La Reducción de Jornada a 35 horas

Como veo que una de las reivindicaciones que han traído sobre la mesa los «Indignados» que tienen ocupada la plaza de la Puerta del Sol es la Reducción de Jornada a 35 horas, aquí voy a dejar dos PDF con los trabajos que realicé sobre este tema para FAES -> LA REDUCCIÓN DE JORNADA A 35 HORAS.PDF y para el  Instituto de Estudios Económicos -> La Reducción de Jornada de Trabajo.PDF. Además, para dejar constancia de la actividad que llevé a cabo en la prensa, en la época de publicación de estos trabajos, a continuación incluyo el texto de un artículo que publiqué en la Tribuna Libre del diario la Razón de 22 de diciembre de 1988 y que sigue estando plenamente vigente:

Dieciséis años después de la aprobación de la última reducción de la jornada máxima legal de trabajo, algunas fuerzas sindicales y políticas de la izquierda vuelven a poner sobre la mesa la oportunidad de una nueva disminución del tiempo semanal de trabajo. Y hoy, a diferencia de ocasiones anteriores, se presenta esta medida como un instrumento de primera línea para combatir el desempleo.

La razón es obvia. Desde 1970 hasta 1996 la población española en edad de trabajar ha aumentado un 30 por ciento. En ese mismo período, en nuestro país no se ha creado ni un sólo puesto de trabajo más. Para ser exactos, en 1996 había en España 40.000 empleados menos que en 1970. En 26 años. Así, aunque en los dos últimos años se han creado 800.000 empleos netos totales, cifra importante cuya mera enunciación ha de cortar, a buen seguro, más de una digestión socialista, resulta lógico que todas las encuestas nos digan que 83 de cada 100 españoles consideran el desempleo como el problema más importante que les afecta y preocupa. Por un lado tenemos un 18 por ciento de paro oficial, paro que hace sólo cuatro años estaba en un alarmante 24 por ciento. Por otro, están todas aquellas personas que, desanimadas por no encontrar un puesto de trabajo, abandonan la búsqueda. También están aquellas otras que, obsesionadas con encontrar ese puesto laboral, alargan al máximo un período de formación que de ninguna manera les garantiza el que luego lo puedan encontrar. Todo ello significa que sólo cuarenta de cada cien españoles en edad de trabajar tienen un puesto de trabajo y pueden llevar un sueldo a casa.

Se comprende así el interés de algunas fuerzas políticas y sindicales por buscar una fórmula mágica que ayude a resolver esté problema tan acuciante. Ahora bien, la historia nos ha demostrado, una y otra vez, que no existen fórmulas mágicas para resolver los problemas sociales. Las situaciones económicas y sociales en cada país y cada momento del tiempo varían. Casi siempre se producen resultados inesperados, cuando no contradictorios, consecuencia de no haber tenido en cuenta algún que otro factor al prever los resultados de aquellas medidas que se pretenden imponer. Y esto es lo que sucede ahora con la propuesta de reducción de la Jornada Laboral con la que se quiere combatir el desempleo. Los agentes sociales que la impulsan desconocen, o parecen desconocer, los verdaderos resultados de una medida como esta.

Para empezar, hay que aprender de los resultados de anteriores reducciones de Jornada en España y en nuestros principales socios comerciales de la OCDE. Del estudio de la economía española, antes y después de que el primer Gobierno socialista de nuestra democracia aprobara en 1982 la vigente Jornada’ máxima legal de 40 horas, se obtienen interesantes conclusiones. Primero, aquella fue una acción esencialmente política, propuesta en el programa electoral del PSOE para captar votos entre aquellos trabajadores cuyas expectativas de rentas crecientes se habían quebrado con los Pactos de la Moncloa; Segundo, con ella no sólo no se generó empleo, sino que no se detuvo la destrucción del mismo que venía produciéndose por la percepción empresarial de unos costes laborales económica y psicológicamente en aumento derivados de la inestabilidad política de la década anterior. Tercero, los aumentos de productividad de la mano de obra posteriores a la reducción de Jornada permitieron a las empresas aumentar su producción sin recurrir a nuevas contrataciones, e incluso reduciendo el empleo total. El coste psicológico del factor trabajo resulta ser el factor fundamental. La globalización era entonces sólo incipiente y nuestros mercados estaban aún muy protegidos de la competencia exterior.

Del análisis de anteriores reducciones de Jornada en los ocho países industrializados de nuestro entorno comercial se puede afirmar, sin miedo a la equivocación, que ninguna de ellas significó creación alguna de empleo. Al contrario, puede comprobarse cómo el número total de empleados en Francia se reduce, en dos años, más de un 1 por ciento tras la reducción de la Jornada Laboral de 1981, y ello después de un período de estancamiento o de ligero crecimiento de las cifras de empleo. En el Reino Unido también se reduce un 6,8 por ciento el empleo total, tras otro período de crecimiento, en los tres años siguientes a la reducción de la Jornada Laboral de 1979-1980.

De la comparación entre países indicar, en primer lugar, que la Jornada Laboral máxima legal no tiene por qué coincidir con la Jornada Laboral efectiva. Así, aunque nuestra Jornada Laboral máxima legal continúa desde 1983 en 40 horas semanales, la Jornada Laboral Media Efectiva en la Industria Manufacturera fue negociada a la baja entre sindicatos y empresarios y permanece, desde 1986, entorno a las 36 horas semanales. 3 horas menos que en Francia e Italia y casi 8 horas menos por semana que en el Reino Unido.

Por otro lado, quiero resaltar que ningún país sufre oscilaciones tan importantes en la cifra de Empleo total como la que se observa en España. El análisis nos muestra una relación clave. Cada vez que en nuestro país se producen pérdidas de productividad del factor trabajo, se destruye empleo neto. Y sólo cuando se ha recuperado toda la productividad perdida, se frena esta destrucción. Si, además de recuperarse toda la productividad perdida, se consigue alguna ganancia de productividad, ésta se traduce inmediatamente en creación de nuevos puestos de trabajo. A mayor ganancia de productividad, mayor creación de empleo. Esta relación, contraria a la que los defensores de la reducción de Jornada quisieran, pero muy aleccionadora en sí misma, se da, con una exactitud sorprendente, durante todo el período estudiado, que va desde 1970 hasta la actualidad.

Entre 1970 y 1996, los únicos países que han generado suficientes puestos de trabajo para mantener ocupada a la mayoría de su población han sido los de fuera de nuestro continente. Un ejemplo: mientras que el número de empleados totales aumenta un 62,6 por ciento en Estados Unidos, tan sólo aumenta un 8,6 por ciento en Francia. Y Francia es el país europeo en el que más aumenta. No ha de extrañar que Estados Unidos no haya perdido productividad de su mano de obra mientras que Francia la ha ido perdiendo durante casi todo el período.

Hasta 1990, la creciente movilidad internacional de capitales permite a las empresas trasladar sus plantas productivas e instalarse en los países del Extremo Oriente buscando los menores costes de una mano de obra que resulta ser mucho más productiva. Las pérdidas de productividad de los países industrializados se dan, por tanto, frente a estos países emergentes. La crisis del Golfo, con la subida en el precio de la energía, nos muestra cómo la globalización ya es una realidad. A partir de 1990, todos los países estudiados, cuando ven como el desempleo hace mella en sus economías, deciden que quieren recuperar la industria perdida y recurren a incrementos de productividad de su mano de obra para atraer de nuevo a las empresas y que éstas vuelvan a instalar las plantas productivas en sus lugares de origen. Cuanto mayor ha sido la pérdida de productividad hasta 1990, mayor es el aumento de la misma que puede observarse tras la crisis. Si antes de 1990 muchos países podían permitirse el lujo de ir perdiendo progresivamente productividad sin que esto se reflejase en su número de empleados, a partir de este año, la situación cambia radicalmente. Ningún país industrializado puede ahora perder productividad de su fuerza de trabajo sin que esto repercuta inmediatamente en su tasa de paro. Puede decirse que este movimiento inverso del capital productivo internacional a sus lugares de procedencia está en el origen de la crisis financiera de los países de Extremo Oriente. No puede haber crisis financiera si no existe crisis en la economía real subyacente. Cualquier otra cosa son reajustes, no crisis.

Queda claro, espero, por qué no puede reducirse la productividad de la mano de obra que ha de dedicarse a competir en los mercados internacionales por la localización de las empresas generadoras de empleo. Además, las empresas ya instaladas en nuestro país han de competir también por relación calidad/precio en unos mercados internacionales de productos en los que, con la libertad de movimientos de capital, los costes laborales marcan la diferencia. El término crucial es competencia.

Entonces, si la competitividad internacional exige dedicar todos los aumentos de productividad del factor trabajo a competir vía precios y no a contratar más mano de obra y generar empleo, si la experiencia pasada, tanto en nuestro país como en los países industrializados de nuestro entorno comercial, no nos muestra sino algunos efectos negativos sobre el empleo de una reducción de la Jornada Laboral, si la duración de nuestra Jornada de trabajo semanal resulta ser la más baja de todos los países industrializados con la excepción de los Estados Unidos, demostrándose así la validez de las negociaciones y acuerdos entre patronal y sindicatos, y si, como se demuestra en mi libro, la situación actual de la calidad de vida de los trabajadores no se va a ver mejorada, sino que se va a producir o agrandar el cisma existente entre las condiciones laborales de los empleados públicos y los privados, siendo finalmente los más perjudicados aquellos trabajadores con contratos más precarios o los desempleados que quieren acceder a un mercado laboral cada vez más competitivo, quizá sería mejor no imponer ni incentivar una medida de este tipo desde los poderes públicos, sino reservarla para cuando se pueda aplicar en todos los países que compiten por la producción mundial y que hayan decidido, conjuntamente, mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.

Autor: Rafael Hernández Núñez