad presupuestaria de la segunda medida es un término mal traído. Una cosa es el equilibrio presupuestario, algo que implica ingresos igual a gastos, y otra muy diferente estabilidad presupuestaria, término que indica niveles similares de ingresos y gastos -o de déficit- a lo largo de los años. El plan de consolidación fiscal tiene que estar de acuerdo a la capacidad de la hacienda para generar ingresos. De nada sirve reducir los gastos un 2% si los ingresos se reducen un 3%. Y en eso están fracasando los gobernantes socialistas. La reducción de gastos ha sido tan pequeña que la reducción en los ingresos la ha dejado en nada. Ahí está el déficit, que acabará superando este año todo lo vaticinado y acordado por nuestro gobierno. Y nuestra credibilidad como país por los suelos haciendo subir nuestro diferencial -riesgo país- a cifras récord casi inasumibles.

Respecto a la tercera propuesta, el estado del bienestar se preserva no sólo con voluntad, sino generando y manteniendo los ingresos públicos suficientes para sufragarlo. Si a lo que se refieren con racionalizar el gasto es mantener un Ministerio de igualdad o de la Presidencia con funciones puramente propagandísticas así como innumerables subvenciones a todo tipo de ONGs y apuestas altamente onerosas sobre las energías renovables. Lo demás son simples objetivos sin concretar. Algo que hubiera sido muy de agradecer en lo que respecta a la forma en la que quieren garantizar las prestaciones por jubilación y desempleo.

La cuarta propuesta no es tal sino una declaración de objetivos política. Nada concreto.

La quinta vuelve a ser una declaración de objetivos realizada con la intención de justificar una lucha más encarnizada contra el fraude fiscal para conseguir aumentar la recaudación impositiva extraordinaria ya que la ordinaria esta reduciéndose a marchas rápidas.

Medidas para incrementar la progresividad del sistema fiscal.

1.‐ Modificar el Impuesto de Sociedades para redistribuir los beneficios de las deducciones del impuesto, desde las empresas grandes a las empresas pequeñas y medianas, de tal forma que ambas paguen tipos efectivos similares y más cercanos al tipo nominal.

2.‐ Crear un impuesto sobre los beneficios de las instituciones financieras. Se trata de pedir un esfuerzo a las empresas que más beneficios han obtenido en el anterior ciclo expansivo para que ahora contribuyan a financiar medidas encaminadas a favorecer la creación de empleo, reactivar la economía y salir de la crisis. Este impuesto además generará incentivos para que las entidades financieras actúen de forma responsable en la gestión del crédito, no asumiendo riesgos excesivos. En concreto, proponemos una nueva figura impositiva similar al que se ha establecido en otros países de nuestro entorno como Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal ó Austria, entre otros, y del que existe, por tanto, experiencia comparada. Un impuesto que deberá implantarse, cuando las Instituciones financieras hayan finalizado el proceso de reestructuración al que están sometidas para reforzar su capital y cumplir con los nuevos requisitos impuestos por los organismos reguladores y supervisores.

3.‐ Crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, que sustituirá al renovado Impuesto de Patrimonio cuando expire en 2012, que permitirá alcanzar los objetivos de progresividad e incluirá una nueva fiscalidad de las SICAV.

4.‐ La crisis financiera mundial de 2008 ha abierto un debate internacional sobre introducir algún tipo de regulación en los sistemas de remuneración a los directivos de grandes empresas. A nivel europeo se empezó a abordar las remuneraciones de los ejecutivos con una directiva aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2010. Desde entonces varios países entre ellos EE.UU., Francia o Alemania han adoptado medidas en este sentido. Los socialistas propondremos que también en España se introduzcan mejoras en los sistemas de remuneración de los directivos de grandes empresas, entre ellas:

  • Aumentar la transparencia mediante la publicación de las retribuciones percibidas de forma individual por cada miembro del Consejo, incluyendo de forma obligatoria dicha información en la Cuentas Anuales.
  • Apoyar los esquemas de extensión a los trabajadores de los sistemas de remuneración que se aplican a los directivos, incluyendo los bonus y las stock options, con el fin de alinear adecuadamente los incentivos positivos para todos.



La primera medida de este bloque vuelva a quedarse sin concretar y se queda en una declaración de objetivos. Si lo que quieren es generar escalas como en el IRPF, si la nueva escala hace perder competitividad a nuestras empresas, entonces habrá que plantearse si merece la pena reducir el empleo a cambio de aumentar esta progresividad.

La segunda denota la voracidad fiscal de los socialdemócratas españoles y la falta de visión económica de sus economistas. Si aumentas los impuestos a las instituciones financieras estas los trasladarán inmediatamente a sus precios, es decir, a los tipos de interés que cobran a sus clientes por el dinero que les den a crédito. Las empresas españolas tendrán entonces un coste añadido y competirán con desventaja frente a sus competidoras extranjeras que no tengan que soportar dicho aumento en sus gastos financieros. El impuesto del que hablan que se ha establecido en otros países, además de puntual, ha tenido repercusiones muy negativas en sus economías y ha generado mucho rechazo entre los empresarios de dichos países. La frase “Este impuesto además generará incentivos para que las entidades financieras actúen de forma responsable en la gestión del crédito, no asumiendo riesgos excesivos”, parece hecha por un descerebrado para otros descerebrados. Si este impuesto generase el tipo de incentivos sugerido sería una novedad mundial.

Los impuestos sobre las grandes fortunas es pura propaganda improductiva desde el punto de vista fiscal y generadora de una huída de capitales ya vista en numerosas ocasiones anteriores. Mediocres que vuelven con ideas caducas.

Respecto a la cuarta propuesta, es sorprendente la cabezonería intervencionista y reguladora de estos socialdemócratas europeos. La propiedad privada se diluye en sus manos como azucarillos en una taza de infusión de manzanilla. Pero, ¿Que es eso de decirles a las empresas -mendiante el tipo de coacción que sea-como deben remunerar a sus dirigentes y a sus empleados? La administración que haga eso ya puede decirle adiós a un sin número de multinacionales que reniegan totalmente de ese tipo de intrusismo de la Administración en la gestión privada de las empresas. Cuanta falta de visión de la realidad nos vamos encontrando en estos párrafos.

Propuestas para que la economía española alcance un mayor grado de sostenibilidad:

1.- Incrementar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, salvo el vino, la cerveza y otras bebidas de baja graduación, para garantizar la financiación de la sanidad pública.

2.- Dentro de la fiscalidad indirecta, la fiscalidad verde es la que más puede evolucionar en España ya que está escasamente desarrollada en relación a los países de nuestro entorno. No obstante, desde el inicio de la crisis económica en el ámbito autonómico y local han proliferado los denominados impuestos medioambientales, sobre todo los energéticos. La Administración General del Estado tiene un amplio margen de actuación en el ámbito de la fiscalidad verde desde una doble perspectiva:

  • Ordenar la heterogeneidad de impuestos medioambientales autonómicos y locales y dotarlos de seguridad jurídica (ya que muchos de estos impuestos están recurridos ante los tribunales).
  • Introducir mayores criterios medioambientales en la fiscalidad, ya que la recaudación por impuestos medioambientales en España es la más baja de toda la UE.



La sostenibilidad se logra mediante el incremento de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol. Lo que hay que oir. Como si esos impuestos fueran a ir de verdad a financiar los costes para la sanidad pública derivados del consumo de esas sustancias. La caja única de la Hacienda española y su necesidad de recursos para sostener todo tipo de gastos improductivos hace de ello una utopía. Como si lo que hubiera que hacer fuera reducir su consumo a base de aumentar su precio. Como si no supieran lo que pasó con estos productos -contrabando- durante los años en que su precio era excesivo en nuestro país.

La fiscalidad verde es otra escusa de este Estado devorador de recursos privados para seguir aumentando la presión fiscal sobre los ciudadanos. Como si los ciudadanos no pagáramos suficientes impuestos por todo. Acabaran haciendo de nuestro país un erial empresarial, sobre todo si siguen subiendo los impuestos sobre la energía, impuestos que penalizan directamente la competitividad de nuestras empresas y la capacidad de gasto de las familias españolas. Bastante nos han subido ya el recibo de la luz a todos los españoles para financiar las veleidades descerebradas de un Gobierno que se ha empeñado en hacernos comulgar a todos con unos sistemas de generación de energía eléctrica nada competitivos.


Propuestas para el control del Déficit Público:

Para los socialistas el principio de estabilidad presupuestaria implica austeridad en la fase expansiva del ciclo económico para hacer frente a las necesidades en la fase contractiva del ciclo, así como el mantenimiento de la cohesión social. Propuestas para abordar el reto de la austeridad:

1.- Continuar con el proceso de reducción del déficit público en todas las AAPP.

2.- Facilitar a los ciudadanos la posibilidad de invertir sus devoluciones del IRPF en títulos especiales de Deuda Pública a uno y dos años, de pequeña cuantía nominal, para que aquellos contribuyentes que lo deseen dispongan de un instrumento sencillo y rentable de apoyar al país a lograr una mayor estabilidad financiera y a salir de la crisis. En términos prácticos, bastaría con marcar una casilla en la declaración de la renta para que la Administración tributaria llevase a cabo todos los trámites para realizar la inversión.

3.‐ Promover un acuerdo político entre administraciones para mejorar el control y la coordinación de las políticas públicas, promoviendo la introducción de incentivos (positivos y negativos) o reglas de gasto que garanticen el control del déficit y del endeudamiento total (financiero, comercial y de las empresas públicas), para garantizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo.

4.‐ Evitar los solapamientos y duplicidades de competencias entre los distintos niveles de la administración pública.

5.‐ Austeridad y transparencia en la actuación de las autoridades públicas, incluyendo medidas como impedir la acumulación de sueldos.

6.‐ Minimizar los costes de producción de bienes y servicios públicos mediante medidas como la generalización de compras centralizadas, la gestión unificada del parque inmobiliario público, facilitando la contratación por medios electrónicos, etc.

7.‐ Incrementar la colaboración y coordinación entre todos los niveles de la Administración, evitando las duplicidades y potenciando las sinergias, realizando un mayor ajuste en aquellas políticas que no sean prioritarias potenciando la evaluación de las políticas y programas públicos, pero manteniendo los recursos necesarios para la cohesión social y territorial del país.

8.‐ Hacer frente a la morosidad del sector público, un desequilibrio que perjudica al conjunto de las empresas y a los trabajadores dependientes de ellas. Para lograr este objetivo se garantizará la transparencia e información con el fin de que los subcontratados puedan ejercer su derechos frente a los primeros contratistas.



Este bloque comienza con una mentira clamorosa o la declaración más reveladora de la paranoia que inunda la mente de los señores que han redactado este programa electoral. Los gobiernos socialdemócratas españoles no han ahorrado nunca durante las fases expansivas de los ciclos económicos -el gobierno de Felipe González nunca lo hizo y el Gobierno de Zapatero no redujo el endeudamiento público que le dejó Aznar durante los primeros 4 años de sus legislaturas, supuestamente años expansivos (ver la página ‘Estadísticas Económicas’ de este blog donde puede verse un gráfico que refleja claramente lo que digo)- y siempre han llevado las finanzas públicas al borde de la suspensión de pagos en los períodos de recesión de los que sus erradas medidas de política económica han tenido gran parte de la culpa.

¿Continuar con la reduccion del Déficit Público? Pero si no lo han reducido. La Ministra Salgado ya ha reconocido que la debilidad de los ingresos hace imposible cumplir con los compromisos acordados con las instituciones comunitarias.

Dado que el PSOE no ha ganado las elecciones, voy a centrarme en terminar los comentarios al programa del Partido Popular.

Para impulsar la lucha contra el fraude fiscal se proponen las siguientes medidas:

1.‐ Para combatir con total contundencia y máxima eficacia el fraude fiscal y para prevenir y reprimir el blanqueo de capitales, proponemos la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude de carácter especializado, que integre órganos administrativos que actualmente desempeñan este tipo de funciones. Esta Oficina supondrá el establecimiento de un nuevo modelo de lucha contra el fraude que integrará a los funcionarios y órganos intervinientes en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero, fraude a la Seguridad Social, tramas organizadas para la defraudación, prevención y represión del blanqueo de capitales y lucha contra las vertientes financieras de la criminalidad organizada y la corrupción.

2.‐ Asimismo, desarrollaremos un Plan de lucha contra el fraude cuya finalidad será conseguir que éste se convierta en un objetivo prioritario de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad en la próxima legislatura.

Propuestas para que el esfuerzo científico y técnico sea aprovechado por el conjunto de la sociedad y permita la modernización del tejido productivo:

1.‐ Actualizar la Estrategia Estatal de Innovación para extender su ámbito temporal hasta 2016, reforzando la cooperación entre los distintos agentes, especialmente las CCAA y Ayuntamientos, duplicando el número de empresas innovadoras, y favoreciendo la transferencia de conocimiento.

2.‐ Articular un Sistema Nacional de Demanda temprana en colaboración con todas las Administraciones públicas, y en estrecha relación con el sector privado, especialmente en los ámbitos de especialización de la economía española.

3.‐ Promover especialmente la innovación de procesos en las Administraciones Públicas, para que la implantación de tecnologías de la información y la comunicación en dichos procesos les permita ser mucho más eficientes y austeras de forma que, con un menor coste, faciliten iguales o mejores servicios.

4.‐ Favorecer la constitución de fondos de inversión de capital-riesgo y de capitalsemilla mixtos en el sector público y privado, que permitan la financiación de las iniciativas innovadoras.

5.‐ Impulsar el Mercado Alternativo Bursátil que permita crecer a las iniciativas innovadoras, aportándoles liquidez y permitiendo a otros inversores participar en las oportunidades financieras que ofrecen.

Propuestas para la necesaria renovación y modernización de los sectores tradicionales:

1.‐ Orientar la educación universitaria hacia la innovación, fomentando los conceptos de creatividad e innovación.

2.‐ Poner en marcha programas para modernizar los sectores tradicionales, facilitando la formación adaptada a las nuevas necesidades de los sectores tradicionales que han concentrado históricamente la mayoría del empleo.

3.‐ Redistribuir los recursos públicos orientados a promover la I+D+i empresarial para que se concentren mayoritariamente en las pymes.

4.‐ Poner en marcha un programa de “Cheques Tecnológicos” para distribuir a empresas que se inician en las actividades de I+D+I.

5.‐ Fomentar los clusters de innovación en sectores maduros y clave para la economía española, como son el turismo o la agroalimentación, entre otros.

6.‐ Renovar de la oferta de producto turístico más allá del sol y playa ligándolo a más actividad y más tecnología.
Favorecer la formación hacia la innovación y las nuevas tecnologías en la empresa turística creando nuevos perfiles necesarios para la era 2.0.

7. ‐ Mejorar el etiquetado de alimentos para poner en valor las nuevas características de los productos, especialmente desde el punto de vista de la salud.

Propuestas para la internacionalización de la innovación:

1.‐ Promover la internacionalización de las empresas españolas innovadoras para ampliar sus mercados y mejorar la imagen de nuestros productos.

2.‐ Incrementar la presencia de empresas innovadoras españolas en los programas de cooperación internacional a través de programas sectoriales integrados.

3.‐ Desarrollar el concepto “Thought in Spain”, incorporando la I+D como valor asociado a la creatividad española.

Medidas para para el desarrollo de la sociedad de la información:

1.‐ Puesta en marcha del Plan Pyme 2.0: Se debe lograr la implantación plena de la tecnología mediante el desarrollo de planes sectoriales. Las pymes deben constituirse en agentes activos del conocimiento en el uso de herramientas y
soluciones TIC, e integrarse en un modelo de economía en red.

2.‐ Promover la adopción de nuevos modelos de negocio y la implantación de nuevos métodos de trabajo a partir del uso de herramientas 2.0, mediante medidas de divulgación e incentivos.

3.‐ Crear polos de atracción a nivel nacional o centros de recursos para emprendedores, reconocibles a nivel internacional, como medida específica para la localización de start-ups tecnológicas relacionadas con Internet, por su alto potencial de crecimiento futuro en facturación y empleo, donde se potencie y facilite su puesta en funcionamiento (un HUB digital).

4.‐ Impulsar la compra pública innovadora como medio eficaz para potenciar una base tecnológica e industrial española moderna y competitiva.

5.‐ Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo de las Telecomunicaciones que contemplará el despliegue de redes de telecomunicaciones ultrarrápidas y el apoyo al desarrollo del mercado de la banda ancha móvil.

5.‐ Fomentar la colaboración público-privada, de manera que las inversiones en equipos, aplicaciones y obra civil necesaria, incluyendo la modernización de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en las viviendas, se lleven a cabo al ritmo más rápido posible en los próximos años.

Propuestas para desplegar una Internet muy rápida que ayude a que la economía crezca, y para promover su utilización y lograr así un máximo aprovechamiento de su potencial:

1.‐ Ampliar la velocidad mínima de acceso para alcanzar la media de la Unión Europea en 2016.

2.‐ Incentivar la extensión de la cobertura de las redes de telecomunicación de última generación y de los servicios electrónicos avanzados a toda la población, haciendo hincapié en las zonas rurales y aisladas para lograr un desarrollo tecnológico equitativo y no discriminatorio.

3.‐ Establecer un mayor control y endurecer la exigencia de calidad en el servicio de acceso, de forma que las ofertas comerciales se ajusten a la realidad del servicio prestado. Promover activamente la libre competencia, con el objetivo de lograr una disminución en los precios de acceso que pagan los usuarios.

4.‐ Promover un Plan de Ciudadanía Conectada dirigido al desarrollo integral de una administración centrada en la ciudadanía. Los objetivos de este plan deben ser la sostenibilidad, la austeridad y la eficiencia.

5.‐ Acercarnos a una “Administración sin papeles” en 2016. Estableceremos como objetivo que, antes de finalizar la legislatura, al menos la mitad de la ciudadanía y el 75% de las empresas puedan relacionarse habitualmente con la Administración usando sólo medios electrónicos.

6.‐ Seguir promoviendo el desarrollo de Internet Social, avanzando en la eliminación de la brecha digital social, económica, geográfica y de género, con el propósito de facilitar la incorporación de toda la ciudadanía en igualdad de oportunidades a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

7.‐ Apostar por el teletrabajo, mediante la elaboración de una Estrategia Estatal de Implantación del Teletrabajo en las empresas y en las administraciones públicas que incluya la flexibilidad en los horarios para conciliar la vida laboral y familiar.

8.‐ Continuar los esfuerzos para la implantación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el Sistema Nacional de Salud, de manera que contribuyan a la mayor accesibilidad, uso, eficacia, eficiencia y calidad del servicio y prestaciones, como son la cita electrónica, la historia clínica y la receta electrónica (Programa Sanidad en Línea).

9.‐ Promover el uso de la Telemedicina con el fin de contribuir a la reducción de desigualdades en el acceso, especialmente en zonas rurales y aisladas. En coordinación con las CCAA, desarrollar el Portal de Salud con la participación de los profesionales del sector, para responder a la demanda de información de calidad que tenemos los ciudadanos.

10.‐ Extender el Programa Escuela 2.0 (implantación de la tecnología en las aulas, creación contenidos específicos, acceso a red wi-fi en los centros) a la educación secundaria obligatoria y a la Formación Profesional. Se fomentará la creación de plataformas colaborativas entre todos los agentes que participan en el proceso educativo y la producción de contenidos formativos.

11.‐ Seguir impulsando la utilización del DNI electrónico por parte de los ciudadanos y de la factura electrónica por las empresas, lo que facilitará el uso seguro y con confianza de la red para compras, gestiones y todo tipo de trámites del ciudadano y de las empresas con la Administración.

Propuestas para conseguir la excelencia, la eficiencia (a través de la especialización sectorial y la agregación de capacidades), la implicación y la internacionalización:

Excelencia

1.‐ Realizar una firme apuesta para identificar y apoyar singularmente a los mejores centros de investigación en España. El Gobierno ya ha puesto en marcha con ese fin el programa Severo Ochoa en 2011, y a lo largo de la próxima legislatura los mejores centros deberán ganar autonomía y recursos para homologarse con los mejores del mundo.

2.‐ Mejorar el actual marco legal de las aportaciones privadas de financiación a centros de investigación y patrocinio de investigadores para hacer más atractivo el mecenazgo científico.

3.‐ Establecer un marco estable para desarrollar la nueva carrera investigadora prevista en la nueva ley, que ofrece más posibilidades a los buenos investigadores e incluye instrumentos (como el contrato de investigador distinguido) para atraer y retener a los mejores en España.

4.‐ Al mismo tiempo, aplicar un nuevo enfoque organizativo autónomo y flexible con un replanteamiento de la gestión de las etapas de formación, absorción y la carrera del personal investigador y técnico de la investigación.

Eficiencia

1.‐ Coordinar mejor a los centros para que unan esfuerzos y colaboren en proyectos multidisciplinares. España tiene un sistema científico de tamaño medio, y para competir con los países líderes es imprescindible crear masas críticas en el sistema público de investigación.

2.‐ Llevar a cabo una reorganización inteligente de todos los organismos públicos de investigación (OPI), basada en una clara definición de misiones y funciones, que proyecte internacionalmente nuestros liderazgos sectoriales. Estableceremos los principios para la organización y el fortalecimiento de las instituciones y organismos públicos de investigación, garantes de la gestión, financiación y ejecución de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología.

3.‐ El sistema público de I+D debe contemplarse como inclusivo del conjunto de actores públicos, independientemente de su adscripción administrativa, tanto ministerial como de las comunidades autónomas. Su gobernanza ha de basarse en los principios de un esquema federal, donde coparticipación, concertación, corresponsabilidad y cofinanciación sean predominantes.

4.‐ Poner en marcha la Agencia Estatal de Investigación, para dar respuesta a la demanda histórica de la comunidad científica española de reducir la burocracia y garantizar una mayor estabilidad en las ayudas.

Implicación

1.‐ Comprometer a la ciencia española con tres grandes desafíos que afronta la sociedad europea en su conjunto (abastecimiento de energía, cambio climático y envejecimiento de la población), que representan además una oportunidad para el desarrollo económico y social. En los casos de salud y energía, en España estamos ya en una buena posición al haberse conseguido articular toda la cadena de valor, desde la investigación básica a la innovación
empresarial.

2.‐ Garantizar que la normativa, el diseño de las instituciones científicas y una parte importante de los recursos favorezcan la cooperación público-privada y los flujos de conocimiento, para dinamizar los procesos de innovación y
potenciar las diferentes funciones que corresponden a un sistema público de I+D científica y socialmente útil.

3.‐ Poner en marcha el Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento, creado en 2011, cuyo diseño vincula ciencia, desarrollo tecnológico y dimensión social.

Internacionalización

1.‐ Diseñar el futuro Plan Estatal de Investigación 2012-2015 a fin de que la financiación nacional estimule de forma más eficiente la colaboración entre investigadores, equipos y centros españoles e internacionales.

2.‐ Avanzar en la investigación para el desarrollo, ya que las políticas españolas de I+D y cooperación no han aprovechado aún adecuadamente las múltiples sinergias existentes entre ellas. Debemos profesionalizar y mejorar nuestra ayuda al desarrollo, atendiendo necesidades de países que requieren ayuda en materia de conocimiento y abrir nuevas puertas para la actividad de investigadores y empresas.

Propuestas para el sector audivisual y cultural:

1.- Reformar el actual marco de propiedad intelectual para sustituir el canon digital actual y establecer un nuevo modelo de protección, equilibrando los derechos de usuarios y creadores teniendo presente las iniciativas europeas en esta materia.

2.- Crear una Agencia de Propiedad Intelectual, con participación de las Comunidades Autónomas, para integrar en un único organismo los diferentes aspectos de la gestión pública de la Propiedad Intelectual.

3.- Reformar la Ley de Mecenazgo para incentivar las aportaciones privadas a las instituciones e iniciativas culturales. Entre otras medidas se equiparará el tratamiento dado a las aportaciones realizadas por las personas físicas con el que se dé a las personas jurídicas.

4.- Impulsar la aplicación de un tipo de IVA reducido del 4% a todos los formatos de libro, incluido el libro digital.

5.- Reforzar el Plan Integral de Apoyo a las Industrias Culturales y de la Creación, con especial incidencia en la formación de emprendedores, en la internacionalización, en el reforzamiento del tejido empresarial y en las
facilidades de financiación, con el objetivo final de impulsar el cambio de modelo de negocio que el sector precisa.

6.- La creación de software de entretenimiento y los videojuegos, son parte de la cultura de nuestro país, por ello adoptaremos medidas para potenciar la promoción, financiación e internacionalización de este importante sector
económico y cultural.

7.- Impulsar el autoempleo entre los creadores artísticos, así como la creación de sociedades laborales y cooperativas que aglutinen toda la cadena de valor de las artes: creación, producción, distribución y exhibición.

8.- Promover a través de las instituciones culturales públicas la nueva creación artística en todas sus manifestaciones, para ello los centros de creación, bibliotecas y museos darán prioridad al desarrollo de talleres, residencias, coproducciones y todas aquellas actividades que faciliten la materialización de nuevos proyectos.

9.- Fortalecer las sinergias entre dos sectores en los que España es líder mundial, el turismo y la cultura, con una línea específica de promoción del turismo cultural, favoreciendo la diversidad y calidad de la oferta.

10.- Reformar la Ley de Patrimonio Histórico para dar cabida a nuevas formas de patrimonio cultural surgidas en los últimos años, tales como el patrimonio cultural inmaterial, el subacuático o el paisajístico.

11.- Proseguir con el Plan de renovación de los museos nacionales y de titularidad estatal.

12.- Crear el Centro Nacional de Fotografía y Artes Audiovisuales.

13.- Continuar con el Plan de construcción de infraestructuras culturales, particularmente bibliotecas, consensuando con las CCAA la incorporación al Plan de municipios de gran tamaño distintos de las capitales de provincia.

14.- Consensuar con el conjunto del sector del libro un plan viable de apoyo a las librerías minoristas para garantizar la pluralidad de la oferta editorial, incorporando en ella la oferta digital.

15.- Favorecer la coproducción cinematográfica e impulsar el rodaje de películas extranjeras en España.

16.- Impulsar un Plan de Digitalización de las salas cinematográficas en colaboración con las CCAA y con el sector de la distribución y de la exhibición.

17.- Mejorar la financiación, pública y privada, de la producción cinematográfica.

Medidas para luchar contra el cambio climático

1.‐ Fortalecer la capacidad de observación del estado del territorio, los mares y la atmósfera, para mejorar la calidad de las decisiones públicas y privadas.

2.‐ Aprobar una Ley de Cambio Climático que establezca la senda de reducción de CO2 a 2050 marcando objetivos para 2025, 2030 y 2040; integrando la obligación de acompañar los Presupuestos Generales del Estado con presupuestos de carbono e incorporando la obligación de presentar cuentas anuales con estimación de huella ecológica en el registro mercantil.

3.‐ Fomentar proyectos domésticos que permitan acometer reducciones cuantificables por encima de los niveles que pudiera exigir la legislación establecida, y que estas reducciones entren en el ámbito de actuación del fondo de compra de créditos de carbono previsto en la Ley de Economía Sostenible.

4.‐ Impulsar una revisión coordinada de los instrumentos de planificación en aquellos sectores que se consideran más vulnerables con el fin de garantizar la adecuada integración de la adaptación al cambio climático.

5.‐ Consolidar el papel de España como uno de los actores claves y de referencia en la esfera mundial, y promover a nivel comunitario una posición de negociación ambiciosa por parte de la UE en los foros internacionales.

Medidas para fomentar la biodiversidad

1.‐ Elaborar y aplicar planes sectoriales que garanticen la eficacia del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en el turismo, la energía, el comercio exterior, la agricultura, la pesca, el transporte y el agua.

2.‐ Aprobar una Estrategia Nacional que permita coordinar las acciones urbanísticas y de ordenación del territorio de todas las administraciones, integrando las estrategias de adaptación al cambio climático y la puesta en valor de nuestros recursos naturales.

3.‐ Reforzar el Fondo de Patrimonio Natural, de modo que se puedan acelerar las acciones específicas de gestión de especies amenazadas.

4.‐ Desarrollar y aprobar los objetivos de conservación y planes de gestión de los sitios de la red Natura 2000, dando protagonismo a los ciudadanos y sus organizaciones, a través del voluntariado ambiental y la custodia del territorio.

5.‐ Establecer medidas de control y gestión eficaces e innovadoras, como los bancos de hábitat.

6.‐ Desarrollar estrategias de control y erradicación de especies exóticas invasoras.

7.‐ Incentivar la gestión forestal sostenible y la certificación.

8.‐ Ampliar el periodo de actuación del Plan de Plantación de Árboles hasta el año 2020, para seguir aumentando la capacidad de captura de CO2 y mejorando los sistemas forestales no arbolados españoles.

9.‐ Elaborar un Sistema de Información Forestal para el Cambio Climático, conjuntamente con las CCAA, que posibilite conocer el balance neto de la actividad forestal en nuestro país, teniendo en cuenta tanto la biomasa arbórea como la biomasa de matorrales, pastizales y el suelo, que permita revisar las asignaciones a los bosques españoles y fomentar un mejor desarrollo del sector forestal.

10.‐ Desarrollar un Plan Nacional de Cartografía Ambiental que integre los riesgos naturales previstos en la Ley de suelo, y para ello sería deseable disponer de una cartografía temática ambiental, como documento base de conocimiento para una adecuada ordenación del territorio.

Propuestas para la defensa y la valorización del litoral español:

1.‐ Proteger nuestro litoral, aplicando la Ley de Costas, desarrollando el plan nacional de sostenibilidad de la costa y promoviendo el desarrollo sostenible y la gestión integrada de las zonas costeras.

2.‐ Renovar nuestro modelo para la gestión de la costa con una visión global que permita consolidar una gestión sostenible de la misma.

3.‐ Incorporar definitivamente el cambio climático como una variable fundamental en nuestros procesos de toma de decisión sobre el litoral (investigación, gestión de la costa, infraestructuras, planes urbanísticos, etc.).

4.‐ Adoptar una estrategia y planes de contingencia ante riesgos naturales en el litoral. La costa española es susceptible de verse afectada por varios riesgos (inundación, erosión, cambio climático, vertidos de hidrocarburos, etc.), y aunque la probabilidad de otros fenómenos como los tsunamis es baja, las zonas más susceptibles de verse afectadas cuentan con una altísima densidad de población, infraestructuras y actividad turística, lo cual eleva de forma considerable los posibles impactos.

5.‐ Aprobar una red de Áreas Marinas Protegidas y Red Natura 2000 marina

Propuestas para los sectores agricola, ganadero y pesquero:

1.‐ Defenderemos en la Unión Europea una Política Agraria Común (PAC) fuerte que contribuya a los objetivos de la Europa 2020. Una PAC más simple, con una dotación financiera suficiente y asentada en sus tres instrumentos básicos: apoyo a las rentas, gestión de mercados y desarrollo rural.

2.‐ Aumentaremos el reconocimiento y el prestigio de las actividades del sector primario. Los profesionales de este sector son verdaderos titulados que adquieren su formación en el ejercicio mismo de la actividad, imposible de sustituir por una formación académica reglada al uso, que sin embargo no ven reconocidos sus conocimientos profesionales en similares condiciones a las de la mayoría de los trabajadores.

3.‐ Queremos extender a estos trabajadores el modelo de titulación profesional por el ejercicio de la actividad que los socialistas hemos ido reconociendo a los trabajadores de algunos otros sectores.

4.‐ Fomentaremos la vertebración económica del sector productor, en particular mediante la integración cooperativa, propiciando un mayor grado de concentración de la oferta que permita una mejor defensa de las rentas de los productores en el mercado.

5.‐ Seguiremos apostando, como ya hemos hecho en los últimos años, por convertir a la pesca y la agricultura en sectores estratégicos para la cooperación al desarrollo.

6.‐ Habilitaremos nuevos instrumentos de control de los precios y de los mercados de alimentos, que contribuyan a evitar los movimientos especulativos y redistribuyan con equidad los márgenes de beneficios, así como a impulsar marcos internacionales de regulación y control, transparentes y efectivos.

7.‐ Vincularemos el concepto de calidad alimentaria a la calidad ambiental. La interdependencia (agricultura-ganadería-pesca) –(biodiversidad) como sello de garantía para el consumidor es un reto que deben afrontar las administraciones en nuestro país, para garantizar la imagen de nuestros sectores en el exterior, y evitar problemas de seguridad alimentaria.

8.‐ En un escenario global de incertidumbres, cada vez más se dirige la mirada al mar como un reservorio de recursos con capacidad para suplir las carencias que puedan sobrevenir de las deficiencias de gestión de los terrestres, pero debemos defender que los errores que la Humanidad ha cometido en tierra no se trasladen a los océanos. Es preciso definir con claridad en el seno de Naciones Unidas un concepto de ciudadanía oceánica universal que preserve las grandes áreas marinas, fuera de las aguas territoriales.

9.‐ La reforma de la Política Pesquera Común ha de llevarse a término sobre los mismos principios que la de la PAC, considerando la importancia de mantener un sector estratégico para el abastecimiento alimentario de la Unión Europea y para la creación de riqueza en las zonas costeras.

10.‐ Realizar esfuerzos en las áreas de innovación e investigación aplicada, atendiendo a las oportunidades que brindan las tecnologías de gestión del agua, de la energía, de la explotación de los recursos pesqueros, la acuicultura y las diversas industrias y actividades náuticas, conscientes de que en el mar se duplican los yacimientos de oportunidades que en algunos casos han alcanzado en tierra su cénit de aprovechamiento.

11.‐ Incrementar los esfuerzos en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y reglamentada, para terminar con estas actividades fraudulentas que esquilman nuestros mares, actuando principalmente sobre la comercialización de productos ilegales y actualizando los sistemas de control efectivos y la aplicación de sanciones en pesca.

12.‐ Incluir a las Organizaciones Profesionales Agrarias en el Consejo Nacional del Clima, para que tengan participación en los procesos decisorios en las materias de su competencia.

13.‐ Impulsar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en la industria agroalimentaria y en las zonas regables de nuestro país, así como su adaptación a la normativa de emisiones que evite la deslocalización de una de las actividades más importantes de nuestro país.

14.‐ Activar la reforestación y la gestión forestal sostenible, para mejorar la situación de nuestros montes, reducir los factores que aumentan la probabilidad de incendios, y compatibilizar el uso de recursos forestales con su función ecológica.

15.‐ Promover, mediante el incentivo del uso de biomasa como fuente energética renovable y autóctona, la transformación de tierras no aprovechadas en agricultura para usos adecuados a estos fines y la activación de los mecanismos previstos en la Ley de Economía Sostenible.

Propuestas para una mayor eficiencia en el uso de los recursos:

Agua

1.‐ Convocaremos a todos los agentes sociales, económicos y políticos para alcanzar una política de agua compartida acorde con las directivas europeas, en el que debe considerarse la construcción de nuevas infraestructuras como la última opción a valorar –tras el ahorro, la mayor eficiencia, la reutilización y la reasignación de concesiones existentes- si no existiesen otras alternativas viables, teniendo en cuenta su coste económico y ambiental. Se trata, por tanto, de abordar las obras hidráulicas en España con un criterio mucho más selectivo que en el pasado, acorde con las necesidades de contención del déficit público, las mayores exigencias de conservación de nuestros ríos, y las prospectivas de disponibilidades futuras de recursos hídricos que acompañan a los diagnósticos en materia de Cambio Climático, promoviendo un mejor uso de las infraestructuras ya existentes, muchas de ellas infrautilizadas por pérdidas, por falta de conexiones adecuadas, o por insuficiente demanda efectiva.

2.‐ Aprobaremos todos los planes hidrológicos de cuenca con el objetivo de garantizar, incluso en períodos de sequía, el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente para todos los ciudadanos, así como el mantenimiento de los
ecosistemas fluviales. Para ello aprovecharemos el liderazgo de nuestras empresas en todas las tecnologías de ahorro, gestión, obtención y tratamiento del agua.

3.‐ Desarrollaremos una nueva legislación sobre aguas, que actualice el régimen económico para incentivar el uso eficiente del agua y reducir la contaminación; establezca criterios para justificar excepciones al principio general de recuperación de costes; fomente el uso integrado de aguas superficiales y aguas subterráneas; posibilite la reasignación de las concesiones de uso del agua a través de los Bancos Públicos de cada cuenca, y consolide una arquitectura de responsabilidades compartidas acorde con las competencias de cada una de las Administraciones.

4.‐ Ahorro y eficiencia. En España hay aún mucho margen para reducir la necesidad de agua, en particular en la agricultura, donde puede reducirse aún más el consumo de agua por hectárea regada. También es necesario un uso más
eficiente de los recursos disponibles a partir de la mayor reutilización del agua, adecuadamente depurada, tecnología que actualmente no conlleva ningún riesgo para todos los usos distintos del abastecimiento.

5.‐ Reasignaremos usos a través de Bancos Públicos. Los derechos concesionales históricos sobre el agua que no se utilizan en la actualidad pueden ser reasignados a otros usos por parte de los Bancos Públicos del Agua, que pueden ya obtener recursos por caducidad de concesiones, por compra temporal de derechos, o por asignación al banco de los recursos que libera la modernización de regadíos.

6.‐ Promoveremos la plena aplicación de la Ley de Aguas de 1985 sobre las aguas subterráneas, mediante el registro de todos los pozos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, potenciando la colaboración con los usuarios de los mismos.

salud y medio ambiente

1.‐ Crear el foro de salud y medio ambiente urbano, un instrumento de cooperación con las grandes ciudades del país para el seguimiento de la evolución de los principales parámetros de calidad ambiental y salud en el medio urbano (residuos, saneamiento y depuración, ruido y calidad del aire), acompañándolo de una nueva herramienta, el sistema nacional de información de calidad del aire.

2.- Establecer un sistema de alertas e información sobre presencia y origen de contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados y pesticidas en sangre, impulsando su progresiva disminución en particular en la cadena alimentaria.

3.‐ Adoptar un Plan Nacional de Riesgos Químicos y Metales Pesados para la Salud que incluya un calendario de prohibición total del uso de mercurio, plomo y cadmio, y medidas transitorias hasta su total desaparición.

residuos

1.‐ Promover de forma efectiva la recuperación y el reciclado, así como los tratamientos de proximidad que eviten los depósitos alejados del lugar de producción.

2.‐ Diseñar una nueva fiscalidad sobre la generación de residuos.

3.‐ Aplicar y desarrollar la Ley de Residuos, con especial atención al papel de los centros comerciales, en la cadena de gestión, de forma que se exija a los proveedores que eliminen la mayor parte de los embalajes y que se utilicen sistemas de empaquetado con materiales renovables o reutilizables.

4.‐ Implementar un modelo de gestión de reducción de emisiones a los gestores de los residuos., que permita que en el horizonte de 2020 realicen una gestión sostenible de su actividad (valorización del biogás, reducción de emisiones en el transporte de residuos, mejora de la recogida, minimización del rechazo a vertedero, etc.)

5.‐ Impulsar la recogida selectiva de bioresiduos mediante el apoyo gradual a los municipios comprometidos con su correcta gestión y transformación.

6.‐ Fomentar el aprovechamiento energético del biogás mediante el desarrollo de pequeñas unidades de mecanización en granjas y en las estaciones depuradoras de aguas residuales.

7.‐ Activar un plan de impulso a la descontaminación de suelos.

Propuestas en materia de energía:

1.‐ Elaboración de un Libro Blanco sobre Energía, que aborde el conjunto del sector energético para analizar los retos a los que se enfrenta nuestro país, plantear y estudiar diferentes alternativas, y establecer orientaciones estratégicas para el futuro de nuestro modelo energético.

2.‐ Promoveremos el derecho a la generación energética, que permita a cualquier persona convertirse en productor de electricidad y que garantice la conexión a la red de transporte para poder vender los excedentes no autoconsumidos, y de esta forma promover la democratización de la energía y el cambio progresivo hacia un modelo de generación distribuida.

3.‐ El aumento esperado de la capacidad instalada por parte de otras tecnologías de generación de electricidad, hará posible un horizonte de cierre gradual de las centrales nucleares, al finalizar su vida útil de 40 años, o antes si los exámenes técnicos detectan circunstancias que hagan aconsejable su cierre anticipado. Desde 2013 a 2028 el parque nuclear español dejará de estar en servicio.

4.‐ Dentro de ese calendario, las autorizaciones de prórrogas se harán por un periodo acorde con la antigüedad de la planta para asegurar que se adecuan continuamente a las exigencias de seguridad.

5.‐ En paralelo, los huecos de generación liberados por las sucesivas paradas de reactores serán cubiertos por sistemas de generación renovables, carbón limpio con sistemas de combustión limpia y captura de CO2 junto con generación gestionable, dotando al sistema eléctrico de las herramientas adecuadas (redes, vehículos eléctricos y bombas hidráulicas) para su integración en condiciones de seguridad.

6.‐ Aprobación de una ley de Ahorro y Eficiencia Energética, con particular énfasis en los sectores de transporte y vivienda, que promueva de forma efectiva una reducción del consumo y, por lo tanto, de la intensidad energética del país, disminuyendo el coste en la balanza comercial y la huella ecológica de nuestro consumo.

7.‐ Una de las claves del ahorro energético es la movilidad sostenible, en la que el transporte público juega un papel esencial. Además, la apuesta por la movilidad sostenible posee un impacto decisivo en los niveles de contaminación de las
ciudades. Por ello plantearemos la obligatoriedad de que las ciudades diseñen y lleven a efecto Planes Municipales de Movilidad Sostenible, y que en las revisiones de su planeamiento urbanístico se incorporen los criterios de sostenibilidad
ambiental en los diseños urbanos.

8.‐ Aprobaremos una Ley de Energías Renovables, en la que se establezcan los objetivos a alcanzar y se diseñe un marco regulatorio estable para el desarrollo de las distintas tecnologías, con horizontes bien definidos en términos de aumentos
de la capacidad.

9.‐ Esta nueva ley de Energías Renovables establecerá los mecanismos de apoyo público a las distintas tecnologías renovables para que cada una de ellas pueda recuperar sus costes, de acuerdo con escenarios de incentivos que vayan reduciendo en el tiempo las aportaciones de acuerdo con la reducción efectiva de los costes operativos.

10.‐ Crearemos un Fondo Estatal de Apoyo a las Energías Renovables, que sirva como instrumento de estabilidad a los mecanismos de impulso público al desarrollo de las inversiones privadas.

11.‐ Impulsaremos la I+D+i en nuevas tecnologías renovables, con apoyo público a las fases de investigación e innovación en todas las tecnologías renovables, pero especialmente en aquellas que se hallan en fases más incipientes y que puedan tener un amplio recorrido en España, como pueden ser los casos de la geotermia o las que utilizan el mar como fuente energética.

12.‐ Diseñaremos un Plan Estratégico para la Biomasa. La biomasa es una de las fuentes energéticas con un enorme potencial para España, por los múltiples efectos positivos que puede aportar a nuestro país (empleos rurales, ventajas ambientales, evitar incendios forestales y plagas, y desarrollos tecnológicos propios).

13.‐ Estableceremos un canon sobre las tecnologías maduras ya amortizadas, como la hidroeléctrica y la nuclear, para financiar las actuales energías renovables.

14.‐ Revisaremos la regulación del sector eléctrico. Para resolver el problema del déficit tarifario no es suficiente elevar la tarifa eléctrica, como se ha venido haciendo en los últimos años, sino que resulta necesaria también una revisión en profundidad de los costes reconocidos por la regulación a las empresas.

15.‐ Favoreceremos la adquisición de aparatos eléctricos con un menor consumo. Como medida de refuerzo al Plan Renove que actualmente aplican algunas CCAA, aplicaremos a los electrodomésticos de mayor eficiencia energética el tipo reducido de IVA.

16.‐ Estableceremos un sistema de señales de discriminación horaria para identificar los periodos punta y valle de demanda eléctrica, que fomente una participación activa de la demanda de los mercados, la reducción del consumo en las horas
punta y el incremento de los valles de consumo mediante el almacenamiento (bombeo y futuras tecnologías).

Propuestas en materia de vivienda:

1.- Nuevos planes estatales de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana

• Se elaborará un nuevo Programa Estatal de Rehabilitación, Regeneración Urbana y Vivienda 2012-15, que potencie, frente a los nuevos desarrollos urbanos, la intervención rehabilitadora y edificatoria en las ciudades y la regeneración urbana para mejorar los espacios públicos y la calidad de las ciudades. Dicho Plan, fomentará, asimismo, la construcción estatal de vivienda protegida destinada al arrendamiento permanente a precios asequibles, especialmente para colectivos vulnerables, como las familias que sufran desahucio por embargo.

• Se sustituirán las transferencias de capital a las CCAA, propias de los Planes Estatales de Vivienda de los últimos 25 años, por intervenciones finalistas a través de Contratos-Programa que financien directamente actuaciones concretas.

2.- Medidas para fomentar la rehabilitación y la regeneración urbana

2.1.- Se desarrollará un sistema de gestión sencillo y eficaz del programa concertado con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, desarrollando las siguientes medidas:

o Mejora de los servicios de gestión y tramitación de ayudas utilizando las Oficinas de Rehabilitación preexistentes, incorporando a los Ayuntamientos y facilitando al usuario toda la información referente a las ayudas y ventajas fiscales existentes.

o Impartición de Cursos de Formación específicos para la gestión de las ayudas a la rehabilitación.

o Incorporación al sector privado en la gestión de las Ayudas públicas por medio de Convenios de Colaboración y Homologación con los agentes intervinientes para que puedan gestionar directamente el cobro de las ayudas a favor de los beneficiarios.

o Incorporación del mecanismo de Declaración Responsable en la solicitud de licencias de obras de mejora o reforma en la vivienda – que no afecten a elementos estructurales ni a la configuración arquitectónica- con la finalidad de agilizar el inicio de las obras.

o Potenciación de la Ejecución Concertada entre Administración, Propiedad y Empresas (Agente Rehabilitador y Edificador) como
instrumento más eficaz para desbloquear la rehabilitación de los edificios, la edificación de los solares y la regeneración urbana.

2.2.- Impulsar el régimen de colaboración público-privada en la gestión de la rehabilitación de viviendas y en la regeneración urbana en los ámbitos de Rehabilitación,

2.3.- Potenciar el papel del ICO en la financiación de inversiones en rehabilitación y regeneración urbanas.

2.4.- Crear un sistema de Calificación de Empresas Promotoras especializadas en Rehabilitación y Regeneración Urbanas.

2.5.- Utilizar del Ahorro Energético como instrumento movilizador de la rehabilitación de edificios, fomentando la utilización de las energías renovables, así como el empleo de Tecnologías Avanzadas en seguridad, telecomunicaciones, producción energética, consumo y reutilización de agua y el empleo de materiales más eficientes desde el punto de vista de la insonoridad y la sostenibilidad.

2.6.- Se revisará el Sistema Fiscal para flexibilizar las condiciones de aplicación del IVA a la rehabilitación

3.- Medidas para fomentar el alquiler y movilizar el stock de viviendas existente:

3.1.- Potenciación de la oferta en alquiler por medio de la mejora de los instrumentos de inversión colectiva en inmuebles (Fondos de Inversión Inmobiliaria, Sociedades de Inversión Inmobiliaria y Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, etc.), otorgándoles un tratamiento similar al de otros países de nuestro entorno.

3.2.- Coordinación de las actuaciones de la Sociedad Publica de Alquiler del Estado con las de las Comunidades Autónomas.

3.3.- Definición e implementación del Certificado de Garantía de Calidad y Seguridad Jurídica de los inmuebles y del producto.

3.4.- Estudio de la utilización del parque de viviendas turísticas vacías para su uso, por ejemplo, del turismo de la tercera edad, tanto de España como del resto de Europa.

3.5.- Actualización de la fiscalidad de la vivienda para impulsar la salida del stockaje existente, potenciando su venta y el alquiler y beneficiar a las rentas más bajas, actualizando la vigente deducción por compra de vivienda para familias de rentas de 24.000 a 30.000 euros.

4.- Medidas para desarrollar un urbanismo transparente y sostenible.

4.1.- Con el fin de agilizar la tramitación administrativa de los expedientes, se formulará un único Informe Conjunto, suscrito por la totalidad de los responsables de los Departamentos ministeriales implicados, poniendo especial énfasis en los informes de Sostenibilidad Medioambiental y de Sostenibilidad Económica de acuerdo con la Ley de Suelo 2007.

4.2.- Realización de un mapa de las reservas de suelo de acuerdo con las Comunidades Autónomas, estudiando y proponiendo las distintas posibilidades de utilización y puesta en valor de cada uso.

4.3.- Refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, elevando los plazos de prescripción de los delitos de corrupción urbanística (artículo 131 del Código Penal).

5.- Promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas en política de vivienda

6.- Más y mejor formación financiera. La variedad y complejidad de los productos financieros hacen imprescindible desarrollar una cultura financiera básica que permita a los usuarios poder tomar sus propias decisiones y no estar expuestos al riesgo de invertir y contratar lo que no entienden. Se necesita formación para negociar o renegociar las condiciones de la hipoteca. Por ello, potenciaremos los esfuerzos orientados a incrementar la cultura financiera del país y hacerlo llegar a un sector más amplio de la sociedad, como el portal “Finanzas para Todos” desarrollado por el Ministerio de Economía.

7.- Una nueva ley de insolvencia personal. Elaboraremos una ley de insolvencia personal que regulará el reparto equilibrado de los riesgos entre el deudor y el acreedor, sin que ello penalice el crédito futuro, encareciéndolo o restringiéndolo, y garantizando suficientemente la seguridad jurídica en el tráfico mercantil. En relación con nuestro sistema hipotecario, aseguraremos la protección de los ciudadanos, desde el momento inicial de suscripción de la hipoteca hasta el eventual supuesto de ejecución, a través de las siguientes actuaciones:

8.- Regulación de las sociedades tasadoras. Regularemos las sociedades tasadoras para fomentar su competencia e independencia. Para conseguir dicho objetivo:

8.1.- Se avanzará en suprimir las barreras de entrada al sector.

8.2.- Se reforzará la regulación referida a los requisitos de homologación previa, de independencia, de incompatibilidades y de conflictos de interés.

8.3.- Se establecerán “umbrales máximos de vínculo” a partir de los cuales no se podrá considerar que una tasación sea independiente, en cuyo caso se tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del prestatario.

8.4.- Se establecerán requerimientos mínimos de información que debe de ofrecer una entidad financiera a un potencial prestatario en relación a las distintas sociedades que pueden realizar una tasación de una vivienda.

9.- Más transparencia y mejor información. El endeudamiento excesivo en que han incurrido muchas familias también obedece a la insuficiente y deficiente información par parte de las entidades financieras. Los contratos hipotecarios son complejos, tienen una redacción farragosa y son muy difíciles de entender por la mayoría de los usuarios. Además, resulta muy difícil comparar las ofertas de las diversas entidades financieras para que el comprador pueda elegir la mejor opción para sus intereses. Para corregir esta situación elaboraremos una nueva normativa que incluirá la obligación para las entidades financieras de los siguientes aspectos:

9.1.- Exigencia de facilitar información precontractual que permita a los consumidores comparar las condiciones hipotecarias de diferentes prestadores.

9.2.- Disponer en cualquier momento de folletos de información general sobre la gama de productos de crédito que ofrecen.

9.3.- Facilitar el asesoramiento financiero e información contractual clara y sencilla con un resumen en donde deben aparecer todas las condiciones financieras y que indique el coste final que se paga por la vivienda al finalizar el pago de la hipoteca

10.‐ Supresión de cláusulas, prácticas y situaciones abusivas. La crisis ha puesto de manifiesto también la existencia de cláusulas abusivas hipotecarias por parte de algunas entidades financieras que también han incidido en el sobreendeudamiento de las familias y que requieren una nueva regulación que las imposibiliten. Para ello, proponemos:

10.1.- Limitar, para las hipotecas sobre la vivienda habitual familiar, el tipo máximo a aplicar en los intereses de demora y su aplicación en exclusiva al principal de la deuda

10.2.- La penalización por cancelación anticipada se limitará a la pérdida económica que sufre realmente la entidad cuando este derecho sea ejercido por parte del prestatario

10.3.- Establecimiento de un límite temporal mínimo por el que debe de ser reconocido el valor de tasación de una vivienda, impidiendo actualizar a la baja el mismo al poco tiempo de haberse constituido un crédito. Con esta medida se impedirá que el prestatario tenga que incrementar notablemente la deuda con la entidad financiera.

11.- Procedimientos de acuerdo entre deudor y acreedor. La modificación de la legislación hipotecaria incluirá procedimientos para favorecer el acuerdo entre el deudor y el acreedor hipotecario antes de proceder, en caso de impago, a la ejecución de la garantía hipotecaria con medidas como:

11.1.- Favorecer la dación en pago pactada equilibradamente entre deudores hipotecarios y entidades financieras

o Las ejecuciones hipotecarias deben ser el último recurso porque generan costes judiciales, imponen demoras de casi 2 años hasta la nueva posesión en los que se acumulan intereses y la vivienda queda paralizada, y cuando se llega a la subasta, el deudor no puede obtener por su vivienda un valor de mercado que le permita reducir al máximo su carga.

o Por ello incentivaremos la dación en pago pactada como una solución más eficiente que las ejecuciones para beneficiar al deudor hipotecario de buena fe.

o Para favorecer estos acuerdos se pedirá la implicación de todos los agentes intervinientes, especialmente notarios y registradores, y se promoverá un acuerdo general con las CC.AA para eximir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en los casos en que la entidad financiera acepte la vivienda para saldar la deuda. Esta exención estaría sujeta a límites para evitar abusos por parte de la entidad financiera.

11.2.- En este contexto, estableceremos la obligatoriedad de que las entidades financieras ofrezcan productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien hipotecado, lo que se denomina dación en pago.

12.- Proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución

12.1.- Se extenderán los plazos que permiten acudir a la ejecución hipotecaria cuando el hipotecado o principal proveedor de la unidad familiar a la que pertenezca se encuentre en situación de desempleo

12.2.- Cuando el acuerdo no sea posible y el deudor deba enfrentarse a la venta en pública subasta de su vivienda, se mejorará el funcionamiento de las subastas para que se maximice el importe obtenido por el deudor. Para ello:

o Se suprimirán las barreras que dificultan la participación en las subastas de un mayor número de postores, abriendo el abanico actualmente limitado casi exclusivamente a entidades financieras.

o En particular, se facilitará el acceso a la financiación a los postores, flexibilizando plazos, garantías y condiciones, evitando así que en la práctica muchas veces sólo puedan acudir entidades financieras.

o Se avanzará en la implantación de la subasta telemática.

o Se incrementará la información pública y la transparencia de todo el proceso, facilitando el acceso al inmueble de los postores y publicando en internet los datos relevantes del inmueble.

o Se facilitará el acceso a la financiación a los postores, flexibilizando plazos, garantías y condiciones, evitando así que en la práctica muchas veces sólo puedan acudir entidades financieras.

Propuestas para conseguir la cohesión territorial:

1.‐ Continuar por la apuesta para transformar el modelo centro-periferia de redes de transporte en un modelo más estructurado, a través de corredores transversales que permitan los desplazamientos en coche, tren y autobús sin necesidad de atravesar el centro del país.

2.‐ Promover el desarrollo económico de aquellos territorios con problemas de pérdida de población y falta de incentivos a la fijación de población joven, mediante planes especiales de actuación integral.

3.‐ Fomentar un modelo urbanístico de planificación ordenada del territorio, que permita armonizar el crecimiento de las ciudades de tamaño medio, de una manera integrada entre los desarrollos urbanísticos y la promoción de actividades económicas de comercio y servicios. Por sus condiciones especiales de insularidad y lejanía al territorio continental, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos allí residentes y la estructura de su economía, para la Comunidad Autónoma de Canarias nuestras propuestas son las siguientes:

4.‐ Promover en el ámbito comunitario que en el próximo período de programación 2013-2020, Canarias se incluya dentro de las regiones que tenga como objetivo la convergencia y, por tanto, disponga del máximo nivel de acceso a los fondos estructurales con independencia de su nivel de renta per cápita.

5.‐ Dar continuidad a las actuaciones en marcha en el marco de la Estrategia Integral para Canarias aprobada por el Gobierno socialista, y a los Convenios Canarias- Estado: Obras Hidráulicas, carreteras, subvención al transporte de pasajeros y de mercancías, actuaciones en el litoral, infraestructuras educativas y turísticas de interés general, así como en la financiación de los correspondientes planes de empleo.

6.‐ Promover las actividades de reciclaje de residuos, con aplicación de las tecnologías más modernas, para minimizar los problemas medioambientales que causan en las islas la acumulación de residuos: alteraciones del paisaje, peligrosidad sobre la salud o contaminación de los recursos naturales.

7.‐ Garantizar el suministro energético a precios competitivos en las islas, teniendo en cuenta en la planificación las circunstancias de mayores costes de abastecimiento y generación de energía.

8.‐ El menor grado de accesibilidad de las islas Canarias a los servicios de interés general que les son comunes a las restantes comunidades del territorio nacional, origina una importante desventaja competitiva que singularmente se manifiesta en el sector energético, circunstancia que nos comprometemos a tener en cuenta en los próximos procesos de planificación energética.

9.‐ En este sentido, impulsaremos las tecnologías más modernas en materia energética en el Archipiélago Canario. Así, aplicaremos un régimen específico a las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en cada una de las islas.

10.‐ Fomentar las políticas de Vecindad y Gran Vecindad de la Unión Europea, en el marco de una acción concertada en África entre los Gobiernos de España y Canarias, fomentando planes de cooperación.

11.‐ Potenciar el papel de Canarias en el conjunto de las actuaciones de política marítima integrada en la UE.

12.‐ Estudiar el régimen especial fiscal canario (REF) para aplicar posibles mejoras.

Propuestas de política de transporte:

1.‐ Los socialistas apoyamos un modelo de España mallada que cohesione el conjunto del país. Por ello, la nueva y ambiciosa definición de las Redes Transeuropeas constituye una oportunidad para realizar el segundo gran esfuerzo modernizador del sistema de infraestructuras del transporte en nuestro país y cubrir las carencias que todavía hoy tenemos, especialmente en el tráfico de mercancías por ferrocarril. Apoyamos la inclusión y el desarrollo de los cinco grandes corredores multimodales conectados entre sí: el Corredor Mediterráneo, el Corredor Central, el Corredor Atlántico, el Corredor Atlántico- Mediterráneo y el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Cinco corredores que cubren el conjunto del territorio con una red de alta velocidad para viajeros, una red de mercancías interoperable con ancho internacional, electrificadas y con sistema ertms, junto con la conclusión de una red viaria de altas prestaciones.

2.‐ Culminar los grandes ejes viarios y ferroviarios. España tiene en estos momentos en plena ejecución un importante número de actuaciones para completar los grandes ejes estructurantes del sistema de transportes. El actual marco presupuestario exige que en su ejecución se utilicen criterios de priorización de los principales proyectos, y que se exploren fórmulas de colaboración público-privada que permitan un calendario de pagos adecuado a la amortización de la infraestructura y con plenas garantías de su mantenimiento.

3.‐ Destinar recursos al mantenimiento de las redes de infraestructuras existentes. A partir de ahora, será cada vez más necesario invertir en conservación y mantenimiento de las redes, así como en la mejora de la seguridad vial, uno de nuestros principales objetivos.

4.‐ Establecer un marco financiero estable que garantice la viabilidad de la conservación de la Red Viaria, que fomente la intermodalidad en el transporte de mercancías y que facilite una reestructuración ordenada del sector de transporte de mercancías por carretera.

5.‐ Potenciar el papel de España como plataforma logística eficiente, aprovechando nuestra posición geográfica, las inversiones en redes de infraestructuras acometidas en los últimos años, y resolviendo las deficiencias en transporte de mercancías por ferrocarril y en instalaciones logísticas adecuadas.

6.‐ Reequilibrar el sistema de transporte a favor de los modos más sostenibles, potenciando las inversiones previstas en la Red Básica de Mercancías, y promoviendo su plena integración e interoperabilidad con la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario y su conexión con una red de plataformas logísticas de ámbito nacional.

7.‐ Promover la construcción de líneas dedicadas a mercancías en los entornos de grandes ciudades, a fin de evitar las interferencias con los tráficos de cercanías.

8.‐ Potenciar el transporte marítimo de corta distancia y, dentro de él, las Autopistas del Mar, como servicio de especial calidad.

9.‐ Impulsar las rutas marítimas de interés público, que juegan un papel clave para la cohesión social de esos territorios, tanto para tráficos de pasajeros y de mercancías con las islas Baleares y Canarias, así como con las ciudades de Ceuta y de Melilla.

10.‐ Aplicar en España los compromisos contenidos en el Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques como pieza fundamental en la lucha contra la contaminación marina ambiental.

11.‐ Continuar impulsando las políticas que favorezcan el transporte urbano y metropolitano sostenible, y en particular dar continuidad a los Planes de Cercanías de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla.

12.‐ Establecer acciones concertadas que involucren a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que impliquen un doble trasvase modal: del vehículo privado al transporte público y del vehículo privado al transporte no motorizado.

13.‐ Elaborar un plan para reducir los retrasos de los aviones en fase de vuelo que dan lugar a consumos innecesarios de combustible, así como para optimizar las operaciones aéreas en materia de pilotaje eficiente y mejora de la coordinación aeropuerto-espacio aéreo.

14.‐ Apoyar la certificación del sistema GPS/EGNOSS para su uso sin restricciones como sistema de navegación en el espacio aéreo europeo, con el objetivo de continuar con la optimización de las operaciones aéreas.

15.‐ Poner en marcha actuaciones para la reducción de emisiones contaminantes generadas en los entornos aeroportuarios y que tienen efectos nocivos sobre la población.

16.‐ Apoyar la descarbonización del transporte aéreo, apostando por la utilización de biocombustibles en los sistemas de propulsión aeronáutica para que la industria aérea pueda alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de CO2.

Políticas laborales orientadas a la reactivación del empleo:

1.− Situaremos las políticas activas como una de nuestras mayores prioridades para aumentar las oportunidades de empleo, aplicando las orientaciones y objetivos recogidos en la Estrategia Española de Empleo. A partir de ahora hay que culminar el proceso de reforma del sistema de formación profesional, aplicar el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, fomentar la implicación de las grandes empresas en los procesos de formación de su industria auxiliar, y establecer las condiciones de hecho para que el programa PREPARA contribuya eficazmente a la recualificación de trabajadoras y trabajadores desempleados. Es necesario:

1.1.- Personalizar el diseño de itinerarios para mejorar la cualificación profesional y la búsqueda de empleo de cada persona desempleada.

1.2.- Construir el sistema integrado de la formación profesional, que comprenderá la formación profesional reglada y toda la formación continua, en un proceso de aprendizaje permanente de los trabajadores y trabajadoras.

1.3.- Ampliar la oferta de formación, mejorar su calidad y aumentar su especialización, con el objetivo prioritario de reorientar a los desempleados provenientes de los sectores y actividades que han sufrido un mayor ajuste hacia sectores emergentes. Asimismo, se deben crear mecanismos de coordinación entre el sector privado y los servicios públicos para que las
acciones formativas respondan mejor a las necesidades de las empresas y de las personas desempleadas.

1.4.- Potenciar la formación de los trabajadores y las trabajadoras que están en activo en nuestras empresas como uno de los pilares que pueden generar más beneficios para nuestro mercado laboral.

1.5.- Fomentar la contratación a tiempo parcial, mediante una nueva regulación del mismo, permitiendo que los desempleados suplan a los trabajadores en activo durante los períodos en los que estuvieran recibiendo su formación.

1.6.- Aumentar los recursos de los Servicios Públicos de Empleo, como hemos hecho durante esta legislatura, y mejorar su eficacia, y adoptar nuevos instrumentos que hoy no existen. Nuestro compromiso es seguir potenciando el Servicio Público de Empleo estatal, así como su efectiva coordinación con los Servicios de empleo autonómicos, además de impulsar las mejores prácticas de colaboración público- privadas en la intermediación en el mercado de trabajo.

1.7.- Mejorar la relación actual entre las políticas activas y pasivas, dando paso a un modelo más coherente e integrado, con un mayor grado de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España.

1.8.- Aumentar la colaboración entre los servicios públicos y las instituciones privadas que intervienen en la intermediación laboral, para lograr que no se pierda ninguna oportunidad de empleo.

1.9.- Contribuir en mayor medida al sostenimiento del sistema de protección por desempleo.

1.10.- Mantener la posibilidad de capitalizar las prestaciones por desempleo para emprender una actividad empresarial por cuenta propia que permita superar la situación de desempleo.

1.11.- Buscar nuevas fórmulas de utilización de la prestación por la persona desempleada para mejorar o fomentar su empleabilidad, bajo la tutela y autorización de los servicios públicos de empleo, y en el marco de un itinerario de inserción laboral. Junto a ello, se deben establecer nuevas formas de estimulo al empleo para los perceptores de prestaciones por desempleo sin que se alteren en forma alguna sus derechos, y mantener condiciones adecuadas de estímulo al empleo para los demás desempleados.

2.- Reforzaremos los recursos y los mecanismos de actuación disponibles en materia de políticas de empleo mediante la creación de un Fondo para el Empleo que garantizará la suficiencia de los recursos que se precisen para las mismas en la próxima legislatura y permitirá sostener las medidas extraordinarias a favor del empleo que se proponen abordar. Tendrá naturaleza suplementaria y no sustitutiva respecto a los actuales fondos ordinarios que se destinan en los PGE a las políticas de empleo. El Fondo integrará los ingresos de naturaleza tributaria y presupuestaria que específicamente se determinen. Asimismo, constituirán una fuente de financiación del nuevo Fondo los recursos procedentes de las aportaciones de aquellas grandes empresas con beneficios que impulsan expedientes de regulación de empleo para despedir a trabajadores de 50 o más años de edad.

Propuestas para la reforma laboral:

1.- Reordenaremos las ayudas a la contratación para, además de dirigirlas a promover el empleo de determinados colectivos con especiales dificultades, vincularlas directamente con otros tres objetivos: por un lado, primar los contratos que supongan incremento del empleo en la empresa; por otro, crear bonificaciones en las cuotas de seguridad social que se proyecten en el tiempo a cambio de asegurar el mantenimiento por varios años de los contratos que se celebren con su ayuda; y un último objetivo: posibilitar e incrementar la formación. En ese marco renovado de ayudas a la contratación de colectivos con especiales dificultades de empleo, no olvidaremos a las Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo y Cooperativas de Iniciativa Social.

2.‐ Nuestro propósito es y sigue siendo que se pueda alcanzar una mayor estabilidad real en el empleo. La próxima legislatura será el momento de poner fin a la temporalidad no justificada, que distorsiona el funcionamiento correcto de nuestro mercado de trabajo y da lugar a que necesidades permanentes de las empresas se cubran una y otra vez con contratos temporales sucesivos, con el mismo o diferente trabajador, perjudicando a la larga la productividad de la economía española. En consecuencia, tiene pleno sentido económico desincentivar, en cualquier momento del ciclo económico, la temporalidad excesiva. Para lograrlo y con ello alcanzar una mayor estabilidad real en el empleo, debe seguir avanzándose en las
políticas para aproximar los costes de los contratos indefinidos y los contratos temporales, modulando las cotizaciones por desempleo, de forma que ambos tipos de empleo reflejen mejor los costes e ingresos que generan en el conjunto del sistema a lo largo del ciclo. En la próxima legislatura, introduciremos un nuevo modelo de cotización por desempleo, “bonus-malus”, para desincentivar la temporalidad excesiva, que contemplará una cotización por desempleo incrementada para los contratos temporales y una reducción para los contratos indefinidos.

3.‐ Aumentaremos la flexibilidad interna negociada en las empresas. La reforma laboral de 2010 y la reforma de la negociación colectiva de 2011 tienen un objetivo común: aumentar la flexibilidad interna en las empresas, de manera que puedan disponer de una mayor capacidad de adaptación a los cambios en la situación económica y socio laboral. Nuestra apuesta por la flexibilidad interna pretende que estas medidas se utilicen de manera habitual y preferente con relación a las de lexibilidad externa para acabar con el recurso masivo a los contratos temporales (a su celebración, cuando el ciclo mejora; y a su no renovación, cuando la situación económica empeora) y con los despidos exprés. La flexibilidad interna ha de ser negociada entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores, pues entendemos que el acuerdo y el consenso social son la mejor garantía para lograr el equilibrio entre flexibilidad y seguridad. Para que las nuevas reglas sobre la negociación colectiva y sobre flexibilidad interna negociada puedan desplegar la totalidad de sus potenciales efectos positivos en nuestro mercado de trabajo es deseable que las organizaciones empresariales y los sindicatos alcancen acuerdos interprofesionales para:

• Propiciar una estructura de la negociación colectiva más ordenada

• Modernizar los contenidos de los convenios colectivos

• Potenciar los procedimientos no judiciales de solución de conflictos laborales, que deben ser renovados para hacerlos más ágiles y eficaces.

Por ello, alentaremos a los interlocutores sociales, desde el máximo respeto de su autonomía colectiva, a que negocien acuerdos interprofesionales con estos objetivos. Y para ello, pondremos a su disposición todos los instrumentos de apoyo que nos sean requeridos para conformar un sistema basado en la solución autónoma de los conflictos laborales, en la autonomía colectiva y en los principios de seguridad jurídica, imparcialidad y máxima agilidad. El recién creado Consejo de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva puede y debe ser el marco institucional adecuado para ello.

4.− En esa misma dirección hay que identificar nuevos canales de participación de los trabajadores sobre las decisiones estratégicas en las grandes empresas, tales como las que puedan afectar a su posición competitiva en el mercado o al volumen de empleo. Estas medidas deberían ser el resultado de un acuerdo tripartito entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

5.− Vamos a impulsar, con los interlocutores sociales y con otros actores implicados, una mayor utilización del trabajo a tiempo parcial de carácter estable en nuestro país, donde históricamente nunca ha alcanzado los niveles que existen en otros países de la Unión Europea. Ello debe hacerse sobre la base de una concepción amplia del trabajo a tiempo parcial, no centrada exclusivamente en la reforma de la legislación laboral que regula este tipo de contrato, que permita una distribución más equitativa de esta modalidad de contratación por sexos, por edades y por sectores de actividad. Cuestiones que, sin duda, contribuirían a la extensión de trabajo a tiempo parcial estable son:

• La posibilidad de su uso en las Administraciones Públicas.

• Los recursos y las infraestructuras para la atención a los niños y niñas de 0 a 3 años y a las personas dependientes, orientados al reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, para aumentar su aceptación voluntaria.

• Por supuesto, la siempre aplazada mejora de la protección social del trabajo a tiempo parcial y sus diferencias de trato con respecto al trabajo a jornada completa, que repercuten negativamente en las carreras de cotización a la Seguridad Social y en el acceso a las pensiones de jubilación.

• Igualmente, será necesario introducir cambios en la regulación laboral del trabajo a tiempo parcial, una normativa numerosas veces modificada, pero siempre sin consenso social.

Será, por tanto, una reforma que dé paso a una regulación que, de manera equilibrada y de una vez por todas, atienda a la vez las necesidades de flexibilidad y adaptabilidad requeridas por las empresas y las necesidades de estabilidad,
seguridad y voluntariedad requeridas por las personas trabajadoras.

Por último, será preciso abordar otra de nuestras asignaturas pendientes en relación con el trabajo a tiempo parcial: la regulación del contrato de trabajo fijodiscontinuo. Su regulación presenta desde hace tiempo elementos de incertidumbre e inseguridad para empresarios y trabajadores que desincentivan su utilización, a pesar de que podría ser en determinados sectores de actividad una buena alternativa de contratación estable frente a las modalidades de contratación temporal.

6.− Junto al estímulo del empleo a tiempo parcial será necesario avanzar en la aplicación de una política de reparto del trabajo que tenga en cuenta entre otras medidas la reducción de la jornada extraordinaria o el establecimiento en la
negociación colectiva de acuerdos que combinen la reducción de la jornada extraordinaria con la contratación de desempleados. Todo ello puede contribuir a impulsar la reducción del desempleo.

7.− Impulsaremos la aceptación del teletrabajo en sectores y puestos de trabajo que lo permitan con facilidad, sin que ello suponga una pérdida o renuncia de los derechos de los y las trabajadoras, ni la feminización del teletrabajo por hacerlo
compatible con las tareas domésticas y el cuidado de la familia.

6.− Es necesario abordar un gran pacto global de rentas, con participación del sector público y del sector privado, en el que intervengan todos los agentes y en el que se contemple una evolución de las rentas, precios y márgenes coherente con la
marcha de la economía.

Empresas y trabajadores deben situar la prioridad en impulsar de forma autónoma las políticas más adecuadas que mantengan y destinen las mejoras de la competitividad y de las rentas hacia la inversión y la creación de empleo. Los poderes públicos deben acompañar ese esfuerzo con la puesta en práctica de políticas públicas complementarias en ámbitos como la fiscalidad, la vivienda o la energía. Este pacto de rentas debería incorporarse al Acuerdo por el Empleo de agentes económicos y sociales, CCAA y fuerzas políticas.

Propuestas para conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo:

1.− Hay que seguir trabajando en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ante el empleo y en las condiciones de trabajo. Y eso exige accionesdecididas y fomentadas por el poder público para garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos dentro de la empresa.

2.− Nos comprometemos a revisar la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres para constatar si los avances de la igualdad en el empleo exigen modificaciones legislativas. Las políticas públicas de acción positiva desde el Estado deben seguir jugando su papel, pero la nueva fase de avances en la igualdad entre mujeres y hombres vendrá de la mano de los nuevos sectores impulsores del nuevo modelo productivo, donde las mujeres van a encontrar más oportunidades. Por tanto, al
impulsar el cambio de modelo productivo también hacemos una contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

3.− Promoveremos el empleo de las personas trabajadoras de más edad. Nuestro mercado laboral propicia desde hace tiempo más desigualdades relacionadas con la edad: la expulsión prematura e injusta del empleo de las personas trabajadoras mayores. Para evitarlo, vamos a adoptar con los interlocutores sociales una estrategia global de empleo de las personas trabajadoras de más edad para el periodo 2012-2014. Destinaremos a la financiación de las políticas activas de empleo de las personas trabajadoras de más edad, entre otros, los recursos derivados de la compensación de los gastos en prestaciones por desempleo por las empresas con beneficios que realicen expedientes de regulación de empleo que incluyan a trabajadores mayores de 50 años.

4.− Promoveremos la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social, mejorando la capacitación profesional, las oportunidades de empleo y la participación en el mercado laboral. Estas políticas seguirán sustentadas en un partenariado capaz de generar sinergias entre las administraciones públicas, el mundo empresarial y las entidades del tercer sector con experiencia en este campo.

5.− Mantendremos y mejoraremos los instrumentos de incentivación de la contratación y mantenimiento del empleo para las personas con discapacidad, tanto en la empresa ordinaria y en la contratación pública, como en el ámbito del empleo protegido, un motor generador de empleos a pesar de la crisis.

Medidas de protección y defensa del empleo:

1.− Aprobaremos una ley de participación institucional. Las organizaciones empresariales y los sindicatos desempeñan un papel absolutamente relevante en la consolidación de nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. Han contribuido siempre al funcionamiento de nuestro sistema político, económico y social desde la recuperación de la democracia en España, en situaciones muy difíciles de crisis económica, como la actual, y en momentos de expansión y crecimiento.
Dicha ley debe partir del papel constitucionalmente reconocido a las organizaciones empresariales y los sindicatos para la defensa y promoción de los intereseseconómicos y sociales que les son propios, y establecer el marco jurídico para la participación de los interlocutores sociales en los órganos consultivos, organismos y entidades públicas de la Administración General del Estado, de manera tripartita y paritaria, respetando los principios de objetividad y transparencia.

2.− Reorganizaremos la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, para adecuarla a su ejercicio en ámbitos de competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Con el compromiso de presencia constante y relevante en la oferta de empleo público que se apruebe a lo largo de toda la Legislatura.

3.− La Inspección será un elemento clave para el éxito de otro empeño para la próxima legislatura: el afloramiento, con rigor y voluntad y atención continuada, del empleo sumergido. Por ello, planteamos un incremento de la vigilancia y lucha contra la vulneración e incumplimiento de los derechos y condiciones laborales porque los socialistas defendemos un Estado garante del obligado cumplimiento de la normativa laboral vigente tanto en el sector privado como público.

4.− Promoveremos la adopción de una segunda Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque mientras existan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no es posible manifestar satisfacción alguna. No obstante, debemos constatar los avances que se han producido en los últimos años en la prevención de los riesgos laborales y en la mejora y la seguridad y salud en el trabajo gracias a la implicación creciente de organizaciones empresariales y sindicatos, y Gobierno y
Comunidades Autónomas, a través de la aplicación, con el consenso de Administraciones Públicas e interlocutores sociales, de la primera Estrategia 2007- 2012. Aprobaremos una ley de asistencia a las personas afectadas por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que abordará medidas de orientación y asistencia jurídica, y de apoyo económico y social complementarias de las actualmente previstas en la legislación.

Medidas para fomentar el empleo entre los jovenes:

1.‐ Flexibilizar el sistema educativo para impedir que los jóvenes lo abandonen sin la cualificación y formación necesaria para su desarrollo personal y profesional.

2.­‐ Promover la vuelta al sistema educativo de los desempleados más jóvenes, sobre todo de aquellos que lo abandonaron sin la titulación básica.

3.‐ Dotar de una cualificación profesional acreditada a todos aquellos jóvenes que carezcan de ella, o que necesiten adaptarla.

4.‐ Facilitar la transición hacia el mercado de trabajo, a través de un primer contrato o del desarrollo de proyectos de autoempleo, de quienes han alcanzado una cualificación, pero carecen de experiencia profesional.

5.- La creación de un Plan de Empleo para Jóvenes incluirá medidas específicas dirigidas a diferentes
grupos dentro de las personas jóvenes desempleadas, en función de su edad y del
nivel de cualificación alcanzado. El plan contemplará medidas dirigidas al menos a los
siguientes cuatro grandes grupos de jóvenes:

5.1.- Jóvenes que no disponen de cualificación profesional

A los menores de 20 años debemos ofrecerles otras oportunidades desde el propio sistema educativo para que completen su formación básica y adquieran algún tipo de cualificación profesional específica, a través de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI).

A los jóvenes desempleados de 20 a 30 años, que ni siquiera han alcanzado la titulación de enseñanza secundaria, o que acreditan la ESO, pero carecen de cualificación profesional alguna, la medida central que desde el Plan de Empleo Juvenil se propone consiste en desarrollar y aplicar el nuevo Contrato para la Formación y el Aprendizaje, inspirado por el modelo de formación en alternancia o dual, que conjuga el trabajo remunerado en una empresa con la formación quepermita adquirir una cualificación profesional reconocida, con protección social plena y derecho a todas las prestaciones de la Seguridad Social;

5.2.‐ Jóvenes que disponen de cualificación profesional

Para los jóvenes entre 20 y 29 años desempleados/as con titulación o próximos a obtenerla, que bien no han tenido un empleo anterior, bien han tenido un empleo de corta duración para el que no son necesarios los estudios que han realizado, vamos a desarrollar un Programa de Primera Experiencia Profesional que, en unos casos, se concretará en la celebración de un contrato de trabajo y, en otros, consistirá en un sistema de becas para desarrollar prácticas profesionales no laborales en empresas.

El Programa de Primera Experiencia Profesional permitirá dotar al contrato en prácticas de una formulación más adecuada y de estímulos que vayan más allá de las bonificaciones tradicionales, a cambio de un compromiso de las empresas con los jóvenes.

5.3.‐ Jóvenes escolarizados con riesgo de abandonar el sistema educativo

Medidas dirigidas a jóvenes escolarizados con claro riesgo de abandonar el sistema educativo sin ninguna cualificación profesional. La prevención del abandono escolar temprano es el mejor instrumento para evitar el desempleo y la precariedad de los jóvenes. Para evitarlo, junto a las propuestas para el éxito educativo de todo el alumnado, recogidas en el apartado correspondiente, desarrollaremos todas las pasarelas entre los diferentes niveles del sistema educativo, e incrementaremos la oferta de programas de cualificación profesional inicial y las plazas en los diferentes niveles de la educación postobligatoria, especialmente en formación profesional de grado medio, donde crearemos 200.000 nuevas plazas.

Propuestas para una nueva política industrial:

1.‐ Innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos.

2.‐ Sostenibilidad: la transición hacia una economía baja en carbono, para hacer frente al reto del cambio climático, debe contemplarse como una oportunidad más que como una restricción para la política industrial.

3.‐ Fomento del espíritu emprendedor, que permite la búsqueda de nuevas oportunidades.

4.‐ Mejora de la competitividad, a través de políticas que afectan directamente a los costes y precios de la industria (política energética, infraestructuras, comunicaciones, política de transporte, etc.).

5.‐ Internacionalización, ya que las empresas industriales de cualquier sector van a trabajar de forma creciente en mercados globales, y por tanto tienen que acometer procesos de modernización y acceso a mercados extranjeros.

6.‐ Especialización, puesto que las oportunidades para la industria española van a localizarse en nichos de productos muy concretos, o en la participación en cadenas de producción en el ámbito europeo o mundial, donde las empresas para tener éxito deben estar altamente especializadas.

Medidas de apoyo a los emprendedores:

1.- Para corregir esta situación debemos, en primer lugar, estimular el emprendimiento, como elemento fundamental de creación de tejido empresarial innovador y competitivo. La figura del emprendedor debe ser central en el proyecto progresista, pues es reflejo de la libertad individual y al mismo tiempo es síntoma del cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en materia económica. Por ello, nos proponemos elevar la tasa de creación de empresas en España del 7% actual hasta llegar al 10% correspondiente a las principales economías europeas; de forma que cada año se creen algo más de 350.000 nuevas empresas, incluyendo a sociedades mercantiles y autónomos.

2.- En segundo lugar, es fundamental impulsar el crecimiento de las empresas existentes. Menos del 20% de nuestras empresas cuentan con más de 250 trabajadores, mientras que en Alemania superan el 40%. Las empresas de mayor tamaño pueden emprender con mayores garantías y efectividad los procesos inversión, especialmente en innovación y formación, que se requieren para competir en los mercados mundiales y generan puestos de trabajos más estables y de mayor calidad. Por ello, nos proponemos que en los próximos años 10.000 empresas que actualmente son de tamaño pequeño pasen a ser medianas.

3.- En tercer lugar, es vital apoyar a nuestras empresas en su internacionalización, ya que constituye el motor de muchos de estos procesos de crecimiento. Nuestra base empresarial exportadora se ha expandido de forma ininterrumpida en los últimos años. Contamos con cerca de 39.000 empresas exportadoras que llevan cuatro años colocando sus productos en el exterior y con algo más de 70.000 que lo hacen de forma ocasional, pero seguimos lejos de niveles europeos. Por ello, nos proponemos aumentar el número de empresas exportadoras regulares hasta alcanzar las 50.000 al final de la legislatura. Para ello presentaremos una Ley de Fomento Empresarial, con los siguientes contenidos:

3.1.- Facilitar y estimular la creación de nuevas empresas.

3.2.- Apoyar el crecimiento de las jóvenes empresas innovadoras.

3.3.- Mejorar la financiación para las PYMEs.

3.4.- Reducir cargas administrativas.

3.5.- Fomentar la consolidación y el crecimiento.

3.6.- Promover la internacionalización.

Medidas para impulsar la Economía Social:

El futuro de la Economía Social en nuestro país es prometedor. Hay potencial de crecimiento y muchos empleos para generar en los próximos años. Y lo vamos a impulsar y acompañar en la próxima legislatura como lo hemos venido haciendo hasta ahora con las siguientes medidas:

1.‐ Actualizar las normas que regulan a las empresas de la economía social con el objeto de que mejoren su gestión y, a su vez, se fortalezcan los principios y valores que las caracterizan. En concreto, se reformará la Ley de Sociedades Laborales.

2.‐ Establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía social que destinen excedentes empresariales para que los trabajadores asalariados de estas empresas pasen a formar parte de las mismas con la condición de socios trabajadores.

3.‐ Igualmente y en el campo del trabajo autónomo se potenciarán las agrupaciones de los autónomos y profesionales.

4.‐ Potenciar la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basado en compromisos efectivos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social, RSE, etc.

5.‐ Articular mecanismos para que la Economía Social participe en todas las Administraciones donde se diseñen políticas públicas.

6.‐ Generar mecanismos de diálogo permanente para participar en la elaboración de los Programas de Reforma, para que la Economía Social pueda contribuir de manera efectiva a realizar propuestas y contribuya a los objetivos a los que se ha comprometido España como Estado miembro de la Unión Europea.

7.‐ Analizar las reformas a realizar en leyes, órdenes y decretos de tal forma que no se discrimine negativamente a las empresas de Economía Social frente a otras formas de empresa sino que se incentive a su desarrollo y difusión.

8.‐ Aprobación por parte del Gobierno del Programa de impulso a las entidades de Economía Social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo para sectores más desfavorecidos, según establece la Ley 5/2011.

9.‐ Incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión social por parte de las Empresas de Inserción mediante el incremento de las bonificaciones de esos contratos, además de otros incentivos fiscales.

10.‐ Establecer medidas de apoyo para la para la promoción de la participación en los programas de desarrollo local, así como el fomento del autoempleo colectivo como fórmula de creación de empleo estable.

11.‐ Establecimiento de una Comisión de Seguimiento a nivel estatal para organizar la participación institucional del sector en relación a las convocatorias específicas de Planes de Economía Social, que hasta ahora no cuentan con ningún canal de comunicación, participación, interlocución.

12.‐ Establecer un marco claro y estable de relación entre el sector público y el privado en la provisión y desarrollo de servicios de atención a la dependencia, en especial en torno al papel que cada parte ha de tener en los planes de desarrollo de infraestructura y servicios. La Ley de Dependencia establece la colaboración y cooperación entre el sector público y privado, y en ese marco se debe facilitar que las Empresas de Economía Social operen en el mismo como proveedores y prestadores de Servicio. Por ello se propone incluir el desarrollo de cláusulas de contratación que permitan que el valor diferencial de la Economía Social sea tenido en cuenta en los procesos de contratación pública.

13.‐ Incentivar la creación de “empresas en prácticas”. Una importante labor que pueden realizar los servicios públicos de empleo es la difusión de información sobre perfiles de personas desempleadas en distintas CC AA, de la que se dispone pero no se explota. La posibilidad de crear grupos piloto, en especial de tipo cooperativa, para la creación de empresas solo requeriría combinar los perfiles laborales adecuados que hay en distintas CC AA y ponerlos en contacto entre sí (algo muy difícil desde la iniciativa individual) y con la perspectiva de la economía social, como forma de creación de tejido empresarial, social-medioambiental y económicamente responsable.

Medidas de fomento de la Responsabilidad Social Empresarial:

1.- La extensión en la práctica de las Memorias Sostenibles de las empresas y la homologación de los sistemas de transparencia. En concreto, las grandes empresas, con más de 1.000 asalariados, tendrán que comunicar anualmente al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, sus informes sobre Responsabilidad Social Empresarial. El Consejo elaborará un informe anual sobre el grado de implantación de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, en las grandes empresas españolas.

2.- Las Administraciones Públicas presentarán una Memoria Anual de Responsabilidad Social, en la que se informe sobre cuáles son los sistemas que se están aplicando en la gestión pública para que ésta sea socialmente responsable y qué resultados se obtienen.

3.- La consideración en la adjudicación de los contratos del sector público, de aquellas que tengan acreditada su condición de empresas socialmente responsables, según los criterios recomendados por el Consejo Estatal de RSE.

4.- El fomento de la Inversión Socialmente Responsable, de tal forma que los fondos de inversión y los de pensiones informen anualmente, sobre si las inversiones que realizan tienen en cuenta criterios socialmente responsables y, si es así, harán público dicho informe y en el caso contrario, informarán de porqué no los tienen en cuenta. Las Administraciones Públicas gestionarán sus inversiones y fondos mediante criterios socialmente responsables.

5.- En la adjudicación de los contratos del sector público entre varias empresas, se valorará a aquellas que tengan acreditada su condición de empresas socialmente responsables según los criterios recomendados por el Consejo Estatal de RSE.

6.- Estableceremos una política de estímulos a la Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo con criterios vinculados a aspectos como el gobierno corporativo, los derechos humanos, el ámbito laboral, los proveedores, la acción social y el impacto ambiental.



Autor: Rafael Hernández Núñez

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