Podemos?


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En este tiempo de falsa recuperación de nuestra economía, grandes mediocridades intelectuales gobernando tanto el Estado como los partidos políticos (todos sin excepción) y de grandes mentirosos que quieren vender el aumento del empleo como si fuera la salida de la crisis, la clase media de este país vive desesperada la agonía de su menguadísima capacidad de compra y la sobrelleva como puede para no lanzarse a las calles y perder para siempre cualquier esperanza de lograr aquel bienestar soñado. Esta clase media aguanta su creciente miseria en silencio, eliminando gastos no imprescindibles mientras pierde calidad de vida a paso lento pero inexorable. Todos los precios suben y la carga impositiva total no baja. Siempre esperando un cambio de sentido, una oportunidad de torcerle el brazo a la crisis que nunca llega porque nuestros gobernantes, así como los políticos que pretenden ocupar el poder en su lugar, no entienden el origen de esta crisis y sólo proponen medidas que nos siguen hundiendo inexorablemente en este barrizal de miserias. La economía como ciencia pública vive años aciagos. Los economistas cuyo nombre y voz se escucha son tan mediocres como los que nos gobiernan o pretenden hacerlo. Paul Krugman como máximo exponente de esta mediocridad.

Antes de comenzar con Podemos y su programa electoral, sólo un breve recorrido por las razones que me llevan a calificar la supuesta recuperación que estamos viviendo como una salida en falso de esta crisis:

  1. El problema económico que dio origen a esta crisis no ha desaparecido: La vivienda sigue siendo calificada como un bien de inversión. Por ello, si sigue fluyendo dinero barato al mercado como consecuencia de la mediocridad de los economistas que rigen el BCE y la presión política de unos gobiernos regidos por políticos aún más mediocres, volveremos a ver otra burbuja inmobiliaria.
  2. El precio de la vivienda, principal culpable de la pérdida de capacidad de compra de los salarios, no ha disminuido como debería por culpa de unos políticos mediocres que han preferido mantener un gran stock de viviendas fuera del mercado con cargo a fondos públicos pagados con los impuestos de todos los ciudadanos (SAREB).
  3. El modelo económico basado en salarios baratos no ha cambiado: La capacidad de compra de los salarios no se recuperará por principio. Un principio ahora errado que siguen todos nuestros gobernantes desde hace décadas.
  4. El tamaño del Estado no ha disminuido acorde a la capacidad de financiación soportable por los salarios menguantes de la clase media española y por tanto:
    • La deuda pública sigue creciendo y, para pagarla,
    • Los tasas y los impuestos no bajan ni bajarán sustancialmente en el corto plazo
  5. Los salarios no sólo no han subido ni están subiendo, sino que han bajado considerablemente y seguirán bajos por la enorme crisis del mercado de trabajo y el aumento de tasas e impuestos.
  6. Los nuevos empleos que se están creando son en su mayoría mal pagados y muy precarios. Sin recuperación de la capacidad de compra las ventas no se incrementarán y estos salarios no se harán estables.
  7. No se han eliminados los factores que hacen de nuestro mercado financiero uno de los más rígidos del mundo con una ausencia total de capital riesgo.



Veamos ahora el primero de los programas electorales que quiero exponer a la luz de la crítica de cara a las elecciones que se celebrarán durante 2015.

Por la importancia que considero que tiene analizar este fenómeno, empezaré con un estudio profundo del programa electoral que Podemos ha llevado a las elecciones europeas del pasado año 2014 y con el que está captando una gran atención en los medios de comunicación y en las masas de votantes de nuestro país. En una próxima entrada analizaré las nuevas propuestas económicas que este partido ha lanzado a su electorado de cara a las elecciones de 2015, pero no quería dejar de revisar primero el programa completo que les ha dado el apoyo con el que cuentan en la actualidad.

Para empezar, quiero centrarme en el punto primero de su programa, titulado “Recuperar la Economía”. Contiene doce sub-puntos que comienzan con un llamativo “1.1 Plan de rescate ciudadano centrado en la creación de empleo decente en los países del sur de Europa”. Como era de esperar, ya desde el principio me llama la atención lo extraño que resulta en economía ver unidas las palabras empleo y decente. Cuando alguien hace algo así, lo que se espera de él es que deje bien claro lo que para él, o ellos, es un empleo “decente”. Veamos si a lo largo de las siguientes líneas estos señores pueden explicar estas y otras cosas.

Entrando en materia, cada punto parece una masa compacta de ideas no siempre afines. No hay puntos y aparte que las separe. Profundizando en cada frase de este magma, intentaré analizar paso a paso estas ideas.

La primera frase, nada más empezar, muestra unos conocimientos de economía bastante extraños. Propone un

“Programa de inversiones y políticas públicas para la reactivación económica, la creación de empleo de calidad y la reconversión del modelo productivo hacia una economía basada en la innovación que contribuya al bien común teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental”.

Así sin mas. A incrementar el Gasto público. Si el redactor de este párrafo se hubiera dedicado un poco más a pensar desde el punto de vista del interés económico de la población de nuestro país, quizá se habría dado cuenta de que el Estado español está al límite, cuando no lo ha sobrepasado ya, de su capacidad de gasto y, también, de inversión si no se nos quiere aumentar aún más los impuestos o llevar a la hacienda pública a la quiebra por falta de capacidad para pagar, siquiera, los intereses de la deuda existente. Por tanto, si Podemos quiere un nuevo programa de inversiones tendrá que decirnos qué impuestos quiere subir o qué partidas del gasto público quiere reducir para poder llevar a cabo este nuevo programa de inversiones públicas.

En segundo lugar, alguien de Podemos debería explicar como pretenden incentivar la innovación con una línea política de inversiones públicas que requiera una reordenación del gasto público o de un planteamiento tributario más exigente para con las economías privadas. A mayor carga impositiva a soportar por la economía privada, por las empresas, estas tendrán menos ingresos, menos recursos, tanto por la vía de un menor gasto en consumo de unos particulares con menos renta disponible, como por la de una mayor tributación, para dedicar a la introducción de innovaciones en sus procesos productivos.

La siguiente frase carece de contenido real y parece estar hecha exclusivamente para la galería con la excepción del añadido final.

“Promoción del protagonismo de la pequeña y mediana empresa en la creación de empleo, resaltando el papel de las entidades de la economía social”.

La realidad actual es que la pequeña y mediana empresa crea en nuestro país el 79,4% del empleo. Por tanto, la PYME ya tiene ese protagonismo y todos son conscientes de ello aunque no sirva de mucho. Llama sin embargo la atención el que mencionen “las entidades de la economía social”, centros ocupacionales que nada, o casi nada, tienen que ver con la PYME dinámica creadora de empleo. Esta entidades de la economía social pueden ser integradoras, erradicadoras de misera, pero nada tienen que ver con la innovación competitiva que tan necesaria resulta para el crecimiento de nuestras PYMES y la creación de empleo de calidad (estable y a tiempo completo). Por eso llama la atención. Podemos busca hacer crecer la intervención pública en nuestra economía a pesar de que ello vaya en contra de cualquier reducción del presupuesto, y por tanto, de la deuda, de nuestras Administraciones Públicas.

Siguiendo con el deseo de un intervencionismo creciente, Podemos propugna una

“Política de contratación pública favorable a la pequeña y mediana empresa que incluya cláusulas sociales en la adjudicación de los contratos”.

Cómo si los responsables de la contratación pública no tuvieran que esforzarse en obtener los mejores precios de las empresas en pugna por conseguir dichos contratos para reducir el presupuesto total a utilizar. ¡Pero si por ello se ha dejado en manos públicas la gestión y el suministro de determinados bienes y servicios! para ahorrar en el gasto que supondría que pequeños grupos de ciudadanos tuvieran que adquirir dichos bienes o servicios negociando por separado. Dejar la puerta abierta a la arbitrariedad en la contratación por tamaño de empresa es añadir un factor más a todos aquellos que han permitido la corrupción más generalizada que se recuerda en este país. Lo que se necesita es más competencia y transparencia para aplicar a los contratos públicos. Y más control de dichos contratos por parte de la ciudadanía. Eso es lo que hace falta y no más arbitrariedad. Lo de las clausulas sociales es otro guiño a un electorado de izquierdas que no entiende que dichas clausulas no son sino otra puerta abierta a la arbitrariedad en la concesión de los contratos. Por no decir de un intervencionismo gratuito que no facilitará, sino que más bien entorpecerá, el que se presenten más empresas a competir por dichos contratos públicos. Y menos empresas a competir implicará, a buen seguro, costes más altos para los servicios públicos. Costes que, aunque mucha gente de izquierdas aún no lo vea, son pagados por los más humildes, gente sujeta a sus salarios, salarios que no pueden escaparse de la presión fiscal de un Estado voraz.

A continuación, la siguiente propuesta nos devuelve a la vieja idea de la izquierda más descerebrada.

“Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar”.

Pero que empeño muestran algunos en pensar que la reducción de jornada a 35 horas por ley, sin reducción paralela del salario, va a permitir repartir el trabajo existente entre más personas. Como si el trabajo fuera una tarta de la que pudiéramos comer todos algo menos para que más personas pudieran comer algo. Como ya demostré en un detallado estudio del año 1999 titulado “La Reducción de Jornada a 35 horas”, una reducción legal de este tipo sólo traería como consecuencia la existencia de trabajos más precarios para la parte más necesitada de la población, creándose además una barrera de entrada al mercado de trabajo que dejaría a una parte importante de la población marginada. Precisamente a los que más se pretende ayudar. A lo mejor eso es lo que quieren en Podemos para poder llegar a la revolución por el hartazgo de los marginados. Pero me parece otra idea populista con poco recorrido económico real. Otra muy mala idea de estos señores. Lo de la reducción de la edad de jubilación, tal y como están las arcas públicas y los avances en la calidad de vida de la población más mayor, me parece otro despropósito. Que a muchos les gustaría trabajar menos años, seguro. Pero que eso sea viable económicamente es, en la actualidad, utópico e irresponsable desde el punto de cualquier sociedad avanzada. A lo mejor Podemos sabe de donde sacar el dinero para financiar las pensiones de estas personas que se jubilen más pronto sin que a la clase media la frían a impuestos. Pero me temo que no es así. Cada vez veo mas populismo y menos ideas económicas que nos ayuden a salir de esta crisis.

“Prohibición de los despidos en empresas con beneficios”.

¡Pero que estupidez más grande!¡Pero que intervencionismo más atroz! Estos de Podemos vienen con las ideas más retrógradas de la izquierda más pasada en su ideario. O sea, que si ellos ganan las elecciones y llevan a la práctica legislativa estas ideas, las empresas que quieran cambiar su estructura tendrán que dar, o fingir, pérdidas para poder deshacerse de una parte de su fuerza de trabajo. O sea que un mal trabajador va a tener su sitio asegurado mientras que la empresa no dé pérdidas. Pues me temo que iban a tener también que legislar para “obligar” a las empresas a contratar a cualquiera al que no van a poder despedir en situación de normalidad. ¡Que ideas! Llevan la tontería intelectual a nuevas cúspides.

Sigo buscando alguna idea que merezca la pena desde el punto de vista económico pero de momento sólo he encontrado equivocación tras equivocación.

“Derogación de las reformas laborales implantadas desde el estallido de la crisis: 2010, 2012 y RD 3/2014”.

La verdad es que estas reformas laborales no han dado el resultado buscado. Más por el enfoque errado sobre el origen de la crisis que por las ideas plasmadas en sus articulados. No se puede poner en situación más precaria a los trabajadores en un momento en que las empresas están cerrando y su situación económica esta empeorando a pasos agigantados debido a la evolución de la crisis y a las medidas erradas que llevaron a un incremento del déficit público con las subidas subsiguientes de todos los impuestos y tasas al alcance de la Hacienda Pública. Yo, que siempre he sido partidario de liberalizar el mercado de trabajo, he de decir que estas reformas laborales, que iban en dicha dirección, se hicieron sin una buena cabeza que las incluyera dentro de un paquete de medidas en el que figuraran asimismo otras medidas para liberalizar el mercado financiero, medidas que permitieran el surgimiento de un capital riesgo de verdad, un capital riesgo que financiara el surgimiento de nuevas ideas de negocio sin un respaldo financiero fuerte previo. Como ya dije en su momento, sin medidas que facilitaran el surgimiento de nuevas empresas que ofrecieran más puestos de trabajo, estas reformas han creado una gran masa de trabajadores en precario con bajos salarios y una aún menor capacidad de compra. Y luego se preguntan porqué no se recupera el mercado interior ahora que parece que los agujeros financieros se están tapando a base de subirnos los impuestos a la sufrida clase media.

Por fin, por tanto, puedo decir que he encontrado un medida que merece la pena en el ideario económico de Podemos. O esto, o se cambia la legislación para facilitar el surgimiento del capital riesgo. Yo prefiero claramente lo segundo, pero visto la idiocia reinante reflejada en la incapacidad de proponer medidas para la liberalización de los mercados financieros, considero más plausible retirar lo que tanto daño está causando antes de que España se convierta en un erial por la ausencia casi total de capacidad de compra.

La siguiente frase empieza bien pero acaba fatal.

“Establecimiento de mecanismos para combatir la precarización del empleo, especialmente en el empleo joven para contrarrestar el exilio juvenil. Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal. Incremento significativo del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional”.

¿Como se pretende combatir la precarización del empleo, especialmente el joven, eliminando las empresas de trabajo temporal o aumentando el salario mínimo profesional? ¿Pero quien es el cerebro que se esconde detrás de tan descabelladas ideas? Si se eliminan las empresas de trabajo temporal y se aumenta el salario mínimo interprofesional se agrandaría de forma considerable el escalón que tendrían que subir los jóvenes para alcanzar su primer empleo y coger experiencia. Por eso surgieron y por eso sobreviven estas ETT. Por eso el salario mínimo interprofesional no es más alto. El problema es otro. Si los trabajos temporales se extienden en el tiempo y los jóvenes sufren las consecuencias, ello se debe a la ausencia de un tejido empresarial que demande sus cualidades. Y esta carencia deriva, de nuevo, de la falta de financiación para proyectos innovadores que no cuenten con un capital suficiente para aguantar hasta alcanzar el punto de rentabilidad. Es decir, el capital riesgo. Si se agranda el escalón para alcanzar el primer empleo, entonces sí que estaríamos creando una barrera importantísima para el empleo juvenil. Pasaríamos de una tasa del 54% a una del 70% o más.

“Derecho a disfrutar de una pensión pública no contributiva, de calidad y que garantice una vida decente tras la jubilación,su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional. Derogación de la última reforma de las pensiones y prohibición de la privatización o recortes del sistema público de pensiones”.

Aquí volvemos a ver otra medida populista con pocos visos de poderse llevar a cabo a pesar de que a nadie le gusta ver a personas mayores sin ninguna fuente de ingreso. El problema aquí es doble. No sólo existe la necesidad de obtener unos recursos que el Estado ahora mismo no tiene para financiar el pago de estas pensiones, sino que también está el riesgo moral de dar una pensión, de forma indiscriminada, a aquellos que durante su vida laboral, bien sea porque no han trabajado o porque han cobrado en negro, no han contribuido nunca al sistema público de pensiones. Esto podría parecer, a los ojos de todos aquellos trabajadores que se han pasado la vida aportando una parte importante de sus ingresos al sistema público de pensiones, que se premia a los que han vivido toda la vida disfrutando de dicho dinero para su uso personal, sin contribuir en modo alguno al esfuerzo colectivo. Mal ejemplo.

La proclama para obtener la derogación de la última reforma de las pensiones tiene que ir acompañada de alguna propuesta para conseguir la viabilidad del sistema público que las proporciona. Un sistema público que, por su construcción piramidal, exige unos crecimientos constantes de la población que no se dan. Los recortes en el sistema de pensiones está claro que no son legales, o morales, o las dos cosas. El compromiso adquirido por la sociedad ha de ser asumido por la misma hasta su finalización. En caso contrario se podría producir una ruptura generacional que con seguridad nos llevaría a una ruptura de la confianza en todo el sistema. La confianza es básica para la convivencia. Sin convivencia no hay sistema.

“Establecimiento de políticas redistributivas para la reducción de la desigualdad social en el marco nacional y comunitario. Convergencia del gasto social sobre el PIB respecto al promedio de la Unión”.

El punto 1.1 acaba con un canto social tradicional de la izquierda no versada en economía. Mas redistribución de la renta. Más intervencionismo público. Más gasto público para la gestión de un dinero no generado por el Estado. Más déficit. Más impuestos que acaban pagando los menos favorecidos. Ya me gustaría que estas proclamas de la izquierda estuvieran más pensadas. Pero es lo que hay. La reducción de la desigualdad se consigue generando un marco institucional más favorecedor de nuevas empresas, de más tejido productivo en libertad, tejido que es el mayor factor igualador de rentas que ha existido nunca en la historia.

El punto 1.1 ha terminado sin esclarecerme que es lo que Podemos piensa que es un salario decente. O quizá sí. Un salario mínimo interprofesional más elevado que se pague por menos horas de trabajo. Es decir, menos capacidad de competir por costos para las pequeñas y medianas empresas. Empresas que serán más pequeñas aún y generarán así menos empleo. Y eso si no cierran en masa. Todos a la calle. A vivir del aire.

El punto “1.2 – Auditoria ciudadana de la deuda” parece en principio interesante. Estudiemos la propuesta.

“Auditoria ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago. Reestructuraciones del resto de la deuda y derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda. Coordinación de las auditorias y de los procesos de reestructuración de deuda con otros países de la UE. Regulación de las relaciones privadas de deuda para impedir cláusulas de abuso”.

Vaya sorpresa. Vaya decepción. Resulta que Podemos quiere auditar no sólo la deuda pública sino también la privada. Vaya injerencia pública en el sector privado. ¿Como se va a declarar ilícita una deuda contraída en libertad y al amparo de la ley? Esto no nos lleva más que a una bananización de nuestro sistema legal y social. Sólo en las repúblicas bananeras como Venezuela, Cuba o Ecuador el Estado promueve semejante injerencia. Si cualquier gobernante pudiera decidir arbitrariamente qué deuda resulta lícita o ilícita, ello crearía tal inseguridad jurídica que nadie en sus cabales volvería a comprar deuda al Estado español o a ningún ciudadano de nuestro país. Es decir, volveríamos a una autarquía ya pretérita o a una asociación con países igual de gobernados. Nadie nos prestaría un euro y las relaciones internacionales se verían gravisimamente perjudicadas. Nuestra actividad comercial con el exterior, sin petróleo ni otros recursos naturales, se reduciría al turismo como en Cuba o en nuestra etapa autárquica. La miseria se extendería por todas las capas de nuestra sociedad. Esta medida, que se propuso en determinados momentos de la crisis griega, se desechó por irracional y altamente perjudicial a medio plazo. Y aquí tenemos a Podemos proponiéndola en su programa.

Cuando leí el título del epígrafe, me imaginé que Podemos pretendía analizar la deuda pública para criticarla y estudiar como reducirla dentro de los parámetros de la legislación europea y, sin embargo, resulta que esta formación lo que pretende es renunciar a su pago unilateralmente. Porque sí. A su antojo. Al antojo del gobernante de turno. Pero si así lo hiciéramos estaríamos fuera de la zona euro y de la UE en menos que canta un gallo. Volveríamos a una peseta zombi víctima de los ataques especulativos en los mercados internacionales, ataques a los que nuestro país no podría responder por el pequeño tamaño de nuestro mercado. Una economía que se reduciría a la mínima expresión con economistas iluminados actuando sobre la política monetaria como sucedía antes de nuestra integración en el área euro (todavía recuerdo el “Stop and Go” del tandem Solchaga & Rojo que dejó nuestra economía sumida en la feroz crisis de 1995). Un país en el que el alto desempleo se haría crónico. Caldo de cultivo para la desesperación y los populismos.

Si se da prioridad a garantizar los derechos sociales sobre los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda se estaría yendo contra uno de los pilares del estado de derecho. La inseguridad jurídica se haría dueña de la situación. Y de la inseguridad jurídica a la ciudadana va un paso. Da igual quien ejerza el terror. Ya sea el Estado o bandas de delincuentes organizadas.

Tiene cierta gracia macabra el pretender coordinar las auditorias y los procesos de reestructuración de la deuda decididos unilateralmente con otros países de la UE. Lo digo porque todos los países que así lo hicieran estarían fuera de la UE a la mañana siguiente.

De todo este párrafo lo único que tiene sentido es la última frase. Regular los contratos privados para impedir abusos es algo que debe y hace todo estado de derecho occidental. Y digo “hace” porque eso es algo que no es nuevo. Da vergüenza ajena que la única cláusula sensata de un párrafo desquiciado, haga referencia a algo que ya se está haciendo en todos los países. ¿Pero que autores intelectuales están detrás de este texto?

El siguiente sub-epígrafe versa: “1.3 – Conversión del BCE en una institución democrática para el desarrollo económico de los países” y, a primera vista, parece más populismo. El título resulta llamativo a pesar de que es algo implícito a vivir en un Estado democrático. Veamos las propuestas incluidas en las frases que lo componen.

“Creación de mecanismos de control democrático y parlamentario sobre el Banco Central Europeo y supeditación del mismo a las autoridades políticas”.

Estos señores de Podemos, no sólo no saben de economía, sino que tampoco se han leído los estatutos fundacionales de las instituciones sobre las que hablan. El BCE es, desde su fundación, un ente independiente en teoría pero absolutamente dependiente de los parlamentos nacionales y el control político en la práctica. El trabajo realizado por este profesor hace algunos años explica claramente el mecanismo por el que esta institución supuestamente independiente, quedó sujeta a las presiones políticas. ¿A que se creen que se debe el que esta institución haya respondido a las necesidades de los políticos incapaces de varios países con desequilibrios presupuestarios del área euro sin obligarles a reducir los gastos públicos en sus diferentes países, como se esperaba de ella, y haya decidido que la manera de huir hacia adelante sea imprimiendo dinero nuevo que financie esos ingentes y crecientes déficit públicos que nos van a llevar a todos a la ruina? ¿Que piensan en Podemos que ha movido esa política que tiene los mercados inundados de liquidez?

La segunda frase,

“Modificación de sus estatutos e incorporación como objetivos prioritarios la creación de empleo decente en el conjunto de la UE, la prevención de ataques especulativos y el apoyo a la financiación pública de los Estados a través de la compra directa de deuda pública en el mercado primario sin limitaciones”.

deja bien claro los estudios de economía que su/s redactor/es tiene/n. Vaya panda de indocumentados. Se saltan a la torera muchos años de la evolución del conocimiento acerca del funcionamiento de los bancos centrales. Si el BCE tiene como objetivo principal el control de la inflación y no la creación de empleo es porque a lo largo de muchos años se ha llegado a la conclusión de que la inflación desbocada es el principal factor desestabilizador, al margen de la corrupción y la idiocia intelectual de los gobernantes, de las economías abiertas. La inflación -también denominada impuesto de los pobres (los asalariados son los únicos que no pueden repercutir una subida de los precios)- generada al insistir en buscar el crecimiento del empleo a base de inyectar más y más dinero nuevo en un sistema económico (más cantidad de la que requiere el crecimiento del PIB), provoca rápidamente desconfianza en los mercados, retracción de la actividad económica, desempleo, reducción del consumo, caída de la recaudación tributaria, peores servicios públicos y todo ello en una espiral que puede acabar hundiendo cualquier sistema económico. Que se lo pregunten a los romanos. Y desde entonces a tantos y tantos pueblos hasta el “corralito” argentino de 2003. Podemos ni estudia ni ha estudiado. Me temo.

Desde hace ya muchos años se sabe que la financiación pública por parte del Banco Central es altamente inflacionaria. Los Estados tienden, por inercia y porque juegan con un dinero que sus gestores no ganan, a gastar más de lo que ingresan. Si este déficit se financia con recurso al dinero nuevo, esto, en casi todas las situaciones económicas, resulta en un proceso inflacionario. En España tenemos bastante experiencia y bastante reciente. Cualquier economista que se precie de serlo recordará sin duda los procesos inflacionarios de los primeros años de la década de 1970. En muy pocos años la inflación pasó de apenas un 4% a más de un 25% anual. Nos costó muchos años de grandes esfuerzos de todos los españoles controlar este proceso inflacionario. La indexación de los salarios de la mayoría de españoles es fruto de aquel proceso. Como para no acordarse. Para estos señores de Podemos parece que no ha existido la historia.

“Apoyo prioritario a la financiación del gasto social de los Estados y de aquellos sectores económicos, sociales y territoriales en situaciones más desfavorecidas mediante mecanismos redistributivos y cuando sea necesario, mediante la creación de bonos sociales europeos”.

O sea, que Podemos quiere un Banco Central que financie gasto social publico y privado a través de la compra de bonos sociales nacionales que paguen todos los europeos. Vamos, nada que ver con el papel que debe tener un Banco Central si queremos evitar crisis de deuda, inflación y confianza en los países afectados. ¿Por qué Podemos no pide una banca pública que se atenga a criterios no comerciales para lograr sus fines? Así todo el mundo podría ver sus ingresos y sus costes y valorar la oportunidad de su creación. Pero claro, queda muy bonito que los gastos de tus proyectos sociales los paguen otros. Veremos si Europa está de acuerdo. Me temo que no. Mucho gasto social con fines redistributivos y poco dedicado a la erradicación de la pobreza mediante cambios legislativos que hagan más fácil la iniciativa empresarial. Que triste.

“Diferenciación de la normativa para la banca comercial y la banca de inversión, regulando las actividades especulativas a esta última”.

La separación entre la banca comercial y la de inversión ya existía en época del régimen anterior y se eliminó para permitir una mayor competencia en la banca comercial. Lo que necesita el mercado es más transparencia, organizada en forma de mejores y mas claros informes de gestión de los activos al alcance del público en general. O al menos de los potenciales clientes de dichos servicios bancarios. No más regulación que complique su funcionamiento y limite aún más la entrada de nuevos competidores en el mercado financiero.

El título del sub-epígrafe “1.4 – Creación de una Agencia Pública Europea de Rating” habla por sí sólo, sin necesidad de recurrir a las frases que lo adornan. La idiocia no tiene fin y menos en los estamentos políticos españoles. Aunque siempre hay quien se lleva la palma. En este caso Podemos comparte la gloria con la izquierda moderada, el PSOE. Desde que comenzó la crisis de la deuda, y para evitar que las manipulaciones de las cuentas públicas les pasaran factura, desde altas instancias de este último partido -entonces en el poder- han filtrado su intención de abogar por la creación de una Agencia Pública de Rating. Ahora Podemos se sube al carro sin pensar ni un momento. Pero, ¿a que retrasado mental se le ocurre pensar que los grandes inversores privados internacionales van a preferir los diagnósticos de una Agencia Pública de Rating central manipulada políticamente a los de las agencias privadas que se juegan su prestigio con cada valoración publicada? Ganas de gastar dinero público para que unos “bon-vivant” se dediquen a despilfarrarlo. Por mucho que los estados se esfuercen en auto-valorar su deuda me temo que nadie más que ellos mismos les va a hacer caso.

El siguiente punto “1.5 – Reorientación del sistema financiero para consolidar una banca al servicio del ciudadano” genera cierto reparo con sólo su lectura. La primera de las frases,

“Aprobación de medidas destinadas a democratizar la dirección de las entidades bancarias y cajas de ahorros”.

avisa de lo que aquí se pretende. Intervencionismo del duro con los bancos y más de lo mismo con las cajas de ahorro. Digo lo segundo porque estas ya se guían por un sistema democrático que hemos visto donde nos ha llevado. Una de las corruptocracias más desarrolladas que se recuerdan. La banca pública siempre se intuyó era fuente de corrupción por poner recursos privados en manos de gestores públicos sin compromiso directo con la gestión de los primeros. La posibilidad de otorgar créditos sin la finalidad clara de obtener un rendimiento económico para los dueños de las instituciones prestamistas abría la puerta a la financiación de los partidos políticos y sus empresarios afines, pero lo observado estos últimos años en la misma cúpula de estas instituciones financieras deja bien claro el nivel de corrupción al que puede llegarse sin estar sujetos a los mecanismos del mercado. Si una institución financiera privada se corrompe y da créditos sin posibilidad de recuperarlos, lo acabarán pagando sus dueños y los depositantes que confiaron en los gestores de dicha institución. Nadie más. Pero si una institución pública sufre la corrupción de la cúpula que la gestiona, los que sufriremos seremos todos. Las perdidas se socializan. El daño a la sociedad es mucho mayor.

La siguientes frases, como era de esperar visto lo visto, siguen en la linea más intervencionista:

“Ampliación de las competencias de organismos públicos de crédito como el ICO de forma que se garantice al crédito a sectores excluidos. Garantía del flujo de crédito a tipos de interés preferentes hacia PYMEs, cooperativas y autónomos, priorizando aquellas empresas que se rijan por criterios democráticos y de responsabilidad social, ética y medioambiental”.

Nada de facilitar la aparición del verdadero capital riesgo. Intervencionismo del duro. Créditos públicos para empresas privadas. ¿Desde cuando un gestor público, que no se juega nada en el envite, va a saber mejor que uno privado que inversión es mejor o peor? Si no hay crédito privado para proyectos privados hay que preguntarse qué está funcionando mal en el sistema y no recurrir al crédito público como sustitutivo. Eso sólo calma los síntomas de la enfermedad económica temporalmente, pudiendo incluso empeorarla irremediablemente. Lo de las empresas que se rijan por criterios democráticos daría risa si no fuera porque lo dicen unos individuos que aspiran a gobernar nuestro país. Las únicas empresas que pueden y se rigen por criterios puramente democráticos son las cooperativas y estas tienen unos órganos de decisión, elegidos en junta general, con unas funciones bien delimitadas. Dicho esto, todas las empresas de nuestro país se rigen por leyes creadas dentro de nuestro sistema democrático y son, por tanto, susceptibles de ser consideradas como empresas que se rigen por criterios democráticos. Tanta palabrería lo único que hace es ocultar la falta de ideas de verdad para sacar a este país de la crisis. Y estos señores de Podemos me están demostrando que son más de lo que mismo que ya tenemos pero con otros ropajes. Incluso con ideas de lunático más peligrosas para el bienestar de nuestros conciudadanos.

A falta de introducir más competencia en el sector, a estos señores no se les ocurre otra cosa que gravar los beneficios bancarios:

“Establecimiento de una tasa sobre los beneficios bancarios para la reinversión productiva”.

Mas impuestos para que unos gestores públicos incompetentes, cuando no corruptos, decidan que inversión productiva es la mejor. En vez de conseguir unos servicios financieros cada vez más baratos vamos a acabar por tener los servicios financieros más caros de Europa.

¿Que se creen que es lo que tenemos ahora con la siguiente propuesta?:

“Regulación pública de los tipos de interés básicos de la economía”

¿Como se creen estos señores que el BCE interviene en los mercados? En fin.

¿Y cual se creen estos señores que es la función de la especulación?:

“Prohibición de los instrumentos financieros propicios a la especulación financiera, como los fondos buitres”.

Saben tan poco del funcionamiento de los mercados que es seguro que el nombre de fondos buitre les causa “repulsa” y que por eso, y nada más que por eso, quieren erradicarlos del mercado. Ya me gustaría a mí que estos señores comprendieran que los fondos especulativos lo que hacen es encontrar las debilidades del mercado real e intentar aprovecharse de ellas. Son verdaderos descubridores a los que los legisladores deberían seguir para detectar y arreglar los fallos de los mercados. Los buitres existen porque hay carroña de la que alimentarse. Si a un buitre le quitas la carroña, emigra o muere. Cumple su función. En una sociedad civilizada, esta función resulta tan saludable como en la naturaleza. Sólo hay que saber entenderla y aprovecharse de ella.

Por fin encuentro una medida interesante aunque se quede corta:

“Reorientación de instituciones como el FROB y la SAREB para convertirlos en instrumentos dedicados a la recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca”.

Como ya saben todos los que me siguen, en este blog he escrito mucho acerca de la SAREB y su nula función desde el punto de vista social debido a su configuración como un aparcamiento de malas inversiones. En ningún caso se planteó dotar a esta institución de una función de canalización de la devolución de lo prestado a la banca hacia las personas mas afectadas por la burbuja inmobiliaria. Como ya comenté en diciembre de 2012,

“Después de repasar detalladamente su estructura y funcionamiento, las ventajas de este Banco Malo para el bolsillo de los ciudadanos no las veo por ningún lado. Lo que de verdad parece la SAREB es una Sociedad creada para salvar de la quiebra a unas cuantas instituciones financieras insolventes y darle un pingüe negocio a unos pocos a costa de los sufridos contribuyentes españoles.

Es decir, el Banco Malo va a permitir que algunas instituciones financieras sobrevivan -es verdad que para ser absorbidas después a precio de ganga por los pescadores de este río revuelto- gracias a los fondos públicos que van a obtener con el descuento de los Bonos -obtenidos a su vez a cambio de sus activos tóxicos- en el Banco Central Europeo. Estos fondos públicos se van a obtener a costa de aumentar aún mas la abultadísima Deuda Pública que lastra nuestra economía obligando a nuestro Gobierno de incapaces a aumentar todavía mas los impuestos -es lo que nos espera a la vuelta de año nuevo- para devolver el principal más los intereses.

Mientras tanto, las viviendas adjudicadas en poder de los bancos y clasificadas como activos tóxicos no van a salir al mercado para ayudar a hacer bajar el precio de un bien básico -la vivienda- aún muy lejos de la capacidad de compra del salario medio de los españoles.

Es decir, con los impuestos pagados por unos españoles cada vez más empobrecidos se va a enajenar a estos mismos españoles de la capacidad de acceder a una vivienda abocándonos así a una vida miserable en beneficio de unos pocos.

Además, con unos españoles cada vez más empobrecidos y sin capacidad para llegar a final de mes, las pocas instituciones financieras que a partir de ahora van a monopolizar el mercado financiero español en perjuicio de nuestros intereses, van a dudar cada vez más a la hora de conceder algún crédito para la adquisición de una vivienda. Y, sin crédito, la demanda de vivienda se va a hundir. Con ella se hundirá también la capacidad de vender pisos de las empresas inmobiliarias y del Banco Malo. Sin ventas, el mercado español se irá colapsando poco a poco -o mucho a mucho-.”

Como puede verse, hace casi dos años argumenté que la SAREB debería cumplir una función mas social para devolver a los ciudadanos todo el dinero que se les había quitado mediante impuestos para salvar de la quiebra a unas cuantas entidades mal gestionadas. Y hasta ahora. Por eso digo que falta desarrollar la propuesta de Podemos. Si no lo hacen puede parecer que lo que quieren es entrar ahí para repartirse los recursos de todos entre sus amiguetes.

Respecto a la siguiente propuesta:

“Modifcación de los criterios de evaluación y adjudicación de los Fondos Europeos de Desarrollo para asegurar un uso ético de los mismos”.

creo que hacen falta más controles pre y post ejecución de dichos fondos. La culpa de los desastres a los que ha dado lugar la mala asignación de estos recursos no la tienen solamente las instituciones nacionales sino también la comunitarias, por falta de criterio a la hora de asignarlos. La ética no sé si tiene mucho sentido en esta frase. Yo hubiera cambiado esa palabra por “económicamente razonable a futuro”. ¿Que sentido tiene crear una facultad de farmacia perfectamente dotada en Ciudad Real con fondos FEDER si ya hay otras facultades tan bien dotadas como esa en otros puntos de la región que dan servicio a la demanda existente? Estos fondos se han tirado a un pozo bien hondo y con ellos muchas esperanzas de futuro en esa querida región manchega. Por lo tanto, no me parece mal la propuesta, aunque habría que mejorarla.

La siguiente propuesta

“Creación de una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público.”

es una propuesta típica de la izquierda que reclama algo que, visto lo que han hecho los sucesivos gobiernos con las Cajas de Ahorro, hasta tendría sentido si no fuera porque yo no creo en las bonanzas de una banca pública no sometida a criterios de competencia ni de pérdidas asignadas a los propietarios del capital. Claro que si seguimos con este estado de cosas en que las ganancias las capitalizan los partidos y los corruptos gestores políticos, así como sus empresarios afines, a través de créditos blandos, tan blandos que a menudo se disuelven como azucarillos, y las perdidas (cuando no tremendos agujeros financieros) se socializan entre todos los ciudadanos a base de subirnos los impuestos, lo que yo prefiero es que no sólo no se cree ningún banco público, sino que esas cajas de ahorro desaparezcan de una vez por todas y se conviertan en entidades privadas que de verdad soporten tanto sus perdidas como sus ganancias. El sector público nunca ha sido un buen gestor financiero. No sólo porque no parte de ningún proceso de selección natural entre los posibles directivos que han de tomar decisiones sobre la asignación de los recursos, sino porque tirar con pólvora del Rey siempre acaba creando una cierta auto-complacencia respecto al posible uso irregular de los fondos de todos los Españoles.

El siguiente sub-epígrafe comienza con una frase exactamente igual al título del mismo:

“Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal. Dotar a estas empresas de estatutos que impongan como finalidad prioritaria el suministro y acceso universal de estos servicios por parte de la ciudadanía.”

La socialización de la producción de servicios y mercancías en sectores estratégicos ya se ha demostrado claramente ineficiente en numerosas oportunidades a lo largo de la historia. Para regular estos sectores ya existen leyes en todos los países democráticos occidentales. No es necesario tomar el control para que una COMPETENCIA bien facilitada por el ejecutivo, acerque los mejores precios posibles para estos bienes y servicios al ciudadano de a pié. El problema es que vivimos en el peor de los mundos: ni con competencia ni sin ella. Tenemos una legislación/regulación que alienta y facilita los monopolios u oligopolios de facto en muchos sectores. Y estos oligopolios nos ofrecen sólo precios extraordinariamente altos para bienes básicos como la luz, la gasolina, el agua, etc. Si me preguntan, yo prefiero mil veces la competencia real a la falta de ella. Pero tiene que ser una competencia real. En caso contrario, volveremos a los desgraciados tiempos pasados.

La siguiente

“Apoyo a las asociaciones y grupos inmersos en procesos de denuncia de los abusos y fraudes cometidos por las entidades bancarias y las grandes empresas de los sectores estratégicos.”

es otra propuesta que suena bien a los oídos de los posibles votantes, pero que no tiene mucho sentido por varias razones, entre ellas porque ver al Estado detrás de estas asociaciones y grupos plantearía siempre la cuestión de por qué unos grupos y asociaciones son apoyados y otros no. Seguro que los que han propuesto esta medida piensan que los sectores oligopolizados tienen tanto poder frente a los ciudadanos de a pié que es necesario un apoyo del Estado a estas asociaciones y grupos que defienden sus intereses para equilibrar la balanza. La cuestión es que lo que sería deseable de verdad sería limitar la existencia de sectores tan oligopolizados rompiendo estos oligopolios y facilitando la entrada de nuevos competidores en todos estos sectores. Si eso no es posible, entonces habría que crear unos instrumentos regulados públicamente que facilitaran las reclamaciones si es que no existen ya. Los formularios y los resultados de estas reclamaciones deberían estar entonces accesibles desde una web de acceso público. Como podemos ver, no es lo mismo apoyar indiscriminada o discriminadamente a las asociaciones que luchan contra las injusticias cometidas por los oligopolios que facilitar la vía para que cualquiera pueda llegar a lo más alto con su queja.

La siguiente propuesta,

“Limitar las privatizaciones de las empresas, reconociendo el derecho patrimonial de la ciudadanía sobre las empresas públicas, y el carácter meramente gestor de los gobiernos sobre las mismas. Se entenderá por tanto que toda privatización debe hacerse mediante referéndum, ya que supone la venta de activos colectivos propiedad de la ciudadanía.”

en lo que se refiere al carácter meramente gestor de los gobiernos y a la venta de activos mediante referéndum, no me parece mal, sólo poco práctica. Y es que, por la misma regla de tres, habría que someter a referéndum la nacionalización o la toma de participación por parte del Estado en cualquier empresa o sector, por muy estratégica que esta sea, ya que esto supone la utilización de recursos de la ciudadanía par a la adquisición de bienes o activos supuestamente rentables.

Esta otra propuesta:

“Auditoria rigurosa del coste real del sector energético eléctrico. Unificación de costes energéticos en toda la UE evitando situaciones de abuso y de competencia desleal. Apoyo a la producción de energía por parte de los particulares.”

la veo más atractiva. Siempre he querido conocer de forma cierta los costes de producción de la electricidad porque no entiendo que todos los años las empresas eléctricas nos hablen del “déficit de tarifa”, pero gasten sin embargo mucho dinero en publicidad y den enormes beneficios. Lo de la unificación de los costes energéticos lo encuentro muy utópico aunque con un mercado común de la producción de electricidad esto podría ser algo más que una utopía. Lo de dejar de penalizar la producción privada de energía me parece algo fundamental en una situación de crisis como la actual y con un país en el que las horas de sol son tan abundantes.

Al siguiente sub-epígrafe, “1.7 – Intercambio fluido y transparente de información fiscal entre todas las Administraciones tributarias europeas”, no le veo sentido. Las frases que componen el párrafo que da contenido a este punto nos aclaran su significado y nos permiten una crítica precisa:

“Derogación del secreto bancario y establecimiento de una norma vinculante para todas las entidades financieras establecidas en Europa que obligue a facilitar a las administraciones públicas toda la información respecto de sus clientes, cualquiera que sea el país en el que operen directamente o a través de filiales. Establecimiento de sanciones por infracciones muy graves para las entidades y jurisdicciones que no colaboren.”

Luxemburgo y Austria, como únicos países integrantes de la UE con secreto bancario, han asumido este marzo pasado el levantamiento de dicho secreto. Por lo demás, este sólo se encuentra vigente, aunque cada vez con más excepciones, en algunos países europeos, pero estos países no forman parte de la UE y, por lo tanto, España no tiene nada que decir a excepción de los acuerdos internacionales firmados por la UE con ellos. A este respecto La UE espera acordar un acuerdo para compartir toda la información bancaria reservada con Suiza, Andorra, Mónaco y San Marino para finales de este año 2014. Así que este punto es un punto para la galería más que para otra cosa.

El punto “1.8 – Obligatoriedad para todas las empresas multinacionales y sus filiales de rendir cuentas de sus actividades en términos globales y desglosadas por países”, me parece un tema delicado. Veamos que dicen las frases con las propuestas que se incluyen dentro de este punto:

“Puesta en marcha de medidas destinadas a acabar con las denominadas prácticas fiscales agresivas y deslocalización de beneficios de las sociedades multinacionales, eliminando las posibilidades de elusión fiscal que la disparidad de legislaciones sobre el impuesto de sociedades les brinda.”

Cuando digo que este punto me parece delicado me refiero a la riqueza que traen consigo las grandes multinacionales a pesar de que los beneficios acaben deslocalizados. Muchas veces, el endurecimiento de la legislación provoca la salida de las multinacionales de los predios en los que estas están instaladas y con ellas se van la gran cantidad de empleos directos e indirectos que generan así como otra buena cantidad de beneficios colaterales. Hay que medir muy bien el cambio legislativo a aplicar para que a la multinacional le interese seguir estando en nuestro territorio si la riqueza generada compensa la riqueza expatriada. Muchas veces la transferencia de know-how es más que suficiente para que un país quiera que una multinacional se instale en su territorio. Hay que tener mucho cuidado con la legislación a aplicar y Podemos no me genera tranquilidad en este aspecto.

Las medidas de lucha contra el fraude fiscal propuestas en la siguiente frase

“Establecimiento de un nuevo modelo con el fin de evitar la doble tributación y prevenir el fraude fiscal, con sanciones penales y la obligación de devolver lo defraudado

podrían ser compartidas por cualquiera que quiera tener un sistema fiscal moderno, si no fuera porque la falta de desarrollo de estas propuestas da pie a pensar acerca de qué otros cambios pretenden introducirse en ese “nuevo modelo”.

La democratización de la organización empresarial es una utopía que nunca ha funcionado ni funcionará por los incentivos negativos que ello crea a la creación de nuevas empresas.

“Incrementar la democracia económica facilitando la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y, por lo tanto, en la gestión de las mismas, con pleno acceso a la información relevante y la contabilidad.”

El que tiene una idea empresarial quiere llevarla a cabo en la forma que él sólo ha decidido. Si quiere opinión no hay duda que la pedirá, pero a su manera. Privar de ese derecho al empresario es negarle su autonomía, su poder de decisión para acertar o equivocarse. La quinta esencia del empresario. Una injerencia de tal tipo sólo acabaría matando las empresas existentes que no surgieron con dicha forma de trabajar y eliminaría cualquier tipo de incentivo a la entrada de empresas extranjeras en nuestro país. Sindicalistas a sus quehaceres y empresarios a los suyos. No cambiemos los roles.

La siguiente propuesta me parece un despropósito

“Unificación de los sistemas de contabilidad europeos en la que no se acepten apuntes virtuales como son las amortizaciones y deterioros, con el objeto de reflejar fielmente el beneficio empresarial.”

Parece como si el ponente no hubiera estudiado nunca contabilidad. Las amortizaciones se han de apuntar en los asientos contables pues suponen una merma en el valor de los activos reales de la compañía. No puedes valorar una compañía si no valoras adecuadamente el capital fijo y circulante con el que cuenta. Si no repones los bienes cuando estos se encuentran obsoletos te encontrarás con una compañía sin capacidad de competir. Además, estos asientos están muy regulados y si alguien no está de acuerdo con proponer un cambio en la regulación bastaría.

El sub-epígrafe 1.9 comienza con una propuesta que replica su título

“Persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal…Tipificación del delito fiscal a partir de 50.000 euros de cuota defraudada y ampliación de los mecanismos y de los recursos destinados a su persecución. Endurecimiento de las sanciones por este delito, penalizando especialmente a aquellas entidades financieras que ofrezcan productos o servicios que faciliten la evasión fiscal. Eliminación de los paraísos fiscales ubicados en territorio de la Unión Europea, y coordinación con el resto de países para conseguir la eliminación del resto de paraísos fiscales, mediante el establecimiento de medidas como la persecución penal y las sanciones a las empresas que coloquen capitales en aquellos (tipo impositivo de inversiones procedentes de paraísos fiscales del 50% en sus transacciones)”

La amplitud del delito fiscal en nuestro país, mal que nos pese, no es sino una fatal consecuencia de un sistema impositivo visto como excesivamente gravoso, cuando no confiscatorio, por la ciudadanía. En mi humilde opinión, una reducción de los tipos impositivos haría mucho más por reducir el delito fiscal que la lucha directa contra el mismo. Mas inspectores implica más gasto y peor consideración de la Hacienda por parte de los ciudadanos. Contar con su voluntaria colaboración resultaría mucho más efectivo para las arcas de nuestra hacienda que lanzar oleadas de inspectores contra ellos.

Respecto a la eliminación de los paraísos fiscales, ya se ha comentado las acciones que ha emprendido la UE al respecto en el comentario al sub-epígrafe 1.7.

Esta propuesta la he sacado de su orden de aparición en el programa porque me parece otro gran despropósito

“Implantación de la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras.”

La Tasa Tobin no es sino un impuesto sobre las transacciones financieras que quieren imponer algunos como un castigo a los especuladores. Pero la realidad es que los que más van a sufrirlo no son estos, sino los ciudadanos y las empresas ya que, si se implanta, cada vez que hagamos una transferencia nos cobrarán una tasa para la Hacienda pública. Por lo tanto, estas transferencias se encarecerían y las empresas, sobre todo, verían elevarse sus costes financieros. Ello implicará menor competitividad. Menor capacidad de compra. Y, ¿para que? ¿Es que vamos a ver algún beneficio por que nuestras empresas sean menos competitivas respecto de aquellas de otros países que no hayan impuesto dicha tasa a sus transacciones financieras? Por ello, o se aplica a toda el área que comercia entre sí o sólo supondrá un perjuicio para la competitividad de las empresas en aquellos países que la impongan.

Veamos ahora que propone Podemos sobre política tributaria en el punto “1.10 – Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo”. Visto lo visto en propuestas anteriores no espero mucho de este nuevo sub-epígrafe. La primera propuesta repite sencillamente el título de este punto. O sea, nada. Lo que parece es que han partido el magma de propuestas total por partirlo en párrafos más pequeños y ya está. No le han dado muchas vueltas.

Veamos la siguiente propuesta:

“Supresión de todas las posibilidades de elusión para grandes fortunas y corporaciones empresariales contempladas en las legislaciones nacionales, haciendo efectivos los principios de generalidad, equidad y progresividad. Impuestos a las grandes fortunas y fiscalidad progresiva sobre la renta… Recuperación del Impuesto de Patrimonio basándolo en el principio de equidad, con un mínimo exento para la vivienda familiar en función de la renta, sin exenciones para segundas viviendas, y de aumento progresivo en función del valor del patrimonio. Supresión de mecanismos de elusión fiscal como las SICAV. Eliminación de los privilegios fiscales del capital financiero… Modificación de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del IVA, que introduzca un nuevo tipo agravado que grave los bienes de lujo entre un 30-35 %. Las cuotas soportadas por la adquisición de estos bienes en ningún caso podrán ser objetos de deducción por los sujetos pasivos. Coordinación de la reforma fiscal a nivel europeo para hacer efectivo estos principios. Solidaridad fiscal intraeuropea y cooperación con los países en desarrollo”

Nada nuevo ni propuesta alguna con la vaya a conseguirse algún objetivo recaudatorio importante. Desde hace ya muchos años se ha estudiado el problema de qué hacer con las grandes fortunas. ¿Es mejor tenerlas controladas y gravadas fiscalmente a costa de que busquen activamente su expatriación a otros países con un mejor tratamiento fiscal?¿O es mejor que se queden y se inviertan en España generando buenos rendimientos como efectos colaterales a costa de una menor recaudación directa sobre ellas? Las grandes fortunas siempre pueden pagar los mejores gestores que les asesoren para pagar impuestos mas bajos por las plusvalías obtenidas. Y esto es algo inevitable en cualquier país. Y si no pueden pagar menos o se consideran maltratadas, siempre pueden moverse de un país a otro con enorme facilidad. Y más ahora que a nivel global se ha impuesto la libertad de movimiento de capitales. Si España quiere subir los tipos y gravar las grandes fortunas, primero tendría que salirse de los acuerdos firmados ya que si no nos quedaríamos sin grandes fortunas en muy poco tiempo. La zona euro y la UE para empezar.

Por otro lado, gravando más los objetos de lujo lo único que se consigue es perjudicar a esta industria que ya de por sí ofrece precios muy altos en todos sus productos. Si queremos que España no vea crecer ninguna industria de objetos de lujo, esta es la medida más indicada. Y no digamos ya si las compras no pueden desgravarse. Directamente podemos decirle adiós.

“Aplicación de un IVA súper reducido para bienes y productos básicos”

Esta media, en cambio, si que puede ayudar a la clase media a recuperar algo de su perdida capacidad de compra y estoy seguro de que lo que se perdería en recaudación tributaria en un primer momento se recuperaría por el aumento del consumo en unos pocos meses.

Según se avanza por los puntos de contenido económico del programa parece que otra persona o grupo es la responsable de las propuestas. No parecen tan disparatadas aunque no esté uno de acuerdo con ellas. El siguiente punto se titula “1.11 – Apuesta sostenida por el cambio del modelo productivo mediante el desarrollo de un sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de mayor valor agregado” y la primera propuesta es

“Respaldo presupuestario y ampliación del desarrollo de los centros públicos de I+D+i, favoreciendo así el retorno de investigadores y científicos españoles en el extranjero… Reducción de la partida presupuestaria destinada al gasto militar para destinarla al sector de la investigación, especialmente la investigación básica. Diseño de los programas de I+D+I orientados a la consecución de un beneficio común que revierta en la ciudadanía, en estrecha colaboración con las universidades públicas.”

Los científicos españoles en el extranjero vuelven si cuentan con grandes recursos que sólo pueden permitirse grandes empresas o presupuestos públicos saneados, cosa que no se da en España. Primero hay que sanear las cuentas públicas, luego pensar si no es mejor incentivar el patrocinio privado de la investigación mediante exenciones de impuestos y luego, en última instancia, plantearse si resultaría un bien o servicio público tener a tal o cual investigador en nuestro país a costa de nuestras arcas públicas. Y, por supuesto, como contraprestación a los recursos puestos a su disposición, sería imprescindible que dichos investigadores engordaran el registro de patentes públicas de forma acorde a los gastos desembolsados.

Respecto a la reducción del gasto militar habría que poner en marcha un estudio de expertos verdaderamente independientes que nos dijera de una vez por todas cual es el tamaño mínimo de un ejército funcional para hacer frente a los riesgos a los que nos enfrentamos. Y no poner sobre la mesa una y otra vez la reducción del gasto militar por que sí para luego, una vez en el poder, dar marcha atrás o incluso aumentar partidas de las que se renegó en un principio. El ejército es uno de los servicios públicos por antonomasia y debería ser analizado de ese punto de vista y no tanto como arma electoral arrojadiza.

“Dotación de recursos para el desarrollo de políticas de movilidad coherentes, capaces de favorecer de manera real el intercambio del conocimiento en todas las áreas.”

Con una Universidad pública como la que mayoritariamente existe en nuestro país, las políticas de movilidad han de ser financiadas con fondos públicos. Ahora bien, para que haya fondos públicos a asignar a esta partida, primero tenemos que tener unas finanzas públicas capaces de asignar algún dinero a la Universidad. Y la situación de nuestras finanzas públicas es desastrosa. Desastrosa ahora y para los próximos diez años. Por tanto, de nuevo me gustaría que alguien de Podemos me explicase de donde piensan obtener esos fondos públicos necesarios.

El último de los sub-epígrafes de este punto 1, “1.12 – Derecho a una renta básica para todos” parece otro canto al sol de Podemos. Veamos las propuestas que contiene:

“Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.”

Lo de la renta básica podría no ser una locura desde el punto de vista del consumo. Con dicha renta básica se ampliaría considerablemente la base de consumidores y la capacidad de compra de muchas familias españolas. Lo que no me queda muy claro es que dicha renta básica pudiera financiarse a partir de una reforma aún más progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal. Las grandes fortunas y las rentas más altas no implican necesariamente salarios muy altos. Normalmente es todo lo contrario. Todos recordamos como a Mario Conde le salía el IRPF negativo en los años de su máximo esplendor. También sabemos cómo esconden su ingresos y sus gastos tras sociedades de inversión u otras que reinvierten sus beneficios para disfrutar de los correspondientes beneficios fiscales. Todo legal. Estos señores siempre pueden pagar los mejores asesores que les colocan sus fortunas a salvo de la voracidad fiscal. A la clase media se le acabarían exigiendo unos impuestos imposibles de afrontar en su situación actual de descalabro económico. Acabaríamos teniendo una clase media mucho más pequeña y una gran masa de ciudadanos en situación de pobreza. Muchos de ellos pasarán de trabajar a necesitar esa renta básica. Renta básica que necesita de unos fondos públicos que acabarían agotándose rapidamente.

Por otro lado, tenemos el riesgo social de asegurar una renta básica a aquellos que decidan no trabajar y vivir como “free riders” (jetas) en una sociedad que lucha por sobrevivir bajo una ya excesiva carga fiscal necesaria para mantener una Hacienda Pública cuya voracidad financiera parece no tener límite. De la misma forma, hay que tener en consideración otro dilema y es aquel que afronta quien es merecedor de dicha renta básica: ¿todos los hombres y mujeres, ganen o no ganen una renta por su trabajo? ¿a partir de que edad? ¿y aquellos que han rechazado un trabajo para el cual están cualificados?

Esta idea, que en principio podría parecer atractiva para erradicar la pobreza y crear una capa de consumidores con una renta mínima, resulta sin embargo totalmente inviable desde el punto de vista financiero. Ningún país que quiera ser medianamente competitivo y generar una clase media amplia puede permitirse el lujo de garantizar una mínima renta a todos y cada uno de los hombres y mujeres que habitan dicho país independientemente de si trabajan o no. No hay Hacienda que pueda soportar tanto peso sin aumentar los impuestos desmesuradamente. ¡Pero si el mismísimo sistema de la Seguridad Social -pensiones contributivas y no contributivas- esta abocado a una gran reforma o a su reconversión total en un sistema privado para ser viable por falta de recursos en nuestra Hacienda!

Una vez terminado el punto 1 donde este profesor esperaba estuvieran concentradas todas las propuestas económicas, paso a revisar todos aquellos otros sub-epígrafes con contenido económico incluidos en el resto de los puntos del programa. El primero de ellos se titula “2.3 – Democratización de la gestión, ejecución y evaluación de la inversión pública a través de presupuestos participativos.” y su primer propuesta es

“Priorizar la adjudicación de la gestión y ejecución de obras y políticas públicas a empresas locales, en particular a las provenientes de la economía social y solidaria, en especial cooperativas y pymes, en base a criterios de eficiencia, transparencia, calidad, democracia interna y responsabilidad ambiental y social. Limitación de la adjudicación de la gestión y ejecución de políticas públicas a
grandes empresas, establecimiento de controles y límites estrictos a la subcontratación.”

Para empezar no entiendo esta propuesta. Uno diría, sin temor a equivocarse, que la mayoría, la gran mayoría de los concursos otorgados para la gestión y la ejecución de obras y otros servicios públicos, son adjudicados a empresas nacionales, cuando no locales de la propia Administración adjudicadora. Sólo se asignan a empresas multinacionales cuando ninguna empresa española en igualdad de condiciones es capaz de ofrecer un precio más competitivo. No veo yo ninguna empresa de recogida de basuras, o de transporte de viajeros en autobús multinacional. Otra cosa es que se adjudiquen, o que haya que adjudicar los concursos con criterios absurdos de democracia interna. ¿Que pretenden? ¿que empresas tan intensivas en capital como las de estos dos sectores sean cooperativas? ¿Y si no sólo habrá contratos con la Administración cuando no haya ninguna empresa cooperativa que puje? ¿Pero en que país quieren que vivamos estos señores de Podemos? ¿No debería velar la Administración por el uso más eficiente de los recursos públicos? ¿Y ese uso eficiente no debería pasar por hacer el mejor uso posible de los recursos públicos como obtener los mejores servicios posibles al menor precio del mercado? Si se introducen parámetros poco eficientes desde el punto de vista económico en el proceso de adjudicación de la concesión de estos servicios, la carga fiscal de nuestra administración puede acabar con todo el sistema económico.

Otro sub-epígrafe con contenido económico es el “2.5 – Limitación estricta de los gastos en campaña electoral, así como de las subvenciones públicas a los partidos”. Sus propuestas son

Acceso en condiciones de igualdad a los medios de comunicación públicos y privados de todas las candidaturas que concurran a elecciones. Auditoria pública y efectiva de la financiación de los partidos políticos.”

Otro canto al sol de estos señores de Podemos. Que un partido con unas ideas muy de izquierdas sugiera restringir las subvenciones públicas a los partidos políticos y los gastos en campaña electoral resulta verdaderamente sorprendente pues va en contra de lo que estamos acostumbrados a ver cuando un partido de esta ideología accede al poder. Parece más la expresión de una ideología liberal que la de estos señores. Respecto al acceso a los medios de comunicación públicos y privados en igualdad de condiciones para todos los partidos que concurran a unas elecciones me temo que es una propuesta no muy bien meditada. Si consideramos sólo la vertiente de los medios públicos podría considerarse una utopía bonita pero imposible de llevar a cabo por la sencilla razón de que no habría horas en el día para dar cabida a todos los partidos que concurran a unas elecciones. Además, los que tuvieran cabida acabarían peleándose por el horario de emisión pues no es lo mismo emitir en un horario que en otro. Lo de dar acceso a los medios de comunicación privados, una de dos, o se pagan las cuñas por el Estado para todos los partidos en igualdad de condiciones, algo carísimo, o se obliga a los medios a aceptar dichas cuñas, cosa impensable en la Europa respetuosa con los derechos de propiedad que hoy tenemos. Curioso este programa de podemos que mete ideas totalmente intervencionistas de izquierdas en medio de propuestas liberales.

Otro sub-epígrafe que no es estrictamente económico pero con repercusiones en este ámbito es el “3.2 – Apoyo activo a las políticas orientadas a garantizar la calidad de los servicios públicos en todos estos ámbitos, promoviendo una vida digna y libre y el pleno desarrollo de las personas en condiciones de autonomía, libertad e igualdad”. Sus propuestas son

Los servicios públicos han de ser protegidos como derechos esenciales de la ciudadanía, y como tales han de ser protegidos de la especulación privada. Los servicios públicos se financiarán mediante un sistema de impuestos progresivos y no finalistas, con criterios de justicia y bienestar social, recogido y protegido constitucionalmente. Se llevará a cabo una auditoria de las privatizaciones y subcontrataciones de servicios públicos por parte de las administraciones, y se derogará todas las leyes, directivas, órdenes y decretos que hayan supuesto la privatización directa o indirecta de los servicios públicos esenciales.”

Como siempre, la izquierda no entra en el debate de qué es y qué no es un bien público. Dejan abierta la puerta a la arbitrariedad y a falta de criterio económico a la hora de decidir a que dedicar el dinero público. Yo, por si acaso, les dejo este regalito: “Bien o servicio público es todo aquél que, deseándolo una mayoría suficiente de la sociedad (sociedad que ha de ser o estar convencida de ello), no puede ser suministrado por el sector privado en libre competencia y tiene por tanto que suministrarlo el Estado siempre y cuando su financiación sea asumible por una razonable presión fiscal.” Si no se sigue este criterio a la hora de decidir que bien o servicio se ha de considerar público, corremos el riesgo de que populismos como los de Podemos acaben por sobrecargar las finanzas de nuestro Estado con todo tipo de caprichos para los ciudadanos hasta hundir nuestras finanzas en un corralito similar al de Argentina. Algo que, por desgracia, no veo ahora tan lejos como yo pensaba hace unos años.

Los siguientes sub-epígrafes son una clara demostración de lo que acabo de escribir. Podemos pide una sanidad, pública, gratuita, universal y equitativa. También quiere una educación pública, gratuita, laica y universal y una Universidad pública, gratuita, laica y de calidad. ¡Por pedir que no quede!. Pueda o no pueda financieramente el Estado y la clase media que lo sustenta, este país ha de tener según estos señores unos servicios públicos de primera línea pagados por los presupuestos generales del Estado y los de las Comunidades Autónomas. No contemplan la posibilidad del cheque educativo o de un futuro viable de la seguridad social (Pensiones y Sanidad). Los problemas que acechan a nuestros ciudadanos y su falta de recursos para llegar a final de mes o emprender nuevas empresas podría parecer que les preocupan pero en realidad no les preocupan en absoluto. Lo principal es conseguir el objetivo de subir al poder. Aunque para conseguirlo tengan que mentir y engañar a los ciudadanos.

Mención aparte merece su sub-epígrafe dedicado a la vivienda digna “3.7 – Garantía del derecho a una vivienda digna”. Sus propuestas son

Moratoria de la deuda hipotecaria sobre primeras viviendas de las familias con dificultades para afrontar el pago de los préstamos, y cancelación inmediata de la misma en los casos en que haya prácticas fraudulentas o con probada mala fe por parte de las entidades financieras. La reestructuración de la deuda incluirá la corrección de su valor en función de la corrección del precio de la vivienda hipotecada (en especial en caso de pérdida de su valor), y las letras no superarán el 30% de los ingresos familiares, garantizando un nivel de vida digno. Establecimiento de mecanismos de condonación de la deuda para paliar la situación de emergencia habitacional.”

Este primer grupo de propuestas es el que seguro que cuenta con más adeptos entre la sufrida población española. Y, sin embargo, no deja de sorprender que Podemos proponga la cancelación inmediata de la deuda hipotecaria en el caso de mala praxis por parte de las entidades financieras y no proponga su renegociación y una multa adecuada al intento de engaño por parte de las entidades financieras. Lo digo porque esa propuesta de Podemos lo único que va a ocasionar si se lleva a la práctica es que las hipotecas se encarezcan considerablemente por el riesgo de las perdidas asociadas para las entidades financieras que puede acarrear otorgar este tipo de préstamos. De todas maneras, me gustaría saber si lo de la “cancelación inmediata de la deuda hipotecaria” implica que el hipotecado se queda con la vivienda o no. Porque si no es así entonces el hipotecado saldría claramente perjudicado en tal supuesto. Otra cosa que no entiendo es que se proponga corregir el valor de la hipoteca en el caso de que el valor de la vivienda en el mercado baje y no en el caso en que dicho valor suba. Es un agravio comparativo que deja en muy mala posición a las entidades financieras y ello repercutirá, a buen seguro, en el precio que estas apliquen a las operaciones crediticias de este tipo. Podemos debería ser consciente de que sus propuestas agravarán el coste de adquisición de una vivienda para millones de ciudadanos y ello alejará de este bien básico a una gran cantidad de sus votantes.

Luego viene la propuesta de:

Paralización inmediata de todos los desahucios de primeras viviendas y de locales de pequeños empresarios.

con la que no puedo estar de acuerdo ya que perjudica desigualmente a los propietarios de la mismas, o a los acreedores de los créditos impagados, que ven como su capacidad de recuperar su dinero se desvanece por un tiempo indefinido. Cierto es que en esta situación de extrema penuria económica sobrevenida para millones de familias resulta imprescindible adoptar algún tipo de medida que impida que miles y miles de familias acaben en la calle con sus hijos, pero mis propuestas van en otra dirección.

Como ya he explicado en otras entradas del blog, hay un dinero público que se ha obtenido a base de incrementar la deuda de todos los españoles y que se ha dedicado a mantener un monstruoso agujero de bienes inmobiliarios dentro de la SAREB. Bienes que, al no salir al mercado, no han colaborado en la reducción del precio de la vivienda ni, por tanto, en la recuperación de la capacidad de compra de las familias españolas. Familias que están conteniendo su gasto al máximo posible para llegar a fin de mes. Gasto en consumo que por tanto no llega a las empresas ni a los bolsillos de la hacienda pública como impuestos pagados. Hacienda pública que, al no reducir significativamente sus gastos, se ve así forzada a pedir más dinero en los mercados internacionales incrementando la deuda a pagar por todos los españoles.

A partir de esta realidad yo he propuesto lo siguiente: ¿Porqué no se sacan a la venta todos las viviendas y las promociones terminadas de la SAREB para hacer bajar el precio de la vivienda a su precio real de mercado?¿Porqué no se utiliza el dinero obtenido en este proceso para paliar la situación de aquellas familias cuya situación económica se ha visto claramente perjudicada por una crisis que ellos mismos no se han buscado? Es mas, tal y como propuse en una entrada de este blog hace unos meses:

“De forma absolutamente extraordinaria, y para no hundir a una gran cantidad de población en la miseria de por vida, dado que los culpables de esta burbuja están en la Administración y en los organismos supervisores del mercado financiero, se obligará a los Bancos y Cajas de Ahorro, cuyos agujeros procedentes de su actividad crediticia con garantía hipotecaria o inmobiliaria hayan sido cubiertos con fondos públicos, a renegociar con aquellos de sus deudores que acudieron desde el año 1998 a solicitarles un crédito con garantía hipotecaria para la compra de su primera vivienda para uso propio una reducción en el valor de sus créditos hipotecarios vigentes, en mora, en impago o en vía de reclamo judicial, proporcional a la reducción en el valor de las viviendas que se vaya a producir como consecuencia del punto 4.”

cuando por punto 4 me refería a:

“Obligar a los Bancos y Cajas de Ahorro, cuyos agujeros procedentes de su actividad crediticia con garantía hipotecaria o inmobiliaria hayan sido cubiertos con fondos públicos, a sacar al mercado todas las viviendas adquiridas por impago de dichos créditos al precio de tendencia pre-burbuja inmobiliaria. Es decir, al precio que estas hubieran tenido de no haber existido la mencionada burbuja. Estas viviendas ya están valoradas en sus inventarios a estos precios en muchos casos, pero no las sacan al mercado esperando mejores tiempos gracias a los fondos aportados por todos los españoles para evitar la caída de estas instituciones.”

Mientras que al PP sólo parece preocuparle el lado financiero de la ecuación, a Podemos para que lo único que le importa es que a las familias en dificultades les quiten sus deudas de encima. Y así, sin tener visión de conjunto del problema, ni uno ni otro van a facilitar la salida de esta crisis tan espantosa. Con Rajoy la situación de las familias no mejora pero Podemos amenaza con destruir el sistema financiero. Y sin sistema financiero no hay sistema de libertades que resista el más mínimo empuje. El sistema financiero sirve para anonimizar y democratizar el acceso al capital. Su inexistencia nos haría volver a un sistema feudal/totalitario donde el poder absoluto todo lo controla y lo acaba poseyendo.

La dación en pago es otra de las propuestas estrella de Podemos que, curiosamente, se encuentran todas juntas en este sub-epigrafe:

“Dación en pago con carácter retroactivo, apoyada en una legislación que reparta equitativamente los riesgos de las operaciones financieras y proteja el derecho de los deudores de buena fe a poder rehacer su vida económica… Despenalización de la ocupación por parte de familias o personas en situación de vulnerabilidad o sin techo de viviendas vacías pertenecientes a bancos y cajas intervenidos o rescatados, o de viviendas vacías durante más de un año de inmobiliarias y promotoras. Limitación de las actuaciones administrativas o judiciales a la devolución del uso al legítimo propietario en caso de que dicho inmueble resulte necesario para el uso o sostenimiento de su unidad familiar. Consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho básico inalienable, que debe ser garantizado por parte de empresas públicas.”

Como ya dije en una de las últimas entradas de este blog dedicada precisamente a analizar las propuestas existentes y demandadas por la plataforma “anti-desahucios”,

“Si existieran distintos tipos de créditos con opciones distintas para cada caso, si los bancos tuvieran buenos departamentos de estudio que hicieran razonables previsiones sobre la evolución de nuestra economía en el largo plazo, hubiera verdadera competencia en el sistema financiero y nuestros gobernantes no fueran tan mediocres, la dación en pago podría ser una fórmula que quedara contemplada en bastantes créditos con garantía hipotecaria. Dado que los tres últimos supuestos parecen imposibles hoy en día, la dación en pago parece más una utopía de gente con buena voluntad que una opción seria que permita solucionar un problema que crece cada día que pasa.”

La legislación retroactiva dinamitaría cualquier estado de derecho, base de nuestra vida en libertad, y la dación en pago no sería otra cosa que una voladura controlada. Para el que quiera un análisis más profundo de las razones que me han llevado a dar semejante opinión, recomiendo la lectura de la entrada de este blog ya mencionada.

A esta medida le añade Podemos la legalización de los “okupas” si estos “okupan” viviendas de las entidades financieras rescatadas con dinero público o de inmobiliarias o promotoras que lleven mas de un año desocupadas. Ya sólo falta que eliminen el derecho de propiedad de nuestra constitución. Estos bárbaros podrían pensar un poco más sus propuestas. Podrían facilitar el acceso a una vivienda de mil maneras antes de cargarse el derecho de propiedad. Una de ellas podría ser la sugerida por este profesor anteriormente de obligar a los bancos rescatados con dinero público a renegociar a la baja las condiciones de los préstamos hipotecarios que ahogan las economías familiares. Pero a estos personajes de Podemos parece que les divierte dinamitar los pilares de nuestro sistema de derechos y libertades. Eso y mas mediocridad intelectual escondida bajo proclamas anticapitalistas. A mi no me hace ninguna gracia. Cuando añaden eso de que el suministro de la luz, el agua y la calefacción debe ser considerado como derecho básico y inalienable, ya sólo les falta decir que todos debemos de poder vivir del papa Estado sin pegar golpe. ¡Viva! El dinero sale de la mesilla de noche en la que aparece cada vez que dormimos como el maná que cae del cielo. Espero que todo lector con dos dedos de frente se de cuenta que esto es el principio del fin de todas las libertades y del bienestar adquirido a lo largo de tantos siglos de esfuerzos por parte de nuestros antepasados. Si, ese bienestar que se supone que vienen a defender los de Podemos.

Esta propuesta sobre el uso a dar a las viviendas vacías

“Adopción de un Plan Europeo de Vivienda basado en la creación de un parque de viviendas públicas y de alquiler social. Incorporación de las viviendas vacías al parque público, gravando con impuestos los inmuebles vacíos no ofrecidos en alquiler social. Acceso preferente al alquiler social para todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social, los jóvenes que abandonan el hogar paterno, madres solteras, mujeres maltratadas y otros colectivos con especial necesidad. La gestión del parque de viviendas tendrá que ser democrática y garantizar la participación ciudadana… Actualización de los padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas y para crear un Registro de Viviendas Desocupadas. Adopción de impuestos directos progresivos sobre las viviendas en propiedad que no sean principales y estén infrautilizadas.”

me parece otro exceso de intervencionismo publico radical de Podemos. En un principio y para las personas con dificultad de acceso a una vivienda, la toma de posesión por parte del sector público de las viviendas vacías suena muy bonito, pero esta medida no hace sino ir contra los principios del derecho de propiedad en cualquier estado de derecho. Y el respeto del derecho de propiedad es uno de los pilares de un país en el que se quiera disfrutar de libertad de empresa, un cierto grado de bienestar y movilidad social. Luego está la subvención que supone el alquiler social, subvención que tendrá que salir de los presupuestos de nuestras Administraciones y, por lo tanto, de nuestros impuestos. Impuestos que habrán de pagar, a través de tasas, un IVA e IRPF más elevados, esos mismos a los que esta medida pretende favorecer. ¿O es que piensan en Podemos que el IVA de los objetos de lujo va a financiar todas estas subvenciones y gasto público extra que proponen en su programa? ¿No sería mucho mejor reducir los impuestos y liberalizar el mercado financiero para permitir el surgimiento de un capital riesgo que facilite la aparición de nuevas empresas que den trabajo e ingresos con que pagarse un alquiler normal a las familias mas desfavorecidas?

Dentro del sub-epígrafe “4.7 – Potenciar la igualdad entre los territorios de la UE” he encontrado una propuesta que, es seguro que sin proponérselo, se acerca bastante a una propuesta razonable para salir de la crisis:

“Impulso de la armonización salarial europea con el criterio de convergencia con los países con niveles de remuneración más altos.”

Digo esto porque esta es una propuesta que debería de ir anexa, o como corolario de otra mas importante:

“Apostar definitivamente por un modelo económico de crecimiento basado en la competitividad del conocimiento generado y desarrollado en nuestras universidades y en nuestras empresas por las generaciones de técnicos más formadas de nuestra historia, desechando de una vez el modelo basado en los salarios baratos que ahora sólo genera destrucción del mercado interior y pobreza”

propuesta que ocupaba el primer lugar entre mis sugerencias para redactar los principios de un partido que sacara a España de la crisis económica en la que estamos. Pero claro, sin abandonar el modelo que actualmente se utiliza desde nuestro Estado, intentar subir nuestros salarios nos llevaría a una pérdida de competitividad en los sectores por los que apuesta precisamente dicho modelo. Los sectores intensivos en mano de obra barata.

En el sub-epígrafe “5.1 – Derogación del tratado de Lisboa” encontramos otra medida de evidente efecto sobre nuestra economía:

“Derogación del Tratado de Lisboa con el fin de que los servicios públicos no estén sometidos al principio de competencia ni puedan ser mercantilizados, del mismo modo que todos aquellos que han construído la Europa neoliberal y antidemocrática; apertura de un proceso que camine hacia una refundación de las instituciones de la UE a través de una asamblea constituyente.”

Desde luego, no veo por ningún lado medidas que puedan relanzar la actividad económica sino todo lo contrario. El Tratado_de_Lisboa sólo incluye entre las modificaciones de la legislación comunitaria los siguientes puntos que podría considerarse que afectan el gasto público en nuestro país. El artículo 99 presenta la siguiente modificación:

“Cuando, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 3, se compruebe que la política económica de un Estado miembro contradice las orientaciones generales mencionadas en el apartado 2 o puede poner en peligro el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria, la Comisión podrá dirigir una advertencia a dicho Estado miembro. El Consejo, por recomendación de la Comisión, podrá dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate.”

mientras que el artículo 104, “PROCEDIMIENTO EN CASO DE DÉFICIT EXCESIVO”, presenta dos modificaciones:

“Si la Comisión considerare que un Estado miembro presenta o puede presentar un déficit excesivo, remitirá un dictamen a dicho Estado miembro e informará de ello al Consejo.”

y

“Cuando el Consejo, de conformidad con el apartado 6, decida declarar la existencia de un déficit excesivo, adoptará sin demora injustificada, sobre la base de una recomendación de la Comisión, las recomendaciones dirigidas al Estado miembro de que se trate para que éste ponga fin a esta situación en un plazo determinado.”

Como vemos, por tanto, el Tratado de Lisboa fue firmado para, entre otras muchas cosas, intentar controlar el gasto de unos Estados comunitarios mastodónticos, sin puntualizar nada acerca de la externalización de la gestión de la prestación de ciertos bienes y servicios públicos. Está claro que mucho efecto sobre el gasto total no ha tenido, pero ello ha sido debido más al aumento de otros gastos corrientes que a la reducción en el coste de la prestación de determinados bienes y servicios públicos gracias precisamente a la externalización en la gestión de algunos de ellos. Dicho esto, es necesario puntualizar que en una situación de déficit descomunal como la actual, ir contra la reducción del tamaño del sector público es ir contra la reducción de impuestos y esto es algo que actualmente resulta imprescindible para una clase media española que no puede aguantar más.

Además, pretender derogar el Tratado de Lisboa unilateralmente supone salirse de la CEE ya que habría que conseguir una mayoría no existente para poder hacerlo. Por otro lado, me temo que estos señores que pretenden derogar este tratado no se lo han debido de leer bien. No creo que exista un tratado más orientado a la creación de un estado de bienestar ‘sostenible’ que este. Pero como siempre, me parece que Podemos tira por elevación hacia objetivos poco menos que imposibles para captar la atención de muchos ciudadanos asqueados con la situación actual de desempleo y falta de presupuesto público para prestar los servicios sociales que ellos creen indispensables. Como si la falta de dinero para el presupuesto público fuera algo que Podemos vaya a arreglar con las medidas aquí analizadas.

El sub-epígrafe “5.3 – Fin del uso de los Memorándums de Entendimiento” apunta en la misma dirección que el recién mencionado. Podemos quiere que la Comisión Europea deje de supervisar nuestra política monetaria y fiscal. Vamos, que lo que quiere es que salgamos del área euro. Porque dentro de ella no se puede conseguir lo que ellos quieren. Con lo que nos ha costado llegar hasta aquí y las ventajas que tiene el Euro para nuestra economía.

Luego está el sub-epígrafe que plantea una “5.2 – Modificación de los Tratados de libre comercio”, con su abandono de los tratados de Libre comercio con las áreas económicas más democráticas y libres del planeta para centrarnos en desarrollar nuestro comercio con países como Venezuela, Cuba, Marruecos o Libia. En este sentido apunta este texto:

“Paralización del proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos”

y este otro

“Ampliación de las relaciones económicas y las fórmulas de cooperación, buscando una mayor integración económica en el medio plazo en materia de financiación, comercio e inversión a todos los efectos, con los Países del Sur de Europa, de América Latina y del Magreb, como punto de partida.”

Un despropósito que imagino que viene de la abundante financiación que al parecer ha obtenido esta naciente formación de fuentes islámicas y revolucionarias. Si algo ha permitido mejorar el nivel de vida de la población de cualquier país es la competencia tanto en la producción como en la distribución de los productos de consumo. Estas medidas van encaminadas a eliminar la competencia de los países que luchan por tener un comercio y una producción más libres para centrarnos en el comercio con aquellos países cuya producción está más controlada por el Estado. Podemos quiere abocarnos a un sistema poco competitivo que, como ya se ha demostrado repetidas veces, al principio puede dar buenos resultados facilitando el acceso de todos los ciudadanos a algo de los bienes de consumo, pero que luego somete a la mayor parte de la población a un estado miserable mientras que una fracción minúscula de dicha población, la cúpula que ocupa el poder, disfruta de todos los productos sin limitaciones.

La solicitud de referendums que se plantea en los puntos “5.4 – Obligatoriedad de ratificación democrática de los cambios constitucionales” y “5.5 – Garantizar la celebración de referendums”, no puede ser más atinada si se definen claramente cuales son las “decisiones de gran calado” o las “decisiones de carácter estratégico” que Podemos considera que hay que someter a dichos referendumns. En caso contrario llegaríamos a la situación de un país donde el ejecutivo ha de consultar a la ciudadanía sobre casi cualquier tema por muy nimio que este sea. Algo completamente inoperativo. Como este no parece de momento el caso, puedo decir que este cambio no me parece mal. Claro que si lo que busca la propuesta:

“retirada de las medidas que hayan sido aprobadas sin contar con participación popular democrática”

es revocar la reforma constitucional para limitar el déficit público, pueden ahorrarse la molestia. Tal y como explico en la entrada sobre dicha reforma constitucional, para mí esta reforma es papel mojado. Deja toda la decisión al respecto en manos del ejecutivo de turno. Exactamente igual que hasta el momento de su aprobación.

El siguiente sub-epígrafe, “5.6 – Creación de mecanismos de control democrático y medidas anticorrupción” se acerca mucho al ideal de propuesta que yo puedo imaginar para luchar contra la corrupción si no fuera porque uno de sus puntos:

“Reforma de los marcos normativos destinados a designar el Fiscal General del Estado, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los miembros del Tribunal de Cuentas y los miembros del Tribunal Constitucional.”

deja sin definir el nuevo marco propuesto para designar a estos cargos tan sensibles del poder judicial. Y esto no puede aceptarse bajo ningún punto de vista. Y menos siendo supuestamente estos señores tan poco amigos de la libertad económica quienes han de tomar dicha decisión si suben al poder. Llevamos ya demasiados años sufriendo la corrupción política de estas instituciones como para dejar en manos de señores tan poco amigos de la independencia de poderes esta decisión.

Después de este detallado análisis creo que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que Podemos no es nada mas que otra muestra más de la mediocridad intelectual que nos rodea. Con varios puntos más de populismo si cabe (aunque veremos como otros partidos imitan este populismo próximamente). Su programa esta lleno de propuestas utópicas para llamar la atención de esa clase media desesperada que busca una solución a su perdida y aún menguante capacidad de compra. Incluso añade alguna aproximación de medida de carácter liberal aunque, eso sí, siempre dejando sin definir puntos esenciales de dichas propuestas. Puntos como la definición del procedimiento para elegir a los jueces y magistrados de las altas instancias judiciales del Estado.

Si Podemos alcanza cuotas de poder suficientes, podemos darnos por bananizados. La república bananera se acerca. Cada medida económica que ellos tengan el poder de influenciar, llevará a la población de este país a pedir una salida aún más radical a su situación de miseria por estas medidas incrementada. Y ellos siempre estarán clamando con ser los salvadores de los miserables. Sin tener ni idea de como hacerlo pero con enormes ansias de poder.

Tristes años aciagos para la ciencia económica.

Autor: Rafael Hernández Núñez

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